El Tribunal Ciudadano de Justicia se querella contra los gestores de Caja Madrid

Continúa la lluvia de denuncias y querellas contra las instituciones financieras y sus responsables. Ayer fue la denuncia que interpusieron ante la Audiencia Nacional decenas de afectados por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) contra los responsables del grupo financiero Santander y el BNP Paribas por un delito de “estafa continuada”, que contó con el apoyo de PAH Madrid. Y en los próximos días será el Tribunal Ciudadano de Justicia, grupo de trabajo del 15-M que nació de distintas asambleas de barrio y de la asamblea de EconomíaSol, el que interpondrá otra querella contra gran parte de los 320 consejeros de la desaparecida Caja Madrid, entre ellos, Miguel Blesa y el empresario Díaz Ferrán.

La comisión del delito que el Tribunal Ciudadano de Justicia demostrará en la querella para que sea apreciado por la Justicia será el de “estafa”. Una estafa, que según aprecia el Tribunal, ha sido cometida de manera sistemática por la práctica totalidad de las instituciones financieras en el proceso de tasación de las viviendas. El Tribunal tratará de demostrar este extremo mediante la comparación de los contratos de compra-venta, el informe de tasación y el contrato hipotecario. Para ello, ha reunido centenares de expedientes de hipotecas concedidas por Caja Madrid (actualmente Bankia) en los que se puede apreciar la sobretasación.

“Mediante la sobretasación de las viviendas, las instituciones financieras han concedido hipotecas por un valor y volúmen mayor del que tenían permitido con el objetivo de aumentar sus beneficios. Creemos que han engañado tanto a los clientes como a los inversores que creían que compraban buenos productos cuando estaban comprando productos basura”, explica a cuartopoder.es Alejandro Zambrano, participante del Tribunal.

La querella, por tanto, se hace extensible a los gestores de Tasamadrid, la empresa de tasación que, según argumenta el Tribunal, tenía una relación de confianza y dependencia con Caja Madrid, siendo esta última la que “tomaba las decisiones tanto financieras como ejecutivas”. “Con las sobretasaciones han conseguido revestir de legalidad algo que en realidad no lo es. La sobretrasación convierte los préstamos hipotecarios en ilegales ya que el valor de tasación no es real y no sigue ningún proceso técnico. Por tanto, la responsabilidad es mutua, tanto de los gestores de la tasadora como los de  la institución financiera”.

Sentencia del Tribunal Supremo

Hechos similares se han fallado  recientemente, como recoge la sentencia 478/2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo en un litigio entre Caixa Rural de Baleares y la sociedad de tasación (Grupo Tasvalor, S.A.), su aseguradora (Asema) y al técnico de aquella que firmaba los certificados. La sentencia condenó a la sociedad tasadora por inflar la valoración de unos bienes inmuebles cuyo valor de mercado era inferior al fijado por el servicio de tasación al considerar que había causado un daño patrimonial.

El Supremo apreció en este caso que la sobretasación causa un daño patrimonial a la entidad financiera, por lo que debía indemnizar a la misma por la pérdida de valor de los inmuebles tasados, así como a la propia entidad financiera por no haber realizado los controles preceptivos sobre sus gestores.

23-N: Juicio a la banca

El Tribunal Ciudadano de Justicia tratará de presentar esta querella días antes de la manifestación prevista para el próximo 23 de noviembre. “En el fondo se trata de demostrar que los recortes y la pérdida de derechos sociales está causada por los abusos de la banca y el rescate al sistema financiero con fondos públicos. No es que el dinero haya desaparecido, es que ha sido trasvasado. Por eso, nuestro objetivo final es que los responsables de la usurpación devuelvan el dinero que consideramos que han robado para que sea puesto otra vez a disposición de los ciudadanos”, sentencia Zambrano.