Moncloa da largas a la Convención de la ONU contra crímenes de lesa humanidad

Con un alarde de diplomacia, el Gobierno de Mariano Rajoy ha contestado al portavoz parlamentario de Izquierda Plural y secretario general del PCE, José Luis Centella, que “sigue analizando” la adhesión de España a la Convención de la ONU de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si no fuera por el desprecio que ha demostrado hacia la Memoria Histórica, se podría otorgar una cierta credibilidad a la afirmación del Ejecutivo, plasmada en papel con membrete oficial. Pero ocurre que desde que el PP llegó al poder, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría redujo a la mínima expresión los recursos (5 millones de euros) para la aplicación de la ley de la Memoria Histórica y la investigación y reparación de los crímenes del franquismo. Únicamente respetó las ayudas a las excavaciones y levantamientos de tumbas sin identificar en distintos lugares de la geografía española, con un coste ligeramente superior a dos millones de euros.

Después, ni siquiera esa ayuda se mantuvo en el Presupuesto de 2013 porque, según dijo la vicepresidenta con el desparpajo que la caracteriza, “ya se han dedicado bastantes recursos a la Memoria Histórica y ahora hay otras prioridades que atender”. La prioridad no confesada fue la imputación y el juicio al magistrado Baltasar Garzón por haber admitido la denuncia de las víctimas. Ya se sabe que los magistrados del Supremo, que inhabilitaron a Garzón por su investigación del caso Gurtel, se quedaron con su esfuerzo sin destino en el caso de las víctimas del franquismo y no sólo tuvieron que absolverle, sino también que oír desgarradores testimonios de los hijos y los nietos de decenas de torturados y fusilados sin juicio por los militares sublevados y sus acólitos políticos contra las instituciones democráticas de la II República.

Llovieron multas gubernativas de la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, contra algunos ciudadanos que, en apoyo a Garzón y en demanda de justicia, se manifestaron día tras día en la plaza de la Villa de París y en las calles adyacentes. Y aparte la esperanza depositada en la actuación de la Justicia argentina, se extendió otra vez sobre aquellos crímenes de lesa humanidad un manto de silencio parecido al de los “peligrosos” tiempos de la Transición plagados de golpistas y perdonavidas.

En estas estamos cuando el Ejecutivo se descuelga con la mencionada respuesta a Centella: “El Gobierno manifiesta que no ha firmado ni ratificado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La firma y ratificación de la convención fue un compromiso de la legislatura anterior que quedó reflejado en la medida 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos. En virtud de ese compromiso, se inició un análisis jurídico de las implicaciones de ese texto, tras el que debía decidirse la adhesión de España al mismo. Durante dicho proceso de análisis se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal, lo que retrasó el procedimiento de firma y ratificación. El análisis sobre la posible adhesión de España a este instrumento sigue su curso actualmente”.

La diplomática respuesta, con largas sine díe permite recordar un opúsculo en el que el magistrado Rafael de Mendizábal Allende, creador de la Audiencia Nacional, caracterizaba de “timorato, perifrástico y con verbos intermedios” el lenguaje diplomático. Su rasgo principal, decía, es el cinismo. Y puesto que “cínico” viene de can, canelo o perruno, que orina en público sin sentir vergüenza, no es menester añadir más.