Las rebajas llegan al Supremo

“El pudor, como la decencia, es un sólido que solo se disuelve en alcohol o en dinero”. La frase no es mía, sino que suele atribuirse al dramaturgo madrileño Enrique Jardiel Poncela, y me viene a la cabeza tras la sentencia por la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rebajado notablemente las penas a los integrantes de una trama de corrupción en la que conocidos empresarios catalanes tenían comprados mediante sobornos a los principales jefes de la Inspección Tributaria de Barcelona y que supuso un fraude de 13 millones de euros.

Para el implicado más famoso, el empresario de la construcción Josep Lluis Núñez, que durante años fue presidente del FC Barcelona, la condena ha pasado de seis años de prisión a dos años y dos meses, y para el que era Inspector jefe de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, de trece años de cárcel a seis años y diez meses. Una ganga para quien se aprovechaba de su puesto para enriquecerse a base de estafar al Estado.

El único que realmente pagó por este escándalo en su momento fue el ex ministro socialista Josep Borrell, que iba a ser candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de 2000 y tuvo que renunciar un año antes al asumir las responsabilidades políticas de haber nombrado a Huguet para dirigir el fisco en Cataluña. Borrell había sido secretario de Estado de Hacienda y era amigo personal de dos de los implicados.

Al final, han sido condenados cinco inspectores de Hacienda y siete empresarios por delitos continuados de cohecho, falsedad en documento oficial y prevaricación. A todos ellos les han sido rebajadas sustancialmente las penas a las que fueron condenados por la Audiencia de Barcelona, por entender que fueron afectados por dilaciones indebidas en el proceso, que el tribunal atribuye a la “cuestionable decisión” de acumular siete piezas en un solo procedimiento y a la “disparatada prolongación de las sesiones del juicio”.

Es verdad que los hechos ocurrieron hace 21 años, aunque el escándalo no se destapó hasta seis años después y que la primera sentencia se dictó en julio de 2011, después de un juicio de nueve meses de duración para 16 imputados, pero todo el mundo sabe que la primera regla que deben seguir los abogados de casos de corrupción es dilatar el proceso. Y hay varios procedimientos para hacerlo, como solicitar innumerables diligencias de prueba, inundar el sumario de folios y folios de papel —en este caso hay un millón— o prolongar todo lo posible el juicio. Un caso de delito económico por importante que fuera en su momento y cuya sentencia se dicta 20 años después de ocurridos los hechos, hace tiempo que dejó de ser un problema. Es un dogma que los abogados y los acusados se saben de memoria. Recuerdan los casos Redondela, Sofico, Rumasa, Gescartera, los Albertos, Alfaro y tantos otros. Las penas acabaron rebajadas casi en proporción al tiempo transcurrido porque hacía años que políticamente se habían amortizado y  ya no había presión social.

Incluso cuando los principales acusados se ven obligados a ir a prisión, su estancia se reduce al mínimo, por el perverso razonamiento de que, veinte años después, los condenados suelen ser ya de avanzada edad y si han permanecido en libertad durante la investigación y el juicio ¿cómo los vas a mandar a la cárcel por hechos que ocurrieron hace tantísimo tiempo que casi están olvidados?

Pero en el caso que nos ocupa, por si la rebaja de las penas no fuera suficiente, el tribunal ha dejado sin efecto la responsabilidad civil con la que la Audiencia de Barcelona condenó a las empresas beneficiadas por el fraude y que ascendía a unos 75 millones de euros. Eso sí, el alto tribunal  recuerda a Hacienda que, como se han anulado los actos administrativos, puede abrir un largo y tortuoso proceso civil para para reclamar ese dinero, algo que se antoja muy complicado después de todos estos años.

Cuando la técnica jurídica se aparta tanto del sentido común algo falla. El caso es que algunos magistrados de esa sala, especialmente el ponente de la resolución, Luciano Varela, gusta de descubrir nuevos caminos en la interpretación jurídica que técnicamente pueden parecer perfectos, pero que en definitiva constituyen auténticos disparates en el sentir de los ciudadanos. Como aquella sentencia de la que también era ponente y que rebajó cinco años de condena a un tipo que en 2006 entró a las cuatro de la madrugada en la casa de su mujer y le pegó tal paliza que la dejó tetrapléjica después de pisarle y romperle el cuello. Varela entendió que no había alevosía porque quizá la mujer, que estaba dormida, pudo intentar defenderse. Todo un dislate.  O, como aquella otra que obligó a repetir el juicio por el doble asesinato de dos mujeres policías en Cataluña porque no se había celebrado con jurado. La condena del asesino fue similar, pero se retrasó dos años más. Un genio.

Parece evidente que con sentencias como la de estos inspectores de Hacienda de Barcelona nunca se va a disuadir a los corruptos. Es como utilizar tiritas para parar un derrame cerebral.

Les ha salido barato, un rato de  cárcel y que vayan a reclamarles el dinero.  Las rebajas ya no son el orgullo de El Corte Inglés. Han llegado al Supremo.

Ver sentencia de casación del Tribunal Supremo.