El PSOE denuncia que la ley del aborto solo cubre el 8% de los que se producen y dejará fuera de la legalidad a 100.000 mujeres

Los socialistas no sólo están decididos a eliminar la nueva Ley de Interrupción del Embarazo de Alberto Ruíz Gallardón y reponer la actual si ganan las próximas elecciones. En un argumentarlo remitido a sus cuadros tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, recuerdan que “quedan unos meses de lucha” por su tramitación parlamentaria y que estará en la calle con la ciudadanía y con las mujeres “en la lucha por su libertad”. Al tiempo, denuncian las circunstancias que la ley va a generar cuando se ponga en marcha, como por ejemplo que apenas cubrirá el 8% de los abortos que se producen y dejará fuera del aborto legal a cerca de 100.000 mujeres.

El PSOE recuerda que España tiene, desde el año 2010, una Ley de plazos que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y que es similar a las que existen en otros países europeos, que se está aplicando con toda normalidad desde que entró en vigor y que no existe ni ha existido, en ningún momento, ningún clamor social, ni la reclama la sociedad española. “Sólo tiene que ver con la ideología de este Gobierno y con el deseo de contentar a su electorado más retrógrado y extremista”, creando un problema donde no lo hay”, se indica. Y añaden: “El argumento de que lo aprueban porque iba en su programa electoral es bien pobre, viendo que han incumplido el resto y sobre todo lo más importante, porque ni han sacado a España de la crisis, ni han arreglado la economía ni ha bajado el paro; en un ejercicio de cinismo sin límite, el Ministro Gallardón, nos ha presentado la ley más restrictiva para los derechos de las mujeres que se ha hecho en los 35 años de democracia”.

También reprochan a Gallardón que esté utilizando torticeramente al Tribunal Constitucional y a Naciones Unidas. A su juicio, el ministro está tratando de engañar y confundir a la opinión pública cuando, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, dice que la actual Ley pone en conflicto dos bienes jurídicos cuando nunca el Tribunal dijo nada parecido. Es más, el PSOE cree que los cambios anunciados por Gallardón son de dudosa constitucionalidad. Según sentencia del Tribunal Constitucional en 1985, quedaba claro que no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados son los derechos de las mujeres. Según los socialistas, “lo demás, es decir el nasciturus, es un bien jurídico que debe ser protegidos por el Estado. Y la ley actual de plazos e indicadores lo protege suficientemente”.

La ley del 2010 es constitucional, precisan, mientras el propio Tribunal Constitucional no se pronuncie en su contra, como avala el Consejo de Estado, y la Convención de Naciones Unidas no habla de aborto ni de malformaciones fetales. Lo que hace el proyecto es prohibir absolutamente y penalizar en la práctica la interrupción voluntaria del embarazo. “Creará –añade el argumentarlo- una enorme inseguridad jurídica”. Basta con recordar que con una ley como la de 1985, más avanzada que esta, en la década de los noventa y en el 2007 se persiguió a mujeres y profesionales sanitarios, llegando la guardia civil a ir a las casas de muchas mujeres que habían actuado conforme a la ley.

En resumen, el PSOE se opone a la reforma porque quita a las mujeres, sin razón alguna, la libertad y el derecho que la ley en vigor les tenía reconocidos; porque va a provocar muchos más problemas para la salud y la vida de las mujeres cuando, con la ley actual de 2010, no los hay; porque somete a las mujeres a una espera innecesaria y a un laberinto para conseguir el permiso de dos médicos; porque no está ni entre las demandas ni entre las preocupaciones –ni las grandes ni las pequeñas- de los ciudadanos; porque no está entre las urgentes necesidades que hoy tiene España, que son muchas y muy complicadas; y porque nadie, salvo los obispos y el Gobierno la ven necesaria.

En un anexo que justifica el alejamiento que la nueva ley supone respecto a las legislaciones de plazos europeas, el PSOE recuerda que en el año 1995, Naciones Unidas declaró en la “Plataforma de Acción de Beijing” que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva e instaba a todos los países a elaborar legislaciones que garantizasen los derechos de las mujeres en este sentido. Y acto seguido da cuenta de que en Holanda, la mujer puede abortar por libre decisión hasta la semana 24 y que en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Suecia y Portugal la mujer puede decidir libremente en plazos que oscilan entre las 10 y l6 semanas.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, denunció tras la aprobación del proyecto que esta reforma “desprotege a las embarazadas” porque lo que el Gobierno llama “asesoramiento”, en realidad pretende “disuadir a las mujeres” de que aborten y además culpabilizarlas. “Es un retroceso enorme” en cuestión de derechos y libertades y conduce a las mujeres a interrumpir su embarazo “en la clandestinidad porque diga lo que diga el PP, las españolas lo interrumpirán con la diferencia de que lo harán poniendo en riesgo su salud y su vida”. Según la dirigente socialista, Gallardón, al eliminar la posibilidad de interrupción del embarazo ante malformaciones “culpabiliza a esas mujeres” que además suelen ser casos “de embarazos deseados”. Para ella está claro que la nueva ley responde a “una posición que sólo ha sido pactada con los grupos más ultraconservadores pero que en ningún momento ha contado con la opinión y experiencia de las organizaciones sociales y de mujeres”.