El PSOE cree que la lentitud judicial permitió al PP borrar la caja B de Bárcenas

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, salió con un enfado catedralicio de la comparecencia del presidente Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas, según pudieron constatar su cordial adversaria interna Carme Chacón y otros diputados socialistas. La reacción del dirigente socialista se materializó al día siguiente con la petición de una comisión parlamentaria de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, como si quisiera agotar los argumentos antes de presentar la moción de censura.

Desde el PP ya han dicho que rechazarán la creación de la comisión investigadora, de modo que aplicarán su mayoría absoluta en la Mesa, cuando se reúna, y no permitirán que el PSOE obtenga rédito alguno del debate de la iniciativa en la Diputación Permanente del Congreso. Y en la vía judicial, tampoco la supuesta “tangentópolis” del PP que se deduce del caso Bárcenas-Gurtel pinta mejor.

Según algunos juristas del PSOE cercanos a Rubalcaba, cuando Rajoy dijo que no iba a entrar en el “tú más” y a continuación demostró lo que vale su palabra y aludió al caso Filesa, por el que fueron condenados varios dirigentes del PSOE y del PSC, sabía lo que hacía. En pocas palabras estaba diciendo que él y los demás dirigentes del PP tocados por Bárcenas y los gurtélidos iban a salir indemnes de la acción judicial y allá el extesorero y los demás golfos con sus millones y sus mentiras. ¿Y eso, por qué?

La explicación de un veterano jurista que forma parte de la dirección del PSOE es bien coherente. El caso Filesa, Malesa y Time Export de “tangentópolis” del Partido Socialista se descubrió por el maltrato que los recaudadores infligieron a un empleado chileno llamado Carlos van Schouwen. El caso Gurtel-Bárcenas, se destapó dos décadas después también por el maltrato de los jefes del PP a un concejal de Majadahonda –uno de los municipios más ricos y con mayor crecimiento urbanístico de Madrid–, llamado José Luis Peñas. El paralelismo parece claro.

Ambos denunciantes tuvieron dificultades para divulgar sus denuncias judiciales. El del PP acudió al juez Baltasar Garzón, que siempre tiene eco en los medios. El chileno, que era un hombre listo y sólo pedía que le pagaran lo que le debían por su trabajo, desconocía la existencia de Garzón. Entregó la documentación sobre su denuncia a El Periódico de Cataluña, pero al ver que pasaban días y semanas y el rotativo no la publicaba, acudió a El Mundo y luego llamó al primero diciendo que el diario madrileño la publicaba mañana. Así consiguió que ambos medios la publicaran el mismo día.

Los chiringuitos de los subordinados de Guillermo Galeote, responsable político de administración del PSOE, y de Josep María Sala, jefe de organización del PSC, sólo diferían de la trama Gurtel-Bárcenas, que traían causa de antecesores tales como Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta –todos ellos, riquísimos–, en una cosa: las recaudaciones de Filesa era una broma en comparación con la millonada que movían los del PP. La abundancia de dinero negro no sólo facilitaba el pago de los supuestos sobresueldos a los dirigentes del partido, sino un enriquecimiento soez y abusivo, con cuentas a buen recaudo en Suiza, de los perillanes y conseguidotes que lo mismo pagaban gastos de la boda de la hija de Ana Botella y José María Aznar en el Monasterio de El Escorial que logopedas y asesores de telegenia para Rajoy.

Galeote, Sala, el diputado Carlos Navarro y otros miembros del PSOE y del PSC fueron condenados y pasaron un tiempo entre rejas antes de ser excarcelados por influjo gubernamental y benevolencia judicial. Pero como recordarán los más viejos del lugar, el entonces juez instructor Marino Barbero se personó en la sede del PSOE y se incautó de toda la documentación contable del partido. Y es ahí donde está la diferencia. Los instructores de la trama Gurtel-Bárcenas ni pudieron ni quisieron registrar la sede del PP y los domicilios de los imputados e incautarse de la documentación que serviría de prueba y contraste de las confesiones y anotaciones contables de Bárcenas.

Esa diferencia es, según los juristas del PSOE, la que permite a Rajoy afirmar que Bárcenas tiene derecho a mentir y que él sabrá por qué coloca el foco sobre una financiación ilegal del PP y unos sobresueldos que no son ciertos ni nunca lo han sido. Por lo demás, aparte la confesión de que se equivocó al defender al extesorero y la muletilla “fin de la cita” para algazara y distracción del personal, Rajoy confía en que, como dijo Rubalcaba, María Dolores de Cospedal haya limpiado correctamente las huellas.

Si luego apareció su SMS a Bárcenas –“sé fuerte”– cuando ya se conocía la fortuna del “presunto delincuente” en Suiza, pudo ser por la inercia en la defensa de la inocencia que se ha de suponer a toda persona mientras no se demuestre lo contrario. “Me equivoqué (al confiar en Bárcenas), lo siento”, dijo Rajoy, parafraseando al rey Juan Carlos cuando salió del hospital donde le arreglaron la cadera que se rompió cazando en Botswana. Le faltó el “no volverá ocurrir”, quizá porque no quería mentir o porque no desea que su majestad le pida el copyright cuando el 9 de agosto acuda a Marivent a despachar con él.