Como si el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV hubieran renunciado a meter el dedo en la garganta al Gobierno para extraerle una explicación sobre las causas de la tragedia de Compostela y la consiguiente desconfianza en la seguridad del transporte ferroviario, sólo Izquierda Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), integrado en el Grupo Mixto, han exigido la comparecencia parlamentaria de la ministra de Fomento, la pontevedresa Ana Pastor. Ella mantiene una prudencia exquisita por respeto a las familias de las 78 personas que han perdido la vida, pero su subordinado y persona de la máxima confianza, el valenciano Gonzalo Ferre Moltó, que preside Adif desde el 18 de enero pasado, se apresuró a culpar al maquinista Francisco José Garzón Amo, un hombre abrumado por la tragedia al que hemos visto en las fotos con el rostro ensangrentado, que pasa este domingo a disposición judicial.
El portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, entiende que la ministra Pastor debe dar la cara en el Parlamento y así lo dijeron el viernes al anunciar una petición de comparecencia firmada también por el Grupo Mixto. Centella deja claro en declaraciones a cuartopoder que sería deseable que la comisión investigadora trabajara con rigor y celeridad para que la ministra pudiese atajar las especulaciones. “Lo mejor que podrían hacer los presidentes de Adif y de Renfe y también el ministro del Interior es estar callados, esperar el resultado de la investigación y no prejuzgar la responsabilidad del maquinista”. Centella asegura que su grupo tratará el asunto con la máxima delicadeza hacia las víctimas y sus familias. Como es sabido, tanto los máximos dirigentes del PSOE, encabezados por Alfredo Pérez Rubalca, como los de IU, por Cayo Lara, se desplazaron a Compostela al día siguiente del accidente y se interesaron por las víctimas y sus familias y obtuvieron una primera impresión de lo ocurrido.
Fuentes cercanas a la ministra Pastor negaron que haya dado permiso al presidente de Adif para hablar de las posibles causas del accidente, aunque resulta evidente que tanto éste como el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, están concernidos en primer grado y son los primeros interesados en centrar el mensaje en “un fallo humano”, entre otras razones, para evitar que los eventuales fallos técnicos excluyan al grupo público español de los concursos para construir y explotar las líneas de alta velocidad en Brasil y en Rusia. En el caso del Ave entre Sao Paulo y Río de Janeiro, que se falla en la primera quincena de octubre, una las cláusulas exige que los trenes no hayan tenido accidentes en los últimos diez años. Estamos hablando de un contrato estimado en 13.000 millones de euros con un periodo de explotación de 40 años. Esto explica además el énfasis de los presidentes de ambas compañías en separar la “alta velocidad” de la “velocidad alta”.
El tren Alvia que descarriló a las puertas de Compostela por exceso de velocidad puede alcanzar 250 kilómetrospor hora frente a los más de 300 del Ave. La línea es nueva, se construyó al comienzo de la década del 2000, con Francisco Álvarez-Cascos de ministro de Fomento, y se terminó de instalar la señalización y todos los sistemas necesarios de fibra óptica para la circulación del tren de alta velocidad a finales de 2011, siendo ministro del ramo el entonces vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Aunque Blanco, que es diputado por Lugo, mantiene un seguimiento permanente de las inversiones en las líneas de alta velocidad en Galicia y ha llegado a pedir amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada, porque la ministra Pastor no contesta a algunas de sus preguntas, en esta ocasión podría verse concernido si la investigación confirma que la línea fue inaugurada sin haber sido terminada, como ha dicho el presidente del Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), Jesús García Fraile.
No hace falta recurrir a Carlos Marx sobre los individuos que se encuentran en las mismas condiciones para entender que el exministro Blanco y la ministra Pastor forman parte de la misma clase (política y hasta social). Si la investigación confirma la inexistencia de balizas de control de velocidad y del sistema de frenado automático del tren cuatro kilómetros antes de la curva por la que debía haber pasado a 80 kilómetros por hora, las responsabilidades políticas tocan a los ministros de los dos grandes partidos que se han turnado en el Gobierno y no realizaron en su momento ni después unas inversiones menores. Tampoco hace falta recurrir a Thomas Jefferson para saber que si desde el capital nos indican cuando hemos de sembrar, pronto faltará el pan. En este caso, la semilla era la inversión complementaria. Y los recortes han debido ser de tal calado que unos días antes del accidente el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ya preguntó a la ministra Pastor si es verdad que anda ofreciendo bonos para obtener 1.000 millones de euros con los que financiar inversiones pendientes en las líneas de alta velocidad.
Cuanto más grave es el asunto, más lo tapan. ¿Quién dijo responsabilidades políticas en un país de pillos, chapuceros y vendepatrias?