Llamazares pide cuentas sobre los bienes e intereses empresariales de la Familia Real

Si los poderes del Estado lo saben todo de los ciudadanos, los ciudadanos tienen derecho a saber al menos algo del jefe del Estado. Con este planteamiento y al amparo de la Constitución, del reglamento del Congreso y dando por supuesto el efecto de la famosa ley de transparencia, el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha formulado una petición de datos sobre el patrimonio, los intereses empresariales y las dotaciones presupuestarias de todos y cada uno de los miembros de la Familia Real.

Así, en el plazo de treinta días a contar desde el 16 de enero, el Gobierno debe remitir los datos al Parlamento sobre el patrimonio individual de cada uno de los miembros de la Casa Real y su evolución en los años del periodo democrático; la participación e intereses de cada uno de ellos en empresas; las actividades remuneradas de cada uno de ellos al margen de las funciones propias de la Casa Real; los bienes en el extranjero de cada uno de ellos y su evolución en el periodo democrático; las donaciones realizadas entre sus miembros y todos los créditos presupuestarios de la Casa del Rey.

Tamaña petición de datos convierte al diputado de IU en el máximo fiscalizador de la jefatura del Estado y de su honorable familia en un momento en que la infanta Cristina ha de declarar ante el juez instructor del caso Noos por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en connivencia societaria con su marido Iñaki Urdangarín. El aprovechamiento de la jerarquía para obtener ingentes sumas de dinero público alcanza ahora, como es sabido, al ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, Albero Ruiz-Gallardón, quien siendo alcalde de Madrid pagó en 2006 más de 160.000 euros a Urdangarín a cambio de unos servicios de asesoramiento olímpico ridículos: dos folios con treinta nombres de miembros del Comité Olímpico Internacional.

Por abrumadora que parezca la petición de datos de Llamazares se queda corta en la medida en que no incluye expresamente las cantidades de “fondos reservados” que a lo largo del reinado de Juan Carlos I de Borbón ha recibido la Casa del Rey de los distintos departamentos que han dispuesto de esos recursos públicos sin control finalista, es decir, los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Una de las peticiones de los altos cargos del Ministerio del Interior juzgados y condenados algunos --Vera, Sancristobal y Colorado-- en su día por la apropiación de fondos reservados fue la inclusión de los talones que cobraba La Zarzuela. La petición fue rechazada por los jueces, que privaron así a los españoles de unos datos esenciales sobre los desvíos hacia la  jefatura del Estado "por razones de seguridad".

Al comienzo de los años setenta del siglo pasado, un abogado y empresario llamado Teodulfo Lagunero, acudió a visitar en París a don Juan de Borbón y le trasladó, a petición del entonces secretario general del PCE, Santiago Carillo, los puntos esenciales en los que se basaba la política de reconciliación aprobada por el partido una década antes. Entre ellos figuraba un referéndum sobre la forma de Estado y el compromiso de que si, llegado el caso, los españoles optaban por la república, los comunistas se comprometían a respectar todos los bienes de la familia real y a defender su honor y sus títulos nobiliarios, de modo que si querían vivir en España podían hacerlo con todas las garantías, de la misma manera que, por ejemplo, lo hacía la duquesa de Alba a pesar de que su padre, el famoso Jimy, actuó desde el primer momento contra la II República e intervino en Londres a favor de los golpistas.

La historia fue la que fue y, con independencia de los elogios de don Juan hacia el “patriotismo” de los comunistas, el hecho es que los españoles refrendaron la monarquía al votar la Constitución en 1978. Por cierto, que el PSOE recibió durísimas críticas por exigir que se votase entre monarquía y república en la ponencia constitucional. “Se voto, se perdió y no hubo más que hablar”, recuerda Alfonso Guerra. La Carta Magna colocó al Rey por encima de la ley, pero no a su familia ni a él al margen del derecho a la información de los ciudadanos que Llamazares trata hacer efectivo con su petición de datos.