La deuda de los ayuntamientos, una vía de rebeldía ciudadana
Viene recogido en el programa electoral de Podemos e Izquierda Unida de cara a las elecciones europeas. También es el punto número uno del programa electoral de Syriza: realizar una auditoria ciudadana de la deuda para identificar qué partes de la deuda pública son considerados ilegítimoa u odiosas y rechazar su pago. Ahora, esta propuesta que se asienta en la reclamación ya presente en el movimiento 15M con el lema 'No debemos, no pagamos', está encontrando acomodo en los espacios de convergencia política y ciudadana que se han abierto de cara a las elecciones municipales.
Así fue en el segundo plenario de Ganemos Madrid, donde fue una de las propuestas más repetidas por los asistentes, mientras que en Guanyem Barcelona la propuesta está incluida en la declaración de principios del espacio. La deuda pública municipal se ha convertido en un campo de batalla para los movimientos ciudadanos y de izquierda alternativa que si consiguen su objetivo de "ganar los Ayuntamientos" tendrán en la deuda pública una herramienta de lucha que puede hacer tambalear los difíciles equilibrios entre entidades financieras, instituciones públicas, cupos de deuda e intereses.
"Si un Ayuntamiento o unos cuantos municipios pequeños se declaran en rebeldía y deciden no pagar la deuda que consideran ilegítima creemos que no pasará nada grave. Se armará un revuelo pero, finalmente, el Estado se haría cargo de esta deuda y descontaría el importe de los fondos que suministra al ayuntamiento en cuestión. Sin embargo, si se trata de varios ayuntamientos grandes o son 20, 30 o 40 municipios medianos los que se declaran en rebeldía todo será diferente, aunque los efectos no podemos predecirlos", explica a cuartopoder.es a cuartopoder.es Enric Pons, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que asegura que parte del objetivo de su plataforma es "empoderar" a los ciudadanos para que vean que tienen poder de decisión y acción sobre las instituciones locales.
La reflexión que traslada Pons es la conclusión de cuatro reuniones celebradas entre miembros de ICV-EUiA, CUP, PACD, un interventor del Institut Català de la Salut, un miembro del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y dos abogados especializados en Administración celebradas en el presente curso con el propósito de estudiar las vías legales, y alegales, de no pagar los intereses considerados ilegítimos de la deuda.
La PACD entiende la deuda pública como "un arma política" con la que los mercados financieros han conseguido someter a los ciudadanos y reducir al mínimo los servicios públicos y, por ello, señalan que "la respuesta tiene que ser política y ciudadana". "La respuesta no puede ser otra que buscar vías para no pagar esa deuda que los ciudadanos y expertos tras examinar las cuentas públicas decidan que es ilegítima", especifica Pons en el día en el que el Banco de España ha dado a conocer que la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha superado por primera vez el billón de euros alcanzando los 1.007.319 millones, un 98,4% del PIB.
La primera consecuencia de una posible rebeldía en el pago de la deuda de un Ayuntamiento, como por ejemplo el de Barcelona, sería para Xabier Arrizabalo, profesor de economía marxista de la Universidad Complutense de Madrid, "inevitablemente un efecto imitación" en otras ciudades que "también exigirían a sus instituciones dedicar todos los recursos públicos a las infraestructuras de la ciudad y no al pago de la deuda con los bancos". Arrizabalo señala que este tipo de decisiones no hay que encuadrarlas en la categoría de decisiones económicas sino en el grupo de las decisiones políticas... " y legítimas".
"En el planteamiento economicista actual parece que no se puede tocar absolutamente nada y que la deuda es intocable y sacrosanta. Sin embargo, el planteamiento de economía política dice que es factible eso y muchas más cosas, como decretar que a ninguna familia se le corte el acceso a la energía porque no paga la factura. Hay quien puede decir que eso choca con el respeto a la libertad de empresa y de los negocios que consagra la propia Constitución. Entonces se puede decir también que podemos cambiar la Constitución", explica este profesor, que señala que la clave está en no aislar las cuestiones económicas de las políticas. "Todo es política", afirma.
Así, Arrizabalo considera que incluso en el caso de que varios ayuntamientos se contagien del no pago de la deuda y decidan tomar esta decisión en ningún caso se produciría un colapso o caos. "Cuando dicen que se puede incurrir en el colapso del sistema, hay que decir que colapso es lo que tenemos ahora. A mi no me asusta este término porque entiendo que colapso es tener seis millones de parados", señala el economista, que afirma que tras la negativa de los ayuntamientos a pagar, el capital seguiría tratando de hacer negocios con los mismos ayuntamientos que se han negado a pagar.
"Es inimaginable que un capitalista individual vaya a renunciar a hacer negocios o acuerdos con un ayuntamiento si es rentable para ellos. Es una de las grandes contradicciones de la economía capitalista. Existe el capital como la unión de capitalistas, pero dentro del capital están los distintos capitales que compiten ferozmente entre sí", opina.
Experiencias ya en marcha
En la actualidad al menos una decena de ayuntamientos, todos de reducido tamaño, han aprobado diferentes mociones para declarar como deuda ilegítima los intereses provocados por los préstamos otorgados a los ayuntamientos en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012, que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy. Así ha ocurrido en nueve ayuntamientos catalanes, entre ellos el Badalona, y también en el consistorio de Moron (Sevilla), que ha sido el último en declarar como ilegítima una parte de la deuda pública del consistorio aunque, no obstante, ninguno de ellos ha maniobrado para suspender el pago de la misma.
"Creo que además de aprobar las mociones no se ha hecho nada o casi nada desde estos ayuntamientos. Los equipos de gobierno no se la han tomado en serio. Es mi primera experiencia de incidencia municipal a través de mociones y la verdad es que he comprobado que son papel mojado", apunta Enric Pons, que alega que desde la ciudadanía se está apostando por la creación de herramientas como el Observatorio Ciudadano Municipal, un instrumento que permite a los ciudadanos controlar las partidas de gasto de los ayuntamientos con el objetivo de favorecer la transparencia.
La moción presentada en estos Ayuntamientos ha sido prácticamente idéntica, ya que ha sido redactada y proporcionada por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. El texto denuncia que los bancos han cobrado a los ayuntamientos unos intereses del 5,54% mientras las entidades financieras recibían dinero del BCE a menos del 1%, por lo que define los intereses pagados como "ilegítimos". Asimismo, el texto también denuncia que la reforma constitucional pactada por PP y PSOE ha provocado "el sufrimiento de la ciudadanía" y que "sin esta obligatoriedad" se podrían "aumentar notablemente las partidas presupuestarias para ayudar a las personas que más sufren la crisis".
No obstante, el reconocido economista Alejandro Inurrieta considera que el no pago de la deuda municipal no provocaría "ningún cataclismo" ya que es un "montante relativamente pequeño en relación con la deuda del Estado". Así, Inurrieta tiene dudas de que la deuda generada por las líneas ICO de crédito pueda ser considerada ilegítima y aún en el caso de que así se considere, esta es una proporción de deuda "muy pequeño". "No me parece un elemento desestabilizador en estos momentos", sentencia Inurrieta, que considera que el argumento de "deuda legítima o ilegítima" que se plantea en este caso también podría ser aplicable al funcionamiento de las hipotecas. "Creo que el debate se tendría que centrar entonces en la legitimidad de cobrar intereses o no. Sería un debate interesante. En las finanzas islámicas no existe la usura. ¿Queremos eso? Tendremos que debatirlo", dice Inurrieta.
