Ofensiva "autoritaria" del Gobierno: hasta 30.000 euros por "ofender a España”

El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana calca multas de hasta 30.000 euros por “ofensas a España”. El proyecto nace bajo el signo de la falacia. En efecto, no era cierta la afirmación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de que se comenzó a elaborar “hace ya tiempo” y “ha corrido en paralelo al nuevo Código Penal”. De hecho, mientras el nuevo Código ha obtenido los preceptivos informes de los órganos del Poder Judicial y de la alta dirección del Estado, la ley antiprotestas, también llamada anti15M y de la patada en la boca, ni siquiera ha pasado por el Consejo de Estado.

Por esa razón, Santamaría y Fernández Díaz admitieron que el proyecto todavía tardará en tramitarse en el Congreso -donde buscarán el respaldo de los nacionalistas de CiU, que en 2012 promovieron una moción solicitando la reforma de la actual ley de Seguridad Ciudadana de 1992- porque deberá pasar por el tamiz del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia de Protección de Datos y obtener los informes de los Ministerios de Hacienda, Sanidad e Igualdad y Justicia sobre impacto de género y coste económico.

El anteproyecto nació de la contrariedad del Gobierno al constatar, en junio pasado, el carpetazo judicial por falta de delito en la sonora y pacífica protesta de unos ciudadanos de la Plataforma Antidesahucios (PAH) cerca del domicilio de la vicepresidenta Santamaría. Esa contrariedad, unida al enfado de la inquilina del Palacio de la Puerta del Sol, la ya expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, por la acampada durante diez semanas y media de los jóvenes indignados del 15M, y a la insistencia de los más variados dirigentes del partido gubernamental en pedir mano dura contra las protestas ciudadanas, ha cristalizado en el apresurado producto legislativo de Fernández Díaz.

El Consejo de Ministros, en ausencia del presidente Mariano Rajoy, de viaje en Vilnius (Lituania), introdujo dos modificaciones de interés en el texto ya conocido: la primera consiste en rebajar las sanciones que supuestamente pretendían defender a los policías de los insultos y vejaciones de los manifestantes. De ser falta grave pasan a leve, con sanciones de 100 a 1000 euros. Y la segunda es la introducción como “infracción grave” de “las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

En la explicación de los supuestos de este precepto que permitirá a los delegados y subdelegados del Gobierno calcar multas de hasta 30.000 euros, Fernández Díaz se mostró casi tan variado y ocurrente como su compañero de rueda de prensa Luis del Guindos al explicar los créditos fiscales de 30.000 euros a las entidades de crédito intervenidas para facilitar su venta. “Imagine, por ejemplo –dijo Fernández Díaz-- una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas de delito y se produzcan de forma pública, podrán ser consideradas infracción grave”. ¿Y si se corean consignas contra la unidad de España?, le preguntaron después. “Si se produjeran dentro de la legalidad y sin violencia, ese supuesto no sería sancionable”, dijo. La quema de banderas será, en todo caso, sancionable, precisó. ¿Y las pitadas al himno y a la realeza en los estadios?, le preguntaron. “Ese supuesto ya está contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte”, aclaró.

Al mismo tiempo que el Gobierno daba luz verde al texto, la dirección del PSOE anunciaba la creación de un Consejo Federal de Derechos y Libertades que estará integrado por representantes de la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y la Universidad. Según explicó Antonio Hernándo, diputado por Madrid y uno de los delfines de Alfredo Pérez Rubalcaca, “la deriva autoritaria del Gobierno del PP va ahora a por los derechos civiles, las libertades y las garantías” de los ciudadanos.

La ofensiva autoritaria es potente y provoca una “honda preocupación” a los socialistas, que ya la ven claramente reflejada en algunas decisiones como el cierre del Canal 9, las vallas con cuchillas contra los inmigrantes en Melilla y las leyes en tramitación como el Código Penal, la mencionada ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del aborto, la anunciada ley de servicios mínimos o la reforma electoral del Estatuto de Castilla-La Mancha.

La dirección de Izquierda Unida (IU), centrada en las protestas de la Marea Verde que confluyen a las doce de la mañana de este sábado en Madrid, también rechazó de plano la ley Fernández y saludó el anuncio de los socialistas de combatirla en el Parlamento y en la calle.