La Moncloa anula el "nepotismo en diferido" en la Comisión de la Competencia
El presidente de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, y sus nueve compañeros del órgano regulador no han esperado ni un mes para devolver el favor al Gobierno que los nombró. En su primera reunión han promocionado a la sobrina del ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la hija del titular de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, a dos puestos superiores en la CNMC. Beatriz de Guindos fue nombrada directora general de la Competencia y Micaela Arias-Cañete, compañera y colaboradora de la anterior, ocuparía el cargo de subdirectora general que aquella dejaba vacante. Pero los nombramientos sólo han durado un día. Ante las críticas sobre el "nepotismo en diferido" con el que el nuevo megarregulador, cuestionado por Bruselas, echa andar, Beatriz de Guindos presentó su "dimisión irrevocable" a última hora de ayer viernes, con lo que se mantendrá en su puesto y su número dos, Micaela Arias Cañete, no será promocionada.
El primero en alzar la voz fue el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán. “Parece un caso de nepotismo claro", dijo. "No puede creerse que sea casual que, con la de decenas de profesionales capacitados para ocupar puestos de estas características les caigan, precisamente, a una hija y a una sobrina de dos ministros, además de dos áreas económicas”, añadió.
Sin embargo, Guindos, que compareció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para explicar las macromagnitudes presupuestarias para 2014, aseguró que se había enterado por la prensa del nombramiento de su sobrina y lo consideró de lo más normal. “Los nombramientos los decide el consejo –dijo en referencia a la jefatura de la CNMC--; el Gobierno no interviene absolutamente para nada. Lo he visto por la prensa y he visto que los nombramientos son de funcionarios que estaban ahí”.
La sobrina del titular de Economía aprobó la oposición a técnico comercial y economista del Estado e ingresó en el Servicio de la Competencia del Ministerio de Economía, cuya responsabilidad había ocupado de Guindos, en el año 2003, cuando su tío era secretario de Estado de Economía con su colega Cristóbal Montoro de ministro. Igualmente, la hija de Arias-Cañete acabó en el negociado con la anterior cuando su padre, ministro de Agricultura con José María Aznar, era jefe del área económica en el grupo parlamentario y en la dirección del PP.
Los diez miembros del Consejo del nuevo megaregulador, la CNMC, nombrados por el Consejo de Ministros el 30 de agosto pasado, son mayoritariamente afines al Gobierno y su presidente, Marín Quemada, que era consejero del Banco de España desde 2005, no ha ocultado su amistad con Guindos. La vicepresidenta de la CNMC, María Fernández Pérez, fue subdirectora de la Competencia con Guindos en Economía y antes de ser nombrada era directora general técnica de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.
La afinidad personal y política con el Ejecutivo y su partido se repite en los demás casos, salvo en el de Idoia Zenarruzabeitia, exvicepresidenta del Gobierno Vasco y miembro del PNV y de Josep María Guinart Solà, exsenador de CiU y alto cargo en Girona de la Generalitat antes de su nombramiento. Según publicó el periódico económico Cinco Días, el ministro de Industria, José Manuel Soria, trató de colocar a su asesora Alicia Richart en la dirección de Telecomunicaciones, pero el consejo de la CNMC la rechazó.
Aunque formalmente los nombramientos podían ser irreprochables, fuentes parlamentarias del propio partido reconocieron que la impresión de un “nepotismo en diferido” en los nombramientos no contribuían al prestigio del nuevo regulador. La solución adoptada finalmente, y atribuida a La Moncloa, con el visto bueno de los ministros concernidos, fue la dimisión irrevocable de la nueva directora general y de su compañera. Los diez nuevos consejeros de la CNMC comparecieron discretamente en el Congreso, que examinó su idoneidad. Su primera decisión se convirtió en un fiasco que, según fuentes de La Moncloa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido que subsanar.
El enchufismo ha sido una constante del PP (también del PSOE) allí donde gobierna. Y para justificarlo se han empleado los más insólitos argumentos. En este sentido, vale recordar que cuando la dirigente de UPyD Rosa Díez preguntó al Gobierno sobre la inflación de enchufes en la dirección de la empresa pública Paradores Nacionales, el Ejecutivo le contestó que incurriría en “discriminación” si no nombrarse a determinadas personas por el hecho de ser familiares de altos cargos y dirigentes políticos. Y se quedó tan ancho. Pero la CNMC son palabras mayores o como dijo el que dijo: con la competencia no se juega.
