Mandos de la Armada todavía se resisten a la ley de la Memoria Histórica

En 1936 no había ONU, lo que no quiere decir que la comunidad internacional no celebrase en Ginebra sus bailes de máscaras. Los escalofríos que ahora producen los asesinatos documentados de presos por parte de los sicarios de El Asad en el marco de la guerra civil en Siria, fueron imperceptibles en el caso de España, donde los generales perjuros y golpistas ordenaron arrestos y fusilamientos sin cuento. Seis años después de la entrada en vigor de la ley de la Memoria Histórica, algunos sectores militares se resisten a retirar los símbolos de la dictadura y los restos de algunos represores reciben honores de ilustres. La Comisión Constitucional del Congreso abordará el asunto.

Sólo en Ferrol, que por ser la localidad natal del jefe de los sublevados habría merecido una especial consideración piadosa en el contexto de una Galicia pobre y mayoritariamente resignada y huidiza, fueron detenidas y fusiladas más de dos mil personas en pocos días. La represión fue terrible en la comarca. Leo lo que ha escrito la diputada socialista Paloma Rodríguez Vázquez y firmado Eduardo Madina en una proposición no de ley a la Comisión Constitucional: “En tan sólo dos días, los rebeldes sublevados juzgaron a 45 personas en Ares y Mugardos, 37 fueron condenados a muerte por un consejo de guerra en las causas 42/37 y 379/37. Así hasta sumar 2.708 ferrolanos, 2.615 hombres y 94 mujeres”.

La proposición recuerda los objetivos de la ley de Memoria Histórica de 2007: la retirada de los símbolos que ensalzan la sublevación y la dictadura franquista y la dignificación del recuerdo de las víctimas, que fueron tratadas como criminales y condenadas por defender la legalidad democrática del régimen republicano. Y aunque resulte increíble más de seis años después de aprobada aquella ley, pide al Gobierno del pontevedrés Mariano Rajoy, a su ministro de Defensa, Pedro Morenés, y por extensión al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Fernando García Sánchez, que tengan a bien cumplirla y hacerla cumplir al Ejército, y quiten los nombres del dictador y varios de sus almirantes rebeldes de las calles y plazas del Arsenal de Ferrol, así como el escudo franquista de la fachada del edificio de Aduanas, dependiente de Hacienda, situado en el frente marítimo de Ferrol Vello.

Desde 2008, con Carme Chacón de ministra de Defensa, se retiraron más de quinientos vestigios y estatuas –incluida la de la Academia de Zaragoza– de los cuarteles y edificios castrenses. Los informes de los mandos militares ya reflejaban algunas resistencias en las antiguas capitanías y entre los mandos de la Armada en Galicia. Desde 2012, el Gobierno del PP ha congelado la aplicación de la norma y, aprovechando el impacto de la crisis, ha suprimido la magra ayuda presupuestaria a las exhumaciones de fusilados en las cunetas. No por ello ha dejado de aportar recursos públicos al mantenimiento de tumbas y panteones. En Ferrol llama la atención que los restos de los conocidos facciosos locales Francisco y Salvador Moreno Fernández descansen en el Panteón de Marinos Illustres de San Fernando (Cádiz). Por razones de dignidad, la proposición pide que se los lleven de ese lugar.

A propósito de la dignidad, la Comisión Constitucional también tendrá que decidir si a propuesta del portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, merece ser honrado el trabajador y sindicalista de CCOO, Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación por la autonomía de Andalucía. Pide Centella que el Parlamento haga una declaración considerándole “ejemplo de entrega a los ideales de la democracia y la libertad de su tierra”. ¿La aceptará el PP?