El PP silencia a los duros Fernández Díaz y Gallardón hasta después de las europeas

Los ministros del ala dura del Gobierno en materia de derechos y libertades han recibido especial protección parlamentaria del PP. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz  no tienen nada que explicar en el Congreso sobre sus proyectos de ley del aborto y de seguridad ciudadana. Tampoco Gallardón tiene nada que explicar sobre el comportamiento de la abogacía del Estado y la Fiscaliza en el caso Noos para evitar la imputación de la infanta Cristina de Borbón por fraude fiscal y blanqueo de capitales, ni Fernández Díaz sobre la redada contra los abogados de los presos de ETA. Los dos ministros recibieron el férreo blindaje de sus señorías del PP en la Diputación Permanente celebrada el martes, que acordó incluir preguntas e interpelaciones en el pleno extraordinario previsto para el 21 y 22 de enero.

De la contrarreforma del aborto no se habla hasta después de las elecciones europeas. Esa es la decisión del Ejecutivo, trasladada a su grupo parlamentario. La portavoz del PP en la materia, Sandra Moneo, no la ocultó cuando en respuesta a la socialista Elena Valenciano y a otros portavoces de la oposición afirmó que “el proyecto está pendiente de varios informes de las autonomías y de distintos organismos y se verá dentro de unos meses”. Los socialistas intentarán forzar el debate sobre una contrarreforma más restrictiva que la despenalización tasada de 1985. Para ello presentarán una proposición no de ley y pedirán votación secreta.

El blindaje del ministro de Justicia, cuya gestión poco tiene que ver con la prioridad de Rajoy de superar la crisis económica y crear empleo, se extendió al caso Noos que, como recordó el presidente de Izquierda Plural, Cayo Lara, ha estado jalonado de obstáculos desde la Fiscalía y la Abogacía del Estado para imputar a la esposa de Iñaki Urdangarín. La constatación del “tortuoso camino” para imputar a la infanta Cristina nada tiene que ver –destacó Lara-- con el trato a los demás ciudadanos. El dirigente de IU, que también pidió la comparecencia del titular de Hacienda, Cristobal Montoro, por los informes en los que “la Agencia Tributaria puede aparecer como encubridora de delitos”, recibió una negativa curiosa del PP: Montoro puede comparecer, pero Gallardón de ninguna manera.

Según el portavoz del Grupo Popular, Agustín Conde, a la sazón presidente de la Comisión de Defensa, “la imputación de la infanta no nos produce alegría ni pesadumbre, pero el Legislativo no debe inmiscuirse y el Gobierno no ha dictado instrucción privada alguna y no tiene que responder de nada”. Conde recordó que los sumarios judiciales son secretos y que su difusión “por amarillismo” periodístico “es una perversión y no vamos a hacer cómplice al Gobierno de esa perversión”. Luego completó su teoría sobre el derecho a la información de los ciudadanos y al control de la acción del Gobierno por parte del Parlamento diciendo, en referencia a los informes de Hacienda, que “si hay supuestas actuaciones deficientes son de los funcionarios”.

Sobre esta materia, Joan Tardá, de ERC, tuvo que recordar que con independencia de que la infanta sea hija del Rey, el dinero que ella y su marido se embolsaron a través de la sociedad Noos procedía del erario público. “¿Cómo que la infanta va a declarar voluntariamente?”, se preguntó para tildar de inexactas las palabras del abogado defensor, Miquel Roca i Junjent. La infanta declarará el 8 de febrero ante el juez instructor. El socialista Pedro Saura enfatizó los errores de Hacienda en este caso y el daño a la democracia que se deriva del trato desigual. El PSOE respaldó las comparecencias de ambos ministros pero el PP sólo permitió que Montoro de explicaciones.

El PP extendió el blindaje al titular de Interior, Fernández Díaz, de la petición de aclaraciones que le solicitó Eduardo Madina sobre si ha modificado ya su anteproyecto “de represión ciudadana”, a la solicitud de comparecencia que planteó el PNV para que explique el sentido, el interés y las circunstancias de la detención, los días 8 y 9 de enero, de abogados de presos de ETA. Aitor Esteban recordó que los detenidos han sido acusados de controlar al colectivo de presos para impedir que opten por un tratamiento individualizado y que por el mismo motivo ya fueron encarcelados con anterioridad. Llama la atención que las detenciones se produjesen después del comunicado de los presos aceptando la legislación española y antes de la manifestación anual a favor del acercamiento.

El portavoz del PNV también argumentó que “si los indicios delictivos aparecen en septiembre, podían haberlos detenido en los cuatro meses transcurridos desde entonces, pero tomaron la decisión de hacer algo por razones mediáticas y para contentar a cierta derecha”, lo que, según dijo, quedó de relieve al dar la información para que saliera en el telediario antes de que las detenciones se hubieran realizado. El portavoz de Amaiur, Jon Iñarritu, criticó “el inmovilismo y la involución” del PP en el proceso de paz y dijo que el ministro, que llegó recomendando prudencia, “no ha hecho más que meter la pata”. Leopoldo Barreda, del PP, zanjó el asunto diciendo que se aplicó la ley y que el PNV debería felicitar a Fernández.

Aparte de silenciar a los duros Fernández y Gallardón sobre sus proyectos involutivos y con efecto electoral negativo para el partido gubernamental, los diputados del PP rechazaron de plano la creación de una comisión de investigación sobre Cajamadrid, consideraron inoportuno que comparezca la ministra de Fomento para aclarar sus gestiones a favor de la constructora privada Sacyr (donante del PP) tras la licitación a la baja para llevase las obras del Canal de Panamá y, como colofón, su diputada catalana Dolors Monserrat propuso poco menos que elevar a los altares al ministro Miguel Arias Cañete, “porque lo que ha conseguido en la negociación agraria es un milagro”, dijo.