Sólo el PP defiende la cadena perpetua y más penas contra las protestas sociales

El PP se ha quedado solo en la reforma del Código Penal para implantar la cadena perpetua y criminalizar las protestas sociales. El texto que presentó el jueves en el pleno del Congreso el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue rechazado por todos los grupos parlamentarios, menos el PP, que aplicó su mayoría absoluta para tramitarlo: 179 votos a favor, 138 en contra y una abstención. El principal motivo de rechazo es que estamos ante una reforma innecesaria, populista y con ramalazos inconstitucionales.

“Abajo el Estado social, ¡viva el Estado penal!”,  resumió Gaspar Llamazares en nombre de la Izquierda Plural, el espíritu de una reforma que según Emilio Olabarría, del PNV, “es tramposa” y “nace viciada de origen”, pues no ha pasado los dictámenes del Consejo del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal. Gallardón, que se cree más listo que nadie, remitió a ambos órganos un texto diferente al que ha llevado al Parlamento y con el que, según señaló el socialista Julio Villarrubia, quiere amedrentar a la gente y combatir las protestas sociales.

Coincidieron todos los portavoces, menos el PP, en que la implantación de la cadena perpetua con el nombre de “prisión permanente revisable” es inconstitucional y además innecesaria en un país cuyo sistema de penas ya contempla hasta 40 años de reclusión para los autores de los delitos más graves. Llamazares, de IU, y Monserrat Surroca, de CiU, calificaron de inhumana y sin parangón en los países llamados civilizados que tienen la reclusión permanente, la nueva pena que la derecha nacional quiere implantar. “La revisión a los 25 años de cárcel, previo informe positivo, es una barbaridad –dijo Llamazares--, pues todos las investigaciones afirman que el resultado de ese tiempo en prisión es la degradación absoluta”. Surroca acusó al ministro de falsear el derecho comparado, ya que no hay ningún país que contemple tan largo periodo para revisar la pena.

Villarrubia y Olabarría denunciaron el “populismo penal” de la derecha del Reino de España y mientras el socialista palentino acusó al Gobierno de apelar a la represión penal, la última ratio, mientras recorta los recursos a la educación y los medios para perseguir los delitos de corrupción, el vasco tildó directamente de “espantajo paranoide” una reforma que, según afirmó, “desborda el sistema de derechos fundamentales”. Todos los portavoces, menos el PP, rechazaron la elevación de las penas para los “delitos de orden público” y denunciaron asimismo los propósitos represores de la nueva ley de seguridad ciudadana.

Los esquemas represivos de ambas reformas –penas y multas-- llevaron al diputado valenciano de Comprimís, Joan Baldovi, a invocar a Thomas Jefferson para decir que “cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad, cuando la gente teme al Gobierno hay tiranía, y esta reforma busca que les temamos, quieren encarcelar a la gente que protesta mientras indultan a sus corruptos”. Y en lo atinente al temor, Llamazares dijo: “Ustedes no nos dan miedo, nos dan asco por la utilización que han hecho de las víctimas del terrorismo”.

Además del rechazo a la cadena perpetua, todos los portavoces, menos el PP, coincidieron en que la reforma no responde a una necesidad derivada del incremento de la criminalidad, habida cuenta de que tenemos la tasa de delitos más baja de la UE, aunque uno de los índices más altos de gente en la cárcel. El socialista Villarrubia deploró que la reforma suprima incluso avances como los alcanzados en la lucha contra la violencia machista y elimine con gran carga simbólica, la rúbrica de los delitos relacionados con la violencia de género, "una lucha en la que mi grupo no admite retrocesos”, afirmó.

Villarrubia y otros portavoces llamaron la atención sobre el aumento de las penas relacionadas con las protestas sociales al tiempo que “eliminan -¡ojo!- el artículo 559 del vigente Código Penal, que protege el ejercicio de derechos cívicos de huelga, reunión, expresión y manifestación frente a las perturbaciones del orden público encaminadas a impedir su ejercicio”. El anuncio de leyes como la de servicios mínimos para limitar el derecho de huelga y de seguridad ciudadana para castigar con multas abusivas las movilizaciones sociales, unido a la reforma de Gallardón animó a Llamazares a vulgarizar la intención del Gobierno con algunas “frases célebres” que se han escuchado en los dos años de legislatura popular: “En relación con los ciudadanos en paro, que se jodan. En relación con los que están en las cárceles, que se pudran. Y en relación con los que sobran, que se callen o se sienten”.

La reforma mantiene la criminalización de los trabajadores desempleados y de los pensionistas que cobraren indebidamente 400 ó 500 euros y los coloca en el mismo escalón delincuencial que a los grandes defraudadores de más de 120.000 euros, lo que constituye “una indecencia” y demuestra, recordó Villarrubia, que, una vez más, el Gobierno es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes.

Podían aprovechar la reforma para eliminar el desequilibrio penal entre los poderosos y los débiles. También, como dijo Joan Tardá, de ERC, para reconocer el derecho a la muerte digna, “despenalizar a la mujer”, convertir en punible la “vanalización del franquismo, el nazismo, el fascismo”, recoger las recomendaciones de la ONU sobre las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad, castigar la violencia contra los animales… Pero en vez de eso, “eliminan los delitos de las personas jurídicas”. “¿Dónde está la lucha contra la corrupción? Su España es una inmensa cárcel para los pobres; son ustedes un peligro”.

Gallardón puntualizó que la revisión de la cadena perpetua se producirá a partir de los 15 años de cárcel y se mostró convencido de que es constitucional. También recordó que se incrementan las penas para las quiebras fraudulentas, y tildó de “demagógicas” las críticas de la oposición.