Dos mil alcaldes rechazan en Madrid el ataque a servicios básicos de la ley Montoro

No conforme con los recortes a los derechos laborales, la educación, la ciencia, las pensiones, la sanidad, la función pública, el Gobierno se dispone a arremeter ahora contra los servicios públicos básicos que en materia escolar, de asistencia a los desfavorecidos, los ancianos, los inmigrantes, los discapacitados y otros colectivos prestan los ayuntamientos. Este es el mensaje de protesta, resistencia, enfado e indignación que han lanzado este domingo en Madrid unos dos mil alcaldes procedentes de los cuatro puntos cardinales y pertenecientes a todos los partidos políticos, menos el PP, si bien, algunos regidores del partido gubernamental se quedaron con las ganas de asistir al acto y se han manifestado abiertamente en contra del proyecto de ley "antimunicipal", en boca de alguno de ellos, que el inefable ministro Cristóbal Montoro presentará el próximo jueves en el pleno del Congreso.

La petición unánime es que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga a bien retirar un proyecto que no resuelve ningún problema y crea muchos, según refleja el manifiesto suscrito por todos los partidos, menos el PP. “Solicitamos del Gobierno que con el fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional retire su proyecto y elabore uno con el consenso de los municipios y las entidades locales menores”, pidió el alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, antes de resumir en cuatro puntos el destrozo de la democracia local y del municipalismo que ocasionaría la nueva ley. “Para evitarlo aquí seguiremos”, proclamó Caballero entre aplausos, como colofón a la lectura del manifiesto.

El acto fue presentado por el periodista Jorge Bezares, presidente del Parque de los Alcornocales, una de las zonas más bellas de Andalucía, que se extiende por 16 municipios de Cádiz y Málaga, y por el catedrático de Economía aplicada y rector de la Universidad Complutense desde 2003 a 2011, Carlos Berzosa. Ambos evocaron el Fuero de Brañosera (Palencia) de hace 1.189 años, como la primera organización democrática de la administración local y después de resaltar la “soledad del Gobierno en su afán de atacar los servicios públicos” y destacar “la unión de todas las fuerzas políticas, incluidos cientos de ediles del PP”, se preguntaron “¿cómo es posible que una ley que afecta al progreso y al tejido social se vaya a aprobar en tres meses, sin diálogo, negociación y a escondidas?”

A continuación un alcalde de cada partido (el PNV y el PA se adhirieron al acto) leyó un párrafo del manifiesto contra el llamado “proyecto de racionalización y sostenibilidad de la administración local”. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, alcalde de La Laguna, denunció la falacia del argumento del déficit, pues el municipal no pasó del 0,3% del PIB en 2012 y será cero este año. Rafael Climent, de Compromís, alcalde de Muro, abundó: más de 3.000 municipios han tenido superávit. Y puso el dedo en la llaga sobre la finalidad mercantilista del proyecto: monopolizar, privatizar e introducir el pago y el copago de los servicios públicos, atentando gravemente contra los ciudadanos, la participación y la democracia local.

A Juan Carlos Díaz, en representación de las entidades locales menores o pedanías, le tocó recordar el arraigo desde la Edad Media de estas formas de organización colectiva en consejos y hacenderas para mantener y mejorar los bienes comunales que ahora les pretenden arrebatar con políticas alejadas y dictadas desde las diputaciones para beneficios ajenos y depredadores (por ejemplo, el fracking). Y a Alberto López, de Iniciativa per Catalunya i Verds (ICV), alcalde de La Llagostera (Vallés Oriental-Barcelona) le correspondió denunciar el demagógico reproche de los sueldos de los regidores, “pues miles de alcaldes y concejales realizan su labor sin percibir remuneración alguna”. Por CiU intervino la alcaldesa de Mollerusa, Mar Solsona, quien destacó que la nueva norma “viola la Carta Europea de 1985” y “es un desprecio absoluto hacia la autonomía local y las competencias autonómicas”.

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, de IU, enumeró el ataque a servicios municipales básicos que hoy prestan los ayuntamientos: agua, alcantarillado, teleasistencia, ayuda domiciliaria, integración de inmigrantes, atención a los mayores, centros de día, servicios escolares, limpieza urbana, atención a discapacitados. Los ayuntamientos con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes serán privados de esas competencias cercanas a los vecinos, lo que constituye un atentado a los vecinos y supondrá mayores costes y peores servicios, pronosticó.

Al acto, en pabellón de la ONCE, asistieron representantes de UGT, CCOO, asociaciones de vecinos y colectivos del tercer sector. También estuvieron presentes el vicepresidente de Andalucía y dirigente de IU, Diego Valderas, y el diputado y responsable del municipalismo en la dirección federal del PSOE, Gaspar Zarrías, quien dijo a este diario que el compromiso de todas las fuerzas parlamentarias, menos el PP, es derogar la ley en cuanto apeen de la mayoría absoluta al partido de Rajoy y Cospedal.