El Gobierno saca la LOMCE con nota en Religión y segregación por sexos

Una semana después de la mayor huelga general de los últimos años en la Enseñanza pública, el Gobierno contraatacó y aprobó el viernes sin modificaciones apreciables el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) pactado con los obispos. La Religión contará para la nota media de los alumnos. El texto consagra la segregación por sexos, añade obstáculos (dos reválidas y la selectividad) para acceder a la Universidad y fomenta el conflicto lingüístico en Cataluña. Pero según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la nueva ley “reducirá el abandono escolar”, que hoy afecta al 25% de los alumnos.

“¿Es ese el diálogo que plantea el Gobierno?”, se pregunta la Plataforma de Defensa de Enseñanza Pública en su web. Las organizaciones sindicales de profesores y de alumnos y los movimientos de renovación pedagógica que forman parte de la Marea Verde manifestaron su rechazo a una reforma que discrimina a los más desfavorecidos, lamina la participación democrática y la capacidad de los Consejos Escolares y, entre otros asuntos, limita las competencias autonómicas sobre los currículos formativos. El portavoz del PSOE en materia educativa, Mario Bedera, anunció una enmienda a la totalidad y un eventual recurso de inconstitucionalidad. En similares términos se pronunció el grupo parlamentario de Izquierda Plural.

“¿Cuenta la Religión para la nota media?”, le preguntaron al ministro José Ignacio Wert en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Cuenta para la nota media, pero cuenta en los mismos términos que Valores Éticos”, dijo él. Después de eliminar la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, como quería la Conferencia Episcopal, el tercer borrador del proyecto Wert colocó la asignatura de Valores Éticos como optativa a la Religión. Pero lo hizo de tal modo que quienes elegían Religión no podrían cursar ética. Esa exclusión fue señalada negativamente por el Consejo de Estado. Y la solución que Wert ha encontrado consiste en que se puedan cursar las dos asignaturas a la vez.

Desde hace 20 años, desde que el Gobierno socialista implantó la Logse, sustituida después por la Lode en vigor, la Religión no computaba en la nota media, un indicador imprescindible para obtener becas. Con la nueva ley volverá a computar, aunque Wert no dejó claro si se tendrá en cuenta en las solicitudes de ayudas. Sí contestó con claridad a una pregunta sobre su disposición a la negociación parlamentaria: “Vamos a intentar –dijo-- todo lo que esté en nuestras manos, aunque sin cambiar lo esencial de la ley”. Y a otra sobre el rechazo de la comunidad educativa y de la oposición política al proyecto, dando por hecho que la ley se aprobará con la mayoría absoluta del PP. “La Lode se aprobó por 181 votos y nadie ha objetado la falta de democracia”, recordó.

También ante una pegunta sobre la habilitación de cinco millones de euros para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña, donde la han solicitado 17 familias, el ministro señaló que esa cantidad es una estimación y que la disposición final del proyecto “garantiza la enseñanza en castellano con un mecanismo subsidiario en casos excepcionales”. Ese mecanismo consiste en adelantar el dinero a las familias que lleven a sus hijos a colegios privados para que reciban la enseñanza en castellano. Después el Gobierno descontará el importe de la transferencia a Cataluña para la financiación educativa.

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, encajó la decisión como una agresión, “una herida enorme” al autogobierno catalán y a la dignidad institucional, y dijo que la solución propuesta arranca de la “premisa falsa” de que los centros concertados y privados imparten la enseñanza en castellano y los públicos en catalán. Si el objetivo de Wert es “españolizar a los alumnos catalanes” y hacer cumplir la sentencia de 2010 del Constitucional sobre la lengua oficial del Estado como lengua vehicular junto con la cooficial, el catalán, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría reivindicó el derecho de todos los alumnos a conocer la cultura del país.

El Gobierno subsanó la carencia de estimación económica de la ley, detectada en el informe del Consejo de Estado, con un cálculo que, según Wert, “entre el ahorro por la compactación del Bachillerato y el aumento por el itinerario de Formación Profesional”, tendrá un coste de 22 millones de euros el primer año, 180 el segundo y 255 el tercero año. El objetivo del Gobierno es acogerse al Fondo Social Europeo para sufragar entre el 55 y el 65% de la Formación Profesional.

La Federación de Enseñanza de CCOO denunció la “quiebra de la equidad” mediante una “reforma de partido” que, con los recortes de 6.300 millones de euros desde 2010, supone una vuelta de tuerca a la “extrema gravedad del sistema educativo español” y se complementará en breve con una reforma universitaria que dejará la educación española en una situación de extrema vulnerabilidad. Por su parte, la FETE-UGT, criticó los aspectos más controvertidos del proyecto, exigió que lo retiren y calificó de “irresponsable” al Gobierno por imputar la financiación a las previsiones del Fondo Social Europeo para 2014-2020.