El Gobierno privatiza la vigilancia del ruido y la seguridad exterior de las prisiones
Los mapas del ruido son interesantísimos; sirven para saber cuanto ruido hace. Y puesto que mayormente lo producen los coches, las motos y los camiones, la ministra de Fomento, Ana Pastor (no confundir con la periodista egresada de TVE) se ha gastado más de 4 millones de euros en encargar mapas de contaminación acústica de la red de carreteras y autovías del Estado.
En la segunda fase de los “mapas estratégicos de ruido” de la red en Madrid ha gastado 205.202,63 euros; en Castilla-La Mancha y Extremadura, 753.360; en Asturias, Cantabria y Galicia, 708.750; en la Comunidad Valenciana y Murcia, 576.700; en Castilla-León y La Rioja, 705.933,47; en Andalucía, 764.270,96, y en Cataluña y Aragón, 654.810 euros.
No piensen que para economizar esos 4.369.087,06 euros, el Gobierno ha apelado a la Guardia Civil (DGT), que conoce mejor que nadie la intensidad del tráfico y las horas punta y valle en cada tramo de carretera y a los especialistas de los laboratorios públicos. Ni mucho menos. El ruido es un fenómeno tan serio que, según la concepción neoliberal del ejercicio del poder, no puede quedar en manos de los funcionarios. Mejor externalizarlo o entregar la función a manos privadas.
De ahí que entidades privadas como Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Incosa y otras empresas de las UTEs “Ruidos Mancha”, “Ruidos Norte”, Técnicas Territoriales y Urbanas, Geoplank o Apia XXI y otras agrupadas en “Ruidos Andalucía” hayan recibido los pertinentes encargos para confeccionar los mapas, en el bien entendido de que deberán ponerlos a disposición del público a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que se encarga de prevenir el daño a la fauna.
La privatización del ruido tiene la ventaja de la independencia e imparcialidad ante la industria de la automoción y los ciudadanos en general, y vale para negar que la Administración sea juez y parte en la materia. Si el gasto equivale a unos cuantos baches, no deja de ser una minucia al lado de los 770 millones de euros que, según el ministro Miguel Arias Cañete, pagó el anterior Gobierno en 2011 en comprar "derechos de emisión de CO2".
Además, un ministerio inversor como el de Fomento ha fomentar, repartir juego. Y la ministra Pastor no va a ser menos liberal que su colega de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se ha embarcado en la privatización de la “seguridad perimetral” de las prisiones. Para ello, la Policía y la Guardia Civil han impartido y seguirán impartiendo cursos a los vigilantes de las empresas privadas de seguridad. Y en todos los casos esos vigilantes dependerán de mandos policiales.
La entrega de la seguridad exterior de las prisiones a la iniciativa privada se aplica de momento en 21 centros y como “experiencia piloto por un tiempo de nueve meses”, según ha precisado Interior a la diputada socialista Susana Salmuerzo. Si la prueba funciona, es decir, si los presos no agarran sigilosamente una pértiga y saltan la alambrada o escapan silenciosamente de otra manera, querrá decirse que ha sido un éxito y entonces, según Interior, el plan se extenderá a todas las prisiones indefinidamente.
Bueno, no sólo para saber qué ruido se produce, esos mapas de ruido son obligatorios según la comisión europea, y servirán para apoyar la planificación urbanística…asi que de positiva esa noticia, poco…
Soy analista acústico, de una empresa acreditada por ENAC y registrada como entidad colaboradora de la administración.
Lamento no poder estar más en desacuerdo con el artículo, fruto seguramente de un comprensible desconocimiento sobre la complejidad técnica que supone la elaboración de un mapa estratégico de ruidos.
No, la Guardia Civil no está capacitada para elaborar un estudio así. No tienen los medios técnicos, la formación ni la experiencia adecuada. ¿Por qué no encargamos a la Guardia Civil la construcción o el mantenimiento de esas carreteras que tan bien conocen? ¿Verdad que no tiene sentido?
La Dirección General de Carreteras (y no la Guardia Civil) es la que dispone de la información técnica necesaria para la realización de los mapas. No sólo los flujos de tráfico, sino el trazado, el tipo y estado del asfalto, la topografía del entorno, datos climatológicos, etc.
Aquí cualquiera que tenga a mano un sonómetro resulta que ya saber medir ruido, pero cuando se enfrenta a los más de 50 parámetros sobre ruido que es capaz de recoger un buen sonómetro cada segundo, y la infinidad de protocolos de ensayo diferentes que se pueden llevar a cabo según el caso, la normativa, la situación y las necesidades…
No, no es una cuestión de «privatizar el control del ruido». Este no es un caso de privatización, a diferencia de tantos y mucho más buenos ejemplos de desmantelamiento de bienes públicos que este gobierno nos está ofreciendo. Es acudir a entidades expertas en la materia, para obtener un resultado válido, fiable y conforme a reglamentación.
Pero los mapas son sólo el comienzo. Es la radiografía del problema. Con ese diagnóstico, es hora de que la Administración, ahora sí, realice su plan estratégico y ponga en marcha acciones encaminadas a controlar y reducir los niveles de ruido. Esto no forma parte de los concursos de los mapas estratégicos, y por tanto no se ha «privatizado». Los mapas son sólo el peritaje, que el juez necesita para dictar su sentencia, y castigo.
Y tampoco no se le puede achacar a este gobierno (con la de despropósitos que hay para achacar), puesto que el proceso de creación de mapas de ruido comenzó con la Ley 37/2003 y el R.D. 1315/2005. También salieron a concurso. Revise las fechas y recuerde quién gobernaba entonces.
Los mapas del ruido de las carreteras serán obligados y todo eso, pero primero se trazan, después se expropia, después se construyen y al final se mide si el ruido afecta a la gente y los animales. Curioso. Y si afecta, más pasta para pantallas.
Cada noche, a partir de las 4, el ayuntamiento de Madrid transforma uno de los barrios más tranquilos de la capital en un infierno para el reposo de las familias. Y todo ello saltándose, ni más ni menos, que la ley 22/2011 (art. 7.1.b), la OPCAT, la jurisprudencia del TS (ej: 23/02/2004 y 24/05/2001), las directrices de la OMS sobre el ruido ambiental de1999, las directivas comunitarias sobre ruido, hasta la mismísima Constitución (art 43, 45 y 47) y no os lo perdáis incumpliendo sus propias prohibiciones sobre ruido que instan a denunciar aquí : https://sede.madrid.es/portal/site/tr…
Os preguntaréis ¿¿¿Cómo???
Mirad este video como ejemplo de lo que vivimos de 3 a 6 veces cada noche. (Si alguien necesita más videos y de mayor duración tengo varias grabaciones en mi mediateca.)
http://youtu.be/pA6_DW-4tPM
Así resulta imposible dormir más de 3 horas seguidas durante varios meses, y llegamos a varios síntomas de insomnio.
Cada día parece más claro que el Partido Popular está dispuesto a privatizarlo todo. Claro que después de los ejemplos del M. Lamela, el J. J. Güemes; lo del Bárcenas, el Sepúlveda, el Matas, el Feijóo y etc. etc. etc, la pregunta resulta inevitable
………
¿Se trata de una desvergonzada privatización, o de una rastrera apropiación?
Que protejan a Bárcenas
Bueno, ya han trincado en las obras, el mantenimiento y todo eso. Ya han hecho esos mapas del ruido. Ahora quiten el ruido. No me digan cómo, que ya lo sé: con tapones en las orejas.