Los antecedentes penales por las protestas sociales aquí, tendrán efecto en toda la UE

La mayoría parlamentaria del PP, con la aquiescencia de casi todos los grupos, menos la Izquierda Plural de Cayo Lara, ha puesto en marcha una nueva figura penal, "los eurofichados". La nueva “estrategia represiva europea” permitirá detener y encarcelar a una persona en cualquier país de la UE por una multa judicial pendiente en otro Estado. Sólo los once diputados de IU, ICV y CHA --que aceptaron parcialmente con su abstención la puesta en común de las sentencias judiciales, de modo que los jueces de los distintos países puedan conocer con solo apretar un botón si una persona ha sido condenada en otro país--, rechazaron de plano la inclusión de los antecedentes penales y policiales sin ninguna garantía por entender que afecta de lleno a los jóvenes y a los trabajadores "empapelados" y condenados por participar en protestas sociales. La adecuación de esas directivas se votó el jueves, unas horas antes de que el Gobierno cerrase el círculo represivo con la aprobación en Consejo de Ministros de la “ley Fernández” o nuevo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que entre otras materias contempla la creación de un Registro Central de Infractores perfectamente transmisible a otros países comunitarios con la garantía de la Agencia de Protección de Datos.

El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE se verá completado con el intercambio automático de información sobre los antecedentes penales. Sin negar el avance en la prevención de delitos graves, la normativa equipara a los trabajadores y defensores de los derechos humanos, sociales y medioambientales que hubieren sido condenados por participar en protestas, con asesinos, terroristas, traficantes de armas y otros delincuentes. La mayoría del PP en el Congreso se ha negado a deslindar los terrenos, como le pidió Gaspar Llamazares, sobre todo en un momento en que “trescientos trabajadores pueden ser condenados y algunos encarcelados por participar en las huelgas contra las reformas laborales”.

De este modo se puede dar el caso de que un trabajador español, un joven en busca de empleo en los países del centro y el norte de la UE, sea detenido e incomunicado durante 72 horas como si fuese un peligroso delincuente por no haber pagado una multa. Y otro tanto les puede ocurrir a los activistas de Greempeace o de los distintos movimientos pacifistas a partir del registro común de los antecedentes penales.

Ese orden ideológico y lógico de la derecha en la UE de reforzar y coordinar las medidas represivas por las vías administrativas y penales contra las protestas sociales provocadas por la sustracción de derechos básicos –trabajo, vivienda, pensiones, enseñanza, sanidad, cultura-- al amparo de una crisis financiera y económica que los trabajadores no han provocado, está abriendo en la izquierda española una nueva historia de “penados sociales y políticos” que, al decir de Llamazares, viene a perpetuar en la democracia las condenas de la dictadura.

IU considera muy peligroso el intercambio de información sin objetivos definidos y con la apelación genérica a la “seguridad nacional”, y por eso propuso una enmienda garantista, pero fue rechazada por la mayoría del PP. “¿Quiere esto decir que los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad van a tener información que, normalmente, de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestro derecho penal, tienen únicamente los jueces o mediante supervisión judicial?”, se pregunta Llamazares. “Parece que sí”, se responde antes de exigir mayor concreción en los objetivos, las garantías procesales, el derecho de defensa y el respeto a los derechos humanos en la nueva normativa europea. “Los vientos autoritarios, estos vientos represivos no son exclusivos de nuestro país”, añade.

Para comprender la asimetría del llamado pilar de libertad, seguridad y justicia de la UE vale aclarar que la orden de detención y entrega no contempla expresamente la preservación de los derechos humanos y que da un margen de setenta y dos horas hasta que los detenidos son puestos a disposición judicial. En las resoluciones sobre sanciones privativas de libertad, nada se dice sobre las condiciones del sistema penitenciario extranjero o sobre su respeto de los derechos humanos. En la orden de protección ni se menciona el derecho a la asistencia letrada. Y en la ejecución de sanciones pecuniarias se prevé la aplicación de responsabilidad personal sustitutiva del impago de multas, es decir que se puede encarcelar a alguien por insolvencia económica.

Para completar el giro represivo, el Ejecutivo ha dado luz verde a su proyecto de ley de Seguridad Ciudadana -también bautizado como “ley mordaza” y defendido ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros-, en el que ha recogido las correcciones del Consejo de Estado y del CGPJ en algunos aspectos como la imputación de la responsabilidad, con las consiguientes multas, a los convocantes de manifestaciones pacíficas por los actos de violencia que se puedan producir, o como la prohibición de manifestarse ante las Cámaras legislativas. En cambio, crea un registro central de infractores contra la seguridad ciudadana para mantener fichados a los reincidentes, elevar las sanciones y, cuando la situación lo requiera, transmitir información a los servicios policiales de otros países de la UE.