El 15M cierra el año con ocho victorias frente a Cristina Cifuentes

El 15M ha ganado hasta la fecha todas las batallas legales frente a la Delegación del Gobierno de Madrid. De las ocho resoluciones judiciales por desórdenes y desobediencia en las diferentes manifestaciones celebradas desde mayo de 2011, los tribunales han dado la razón en cinco ocasiones a Legal Sol, el brazo jurídico del 15M. En las otras tres ocasiones en las que se ha llegado a la celebración de un juicio, el 15M perdió pero consiguió liberar a los manifestantes de la sanción impuesta por la estimación de Interior de los recursos de alzada.

“La admisión de los recursos de alzada también es una victoria para nosotros porque es consecuencia de un cambio de estrategia de Delegación del Gobierno tras sus derrotas ante nosotros en los tribunales por vulneración de derechos fundamentales”, explica a cuartopoder.es Eric Sanz de Bremond, abogado de Legal Sol, que señala que el cambio de estrategia de Delegación del Gobierno respecto a la admisión de los recursos de alzada responde a una operación de “lavado de cara”. “Prefieren admitir los recursos de alzada que antes ni respondían, antes que una nueva sentencia por vulneración de derechos fundamentales”, resalta el abogado.

La última victoria judicial del 15M frente a Cristina Cifuentes tuvo lugar el 5 de diciembre en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 33 de Madrid. En esta ocasión la Justicia anuló la multa de 300 euros impuesta a un manifestante que acudió a una concentración no comunicada a la Delegación del Gobierno en el vestíbulo de la estación de Metro-Renfe de Sol celebrada el 1 de febrero de 2012. La Delegación del Gobierno acusó al manifestante de “desobedecer los mandatos de la autoridad” y “alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías”. La Justicia, por contra, decidió “estimar” el recurso de Legal Sol, según refleja la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Las otras cuatro sentencias que han sido favorables al 15M han sido a través de un procedimiento judicial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. En estas cuatro ocasiones, la Justicia ha desestimado las acusaciones de Delegación del Gobierno por vulnerar “la presunción de inocencia” de los manifestantes en tres ocasiones y por “vulneración del derecho de reunión” en otra ocasión.

Admisión recursos de alzada

Las otras victorias que se apunta Legal Sol vienen precedidas de tres derrotas en el procedimiento judicial. En estas tres ocasiones, la Justicia no admitió las alegaciones del equipo jurídico del 15M pero fue el propio departamento de Interior quién invalidó el objeto de la causa judicial admitiendo los recursos de alzada que, previamente a la celebración del juicio, había interpuesto el equipo de Legal Sol.

“Nos venía sucediendo que el recurso alzada que interponíamos frente al superior de la Delegación del Gobierno, es decir, el Ministerio de Interior, nunca era contestado. La no respuesta de Interior abría la puerta al procedimiento judicial. Sin embargo, en estos últimos meses, de repente, nos está llegando la respuesta a multitud de recursos de alzada, algunos con más de un año de retraso, diciendo que Interior ha estimado la alzada. Esto hace que sea retirada la multa y deja sin objeto todo el procedimiento judicial”, asegura Sanz de Bremond, que señala que Interior ha admitido el recurso de alzada incluso en uno de los casos en los que la sentencia era favorable al 15M y Delegación había recurrido.

La admisión repentina de un gran número de los recursos de alzada interpuestos desde la irrupción del Movimiento 15M por parte de Interior, cuando la costumbre era de no contestar, evidencia para el equipo de Legal Sol que Delegación del Gobierno de Madrid ha cambiado su estrategia defensiva para efectuar “un lavado de cara”. “Interior prefiere mil veces darnos la razón vía recurso de alzada antes de que un juez dicte una sentencia considerando que han vulnerado derechos fundamentales. Están buscando minimizar el posible daño en la opinión pública que puede generar la condena a la Administración por vulneración de derechos fundamentales”, asegura Eric Sanz de Bremond.

Este cambio de estrategia de Delegación del Gobierno también muestra, en opinión del equipo de Legal Sol, “un acto de mala fe por parte de la administración”. “Lo que no puede hacer Delegación del Gobierno es recurrir las sentencias que ha perdido y a la vez estimar los recursos de alzada. Si utilizan unos argumentos estimando las alegaciones, deberían utilizar los mismos argumentos para no recurrir las sentencias que han perdido”, asegura el letrado, que añade que esta actuación de la Administración provoca “una pérdida de tiempo y dinero a la Justicia”.

No obstante, estos tres casos en los que la Administración ha decidido admitir el recurso de alzada no han sido los únicos. El equipo de Legal Sol está realizando en estos momentos un recuentos de todas las alegaciones que han sido admitidas por Interior y que han puesto fin a los procedimientos judiciales abiertos. “Tenemos más de 70 procedimientos abiertos y en muchos de ellos nos están estimando la alzada para que no haya juicio y no arriesgarse a una posible sentencia en su contra”, explica Sanz de Bremond. “Que de una forma u otra hayamos ganado todo, demuestra que la Administración sanciona de una manera indiscriminada y que lo que busca es coaccionar a la sociedad para que no ejerza sus derechos fundamentales”, sentencia el letrado.