El PSOE pide a la Fiscalía que actúe de oficio en la estafa masiva de las preferentes
En vez de ejercer la acusación popular en el tema de las "preferentes", como están estudiando los dirigentes de Izquierda Unida (IU), el Grupo Parlamentario Socialista anunció ayer martes, día 23, que va a pedir a la Fiscalía General del Estado que acuse a los directivos bancarios que estafaron a unas 300.000 personas vendiéndoles estos productos financieros de alta rentabilidad haciéndoles creer que eran depósitos ordinarios de ahorro. La portavoz socialista Soraya Rodríguez, que se reunió el jueves, día 18, con un grupo de estafados, estima que la mejor vía para reintegrarles el dinero es la acusación que debe ejercer el Fiscal General del Estado.
En ese sentindo, Rodríguez anunció que pedirán a la Fiscalía que ejerza la acusación de oficio, para lo que le remitirán los datos necesarios que demuestran que la comercialización de las preferentes fue "un engaño estructural" ideado y aplicado por los ejecutivos bancarios sobre los ahorradores. Según el análisis de la dirección socialista, "quien puede establecer una actuación de carácter general es la Fiscalía General del Estado". "Formularemos una denuncia al Fiscal General del Estado para solicitar que abra diligencias de investigación, poniendo en conocimiento hechos que conocemos a través de informes realizados por la CNMV, así como los constatados y demostrados por distintas sentencias favorables a los afectados", afirmó la portavoz.
Como explicó en una entrevista con cuartopoder.es el diputado socialista Antonio Hurtado, el número de personas afectadas por la estafa de las participaciones prefetentes comercializadas por 22 entidades bancarias, singularmente por Bankia, supera la cifra de 300.000 ahorradores. Tras el rescate bancario de la Unión Europea, el Gobierno ha decidido que las participaciones preferentes sean canjeadas por acciones de las entidades rescatadas (intervenidas y nacionalizadas), con unas pérdidas estimadas entre el 35 y el 70% de los depósitos. Esta operacion --canje por acciones o deuda perpétua-- equivale a cargar sobre los ahorradores un tercio del saneamiento bancario, como si fueran responsables de la gestión de las entidades y, consiguientemente, de la crisis, cuando, que se sepa, los suscriptores de preferentes carecían de representación en la dirección y en los consejos de administración de las entidades.
La estafa de las preferentes, en la que más de 220.000 ahorradores de Bankia están a punto de perder el 80% de sus depósitos, afecta a personas que depositaron su dinero de buena fe en los productos más rentables que les ofrecían las entidades bancarias sin darles a conocer las claúsulas abusivas ni las condiciones de su inversión. En muchos casos los engañados son personas mayores que confiaron en las cajas de ahorros de toda la vida. Incluso las indemnizaciones por los atentados del 11-M de 2004 fueron depositadas en participaciones preferentes. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido en la comisión correspondiente del Congreso la etiología del engaño y se ha comprometido a que los engañados recuperen el valor nominal de sus depósitos. Sin embargo, en la práctica, la única solución es el canje de las preferentes por acciones de las entidades intervenidas, es decir, el pago a valor de mercado para todos aquellos que tuvieren más de 10.000 euros invertidos.
Los socialistas aportarán a la Fiscalía los testimonios y las sentencias hasta ahora dictadas por las audiencias provinciales a favor de los estafados que demuestran que la comercialización de las participaciones preferentes fue una operación "estructurada" con características de engaño, apoyado en campañas publicitarias de las entidades y con un impacto masivo en los ahorradores. En esta operación, tal como denunció en el Congreso Antonio Hurtado basándose en las 25 sentencias firmes conocidas hasta ahora, participó activamente el actual ministro de Economía cuando era presidente ejecutivo de la banca Lehman Brothers para España y Portugal y emitía preferentes a través de varias entidades bancaria españolas.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario socialista ha pedido la comparecencia inmediata del ministro De Guindos para que diga en castellano y en sede parlamentaria lo que dijo en inglés a un diario estadounidense sobre las previsiones de recesión, más cercanas al -1,5% del PIB que del -0,5% consignado los Presupuestos de 2013. Para los socialistas es importante conocer las medidas gubernamentales ante la nueva previsión que acentúa la recesión y quiénes van a pagar los 10.000 millones de euros de ingresos y egresos del desauste presupuestario.
