Varapalo judicial a Gallardón, a su indulto y a su candidato para presidir el CGPJ

Después de tres días de intenso debate, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anulaba ayer tarde el indulto concedido por el Gobierno a Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze que provocó la muerte de José Alfredo Dolz, de 25 años, e hirió de  gravedad a su acompañante, tras conducir 5 km. en sentido contrario en la autopista AP7. La decisión, adoptada en una ajustada votación que se saldó con 17 votos favorables a validar el indulto, frente a los 19 que fueron decisivos para tumbar la medida de gracia, supone un auténtico varapalo judicial para el Gobierno de Mariano Rajoy y, en especial, para su ministro de  Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. También "sale tocado", según han asegurado fuentes judiciales  a cuartopoder.es, el ponente de este caso,el magistrado Carlos Lesmes,  a quienes estas mismas fuentes señalan como "el candidato de Gallardón a presidir el nuevo CGPJ y el Tribunal Supremo". Según han asegurado a este diario fuentes del alto tribunal, Lesmes peleó hasta el último minuto por convencer a los 35 miembros restantes del Pleno de la Sala Tercera de que ese indulto debía ser validado y, por tanto, había que desestimar el recurso interpuesto por la familia de la víctima contra esta medida de gracia. Pero después de tres largos días de  debate y discusión (las deliberaciones empezaron el pasado martes) vio cómo sus esfuerzos habían sido en vano: perdió la votación y la ponencia, que redactará en su lugar otro magistrado. Lesmes tendrá que conformarse, en esta ocasión, con redactar su voto particular. Habrá que esperar a conocerlo en los próximos días, así como la argumentación y el texto definitivo del fallo.

El Tribunal Supremo se limitaba ayer a hacer pública una escueta nota  en la que se daba a conocer el sentido del fallo, se anunciaba que la sentencia "se dará a conocer en los próximos días" (después de que la redacte un nuevo ponente) y se aclaraba que su ejecución "quedará en suspenso durante tres meses, al objeto de que el gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos que han motivado el fallo de la Sala Tercera". Así pues, el gobierno puede preparar otro indulto total , renunciar a insistir con la controvertida medida de gracia,o incluso plantear un indulto parcial, para cuando el condenado haya cumplido una parte considerable de la pena. En este caso, de los 13 años de prisión que se le impusieron, solamente había cumplido 10 meses cuando fue indultado y abandonó la prisión. Pero, de no volverse a  tramitar un nuevo indulto para él, volvería a ingresar en la cárcel pasados los 3 meses que establece el Supremo en la sentencia.  Con el indulto, se le conmutaba la pena por una multa de 4.000 euros. La familia de la víctima calificó la medida de "arbitraria", mientras que ciertas personalidades del mundo judicial repetían que el indulto era "un escándalo".

Como ya avanzamos en cuartopoder.es, la concesión del indulto al conductor kamikaze estuvo envuelta en la polémica desde que se hizo pública: la oposición habló de "tráfico de influencias" y aireó que uno de los hijos de Gallardón trabaja para Uría y Menéndez, el bufete que ha llevado la defensa del conductor suicida y que el abogado que llevó personalmente este caso es Esteban Astarloa, hermano del ex secretario de Estado y diputado del PP, Ignacio Astarloa. Además, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, responsable,por tanto de los asuntos de tráfico y seguridad, pidió en su día que se tuviera más cuidado con estos indultos y aseguró, visiblemente incómodo, que el indulto era una "medida excepcional".

Lo realmente insólito,ven todo caso, es el hecho de que un Tribunal anule un indulto concedido por el gobierno. No se conoce precedente en la jurisprudencia española. Si acaso lo más parecido es la rectificación parcial del indulto concedido por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, en la que el tribunal enmendó la plana al Ejecutivo por haberse extralimitado, ya que, no sólo indultó y anuló la pena sino que pretendió que se borrasen también losa antecedentes penales del banquero.

A falta de conocerse la sentencia que vapulea al Gobierno, a Gallardón y al ponente que se quedó en minoría apuntalando las tesis de Gallardón, Justicia tampoco quiso dar su opinión al respecto. De hecho, el propio ministro, quizás para evitarse un mal rato, o tal vez para huir de las preguntas incómodas, decidió cancelar en el último momento su asistencia a los premios Pelayo al jurista del año. Como se puede comprobar en la imagen de abajo, en la agenda oficial que publica la web del propio Ministerio, Gallardón tenía confirmada su presencia, a las 19:00 horas, en ese foro al que asistieron desde el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, pero, finalmente, les dio plantón.