Desde esta mañana de martes, 13 de agosto, desfilan por la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz Gutiérrez unos clientes de gran importancia que pueden aportar “datos relevantes” sobre los sobresueldos y la financiación ilegal del PP. Se trata de los exsecretarios generales del partido, Francisco Álvarez-Cascos, que ya no está en el
PP sino en su propio partido, el Foro Asturias, y de Javier Arenas Bocanegra, que sigue en la dirección del partido. Mañana está previsto que el juez y las partes interroguen a la secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal García. Los tres comparecen como testigos en el “caso Bárcenas”, lo que les obliga a jurar o prometer decir la verdad.
Las revelaciones del exteorero Luis Bárcenas Gutiérrez, encarcelado en el penal de Soto del Real desde hace más de un mes, siguen provocando una tolvanera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quisiera alejar cuanto antes. El asunto es delicado porque no hay nada más dañino y peligroso para los ciudadanos –como estamos viendo con los episodios sobre Gibraltar-- que un presidente acusado y acosado por su propio hombre de confianza. El hombre que colocó a Bárcenas en el PP, el también tesorero y millonario, Ángel Sanchís, ha hecho saber públicamente que ahí está él para mediar y hacer las paces por el bien del partido y, naturalmente, del sistema democrático.
Mientras, las comparecencias judiciales mantendrán el foco sobre el escándalo de corrupción continuada en el partido gubernamental. El juez ha citado a Cascos a las 11:30 y a Arenas una hora después. Previamente tomará declaración al cajero y al gerente que sustituyó a Bárcenas sobre el funcionamiento de los donativos de dinero al partido y el fraccionamiento de los ingresos en la contabilidad ordinaria para no rebasar las máximas donaciones autorizadas por la ley. El PP recibió una media de un millón y medio de euros en donativos anuales desde 2005 a 2012, según su contabilidad oficial.
La declaración de Cascos tiene un interés meramente documental. Fue secretario general del PP durante una década, desde el golpe de mano de Manuel Fraga y José María Aznar contra Antonio Hernández Mancha, en 1989, hasta 1999, siendo ya vicepresidente primero del Gobierno. Durante su gestión llegó Bárcenas como gerente y se produjo la sustitución del tesorero procesado y exculpado en el “caso Naseiro”, el mencionado Sanchís, por el riojano Álvaro Lapuerta. Aznar y Lapuerta y también Cascos pedían dinero a los empresarios para ganar las elecciones y, según Bárcenas, Cascos recibía del orden de un millón y medio de pesetas mensuales en 1994, 95 y 96, al margen de las 400.000 pesetas que cobraba como diputado, en concepto de “dedicación al partido”.
A Cascos le sucedió Arenas en el cargo de secretario general. El actual vicesecretario de política autonómica y máximo valedor de Rajoy junto con el valenciano Francisco Camps en el congreso de 2008 en Valencia, tras la segunda derrota electoral, fue secretario general del PP desde enero de 1999 hasta septiembre de 2003. Entonces dejó el cargo en manos de Rajoy, que en 2004 nombró coordinador general a Ángel Acebes. Se desconoce por qué causa o razón ese dirigente no ha sido llamado a testificar.
El magistrado viene delimitando en sus autos los presuntos delitos fiscales desde el ejercicio del 2007 hacia acá, lo que incluiría el mandato del mencionado Acebes que, además, coincidió con Bárcenas cuando ambos fueron nombrados consejeros de Caja Madrid con Miguel Blesa de presidente. Y también delimita desde 2002 los delitos que pudieron cometer contra la administración pública, como los cohechos o pagos y donativos a cambio de adjudicaciones de obras, recalificaciones de terrenos y contratas de servicios públicos. Esto no afectaría a la gestión de Cascos, pero sí a la de Arenas con Aznar de presidente del PP.
Arenas deberá decir si, como ha declarado Bárcenas, fue él quien le pidió en 2010 que entregara a Mariano Rajoy los 4.900 euros que quedaban de remanente de la liquidación de la caja B en la que guardaba los donativos. “Chico, cógelos, los metes en un sobre y se los dejas al presidente”, habrían sido sus palabras a Bárcenas. Aunque Arenas tiene derecho a no acordarse de nada, también será preguntado por la reunión que mantuvo con Rajoy, Bárcenas y la esposa de éste, Rosalía Iglesias, en marzo de 2010 en la sede del partido para tratar, entre otras materias, las filtraciones de Cospedal contra el extesorero.
Tanto Arenas como el propio Rajoy y la actual ministra y directiva del partido, Ana Mato Androver, siguieron día a día los avatares judiciales de Bárcenas desde que fue procesado como miembro de la trama Gurtel. Según fuentes jurídicas, Arenas llegó a designar un propio –el diputado y actual portavoz en la Comisión Constitucional Pedro Ramón Gómez de la Serna– para que ejerciera sus buenos oficios con el juez Antonio Pedreira, que exculpó al extesorero y a su esposa de la relación con Francisco Correa, el jefe de la Gurtel, que les ingresó más de un millón de euros.
La acusación más fuerte de Bárcenas sobre Cospedal, y de la que ésta podrá defenderse en su declaración testifical de mañana, es la recepción de más de 200.000 euros para su compaña electoral en Castilla-La Mancha por parte de un directivo de la empresa Sacyr Vallehermoso a cambio de la contrata de la limpieza urbana de la ciudad de Toledo por un periodo de cinco años. Bárcenas también documentó los sobres de dinero negro que le pagó desde que accedió a la secretaría general del PP en 2008, el año que Rajoy le nombró tesorero.