Una veintena de altos cargos no han devuelto el “paro” que cobraron de más como exdiputados

Varios exdiptuados y algún exsenador –en torno a una veintena, según fuentes parlamentarias– no han devuelto las indemnizaciones o  “subsidio de desempleo” de lujo que cobraron de las Cortes Generales después de haber sido designados altos cargos por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy o de haber accedido a otras actividades remuneradas. La disposición impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2012, que prohibió las indemnizaciones por cese y las pagas a los exministros, les obligaba a devolver el dinero, pero todavía hoy, cuando llegan los Presupuestos del 2014, no lo han reintegrado.

La situación, como diría el embajador en Londres y diputado durante 30 años, Federico Trillo, es lábil y resbaladiza. Discutible, incluso. La secuencia es la siguiente: más de una veintena de señorías que quedaron excluidas de las listas del partido y se vieron de la noche a la mañana en el paro, se acogieron al derecho a recibir la indemnización por cese. Se trata de una especie de subsidio de desempleo, arbitrado por las Cortes Generales, que nada tiene que ver con las prestaciones por desempleo, a las que sus señorías no aportan ni un euro.

El sistema consiste en pagarles el salario de un mes por cada año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades. El sueldo pelado (sin dietas ni pluses) de los diputados y senadores es de 2.813,87 euros  al mes, y esa es la cantidad del subsidio o indemnización a la que tienen derecho por cese. Un ejemplo: Gustavo de Arístegui, que fue diputado del PP por tres legislaturas, casi 12 años, percibiría otras tantas mensualidades de no haberse reintegrado a la carrera diplomática. Otro ejemplo: Soledad Becerril, que fue diputada y senadora desde la primera legislatura, en 1979, percibiría 24 meses de paro si no hubiera sido nombrada Defensora del Pueblo o hubiera decidido no acogerse a la jubilación.

Todo iba bien para sus exseñorías hasta que el Gobierno de Rajoy, que había cobrado dos remuneraciones del dinero público -una como diputado y otra como dirigentes del PP, con independencia de los sobresueldos que repartía Bárcenas de la tangentópolis-, decidió acabar con las pagas por dos años del 80% de los salarios a los exministros, exsecretarios generales y de Estado, así como a los representantes de los distintos organismos de la alta dirección del Estado y del Poder Judicial.

El decreto que canceló las escandalosas canonjías compatibles con otras remuneraciones públicas y privadas en un país de reducciones salariales y más de seis millones de parados fue promulgado en abril de 2012 para que la gente viera que la austeridad también afectaba a los prebostes de acero inoxidable, incluido el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

La consigna de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a los exdiputados cesantes que habían sido nombrados altos cargos en enero y febrero de 2012 fue muy clara: debían reintegrar a las Cortes Generales las cantidades que habían cobrado entre su nombramiento y la entrada en vigor del decreto de incompatibilidad salarial absoluta, tanto del sector público como del privado. Y, por supuesto, a partir del decreto se les acababa el chollo como ex.

Al menos el exdiputado conquense José Madero Jarabo, ingeniero agrónomo y funcionario y colaborador del ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, evitó polemizar con la vicepresidenta y reintegró las dos mensualidades que recibió entre su ingreso en Agricultura y la promulgación del decreto. Pero otros muchos invocaron la ley de Santa Rita, aunque sin recurrir formalmente la orden gubernamental para no abundar en la mala imagen de los políticos.

Según fuentes parlamentarias “existe una lista confidencial” con los exdiputados que tendrían que devolver dinero y no lo han hecho. En algunos casos, como el de Miguel Ángel Cortes, vinculado a la FAES de José María Aznar y diputado durante seis legislaturas, su derecho a “paro” habría alcanzado el máximo de dos años. En otros casos, como el de Soledad Becerril, el derecho máximo se convirtió en mínimo tras ser nombrada Defensora del Pueblo. En otro, como el del socialista Álvaro Cuesta, diputado por Asturias durante 32 años, la indemnización se redujo a cuatro meses por la aparición del decreto que la hacía incompatible con sus emolumentos como letrado en ejercicio en Madrid.

Las fuentes parlamentarias aseguran que en el listado aparecen parlamentarios del PP, del PSOE y alguno de ERC. Entre los que habrían cobrado el “paro” parlamentario incompatible con sus pensiones máximas de jubilación, estas fuentes citan al seguidor de Álvarez-Cascos, Isidro Fernández Rozada, y a la exdiputada del PP por Almería y funcionaria del Ministerio de Sanidad Blanca Fernández-Capel. La socialista Carmeli Hermosín, con 68 años de edad y con derecho a 20 meses de “paro” no ha podido compatibilizar ambos ingresos. Y al exsindicalista y exdiputado del PSOE durante 8 años, Antonio Gutiérrez Vergara, de 62 años, la indemnización le habría permitido un mediano pasar hasta la jubilación. Al menos éstos no tendrán que devolver dinero.