El PP impone su regla hipotecaria y planta vallas contra los desahuciados

Nunca para aprobar una ley habían puesto vallas. Pero la de medidas hipotecarias, acordada por el PP con los representantes del sistema financiero, rechazando la dación en pago, requería vallas. De modo que a media mañana del jueves, 18 de abril, san Perfecto en el santoral, y antes de que acabara el pleno del Congreso, la brigada de intervención de la Policía Nacional (los antidisturbios) rodeó el palacio de las leyes con vallas convencionales y de somier y cerró la carrera de San Jeronimo desde la plaza de Neptuno a la calle de Cedaceros. Por la trasera del Congreso cerraron Zorilla y Marqués de Cubas. Todo para protegerse de los desahuciados.

Ya con el Congreso cercado, la Comisión de Economía, en competencia legislativa plena, despachó en hora y media la regulación gubernamental que afloja el dogal a los desahuciados al borde de la asfixia pero no evita los desahucios ni admite la dación de la casa en pago de la deuda contraída con los bancos. Como eso era lo que pedía la Iniciativa Legisltativa Popular, promovida por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), CCOO y UGT, entre otros, y avalada por un millón y medio de firmas, sus impulsores anunciaron que retiraban el texto.

Dijo el ponente del PP, Teodoro García Egea, murciano, ingeniero de telecomunicaciones, con vivienda y garaje sin hipoteca, que la normativa popular es cojonuda y beneficia nada menos que a 120.000 familias que no pudiendo pagar su casa tendrán dos años de mora con el módico alquiler de 150 a 400 euros al mes. “No sé de qué se quejan; me parece lamentable que utilicen el dolor ajeno para hacer política”, reprochó a la oposición, a la que tildó de demagógica y acusó de falta de colaboración para resolver el problema heredado del PSOE.

La exposición de ese Teodoro, avalada en los pasillos por Vicente Martínez Pujalte, fue tan convincente que los del PP votaron todos a una (23 votos a favor) y el resto, PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV, UPyD, Amaiur, ERC y BNG, se colocaron con los de detrás de las vallas, si bien, perdieron la votación (21 votos). La socialista Leire Iglesias desgranó casos de desahucios injustos y sangrantes que colocan a nuestro país, con más de tres millones de viviendas vacías, a la cabeza de la vulneración del derecho a techo. Pero los casos que describió no conmovieron al PP.

Adujo Iglesias que la dación en pago “no ha supuesto la quiebra para ningún país ni para el sistema financiero”, e invitó al PP a desmarcarse de los intereses de la banca con una acción decidida de “rescate a la familias”. Joan Coscubiella, de Izquierda Plural, pidió a los gubernamentales que no den la espalda a las familias ni hagan unas leyes al servicio de los poderes financieros porque pronto quedarán desbordadas por las resoluciones y sentencias de los jueces, que tienen, dijo, “infinitamente más sensibilidad que ustedes”.

Turris burris lo que dijeran Iglesias y Coscubiella. Habían puesto vallas. Y al pairo también lo que dijeron sus señorías de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán; de CiU, Lourdes Ciurò, y del PNV, Pedro Azpiazu. Dijo Ciurò que el texto gubernamental “no se adapta adecuadamente a la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo”. Pidió Azpiazu a los del PP que sean “valientes”. Por eso, porque son valientes, habían puesto vallas.

Y entre vallas para que los musculosos agentes entrenados para pegar a la gente pudieran contener mejor a los cientos de desahuciados y desahuciables de todas las edades e ideologías –incluidos algunos votantes del PP–, terminó la tramitación de un texto gubernamental que pretende atemperar una legislación hipotecaria draconiana, abusiva (véase la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia) y usuraria sin resolver la cuestión de fondo: la dación en pago con carácter retroactivo para librarse de la deuda cuando no se puede pagar la hipoteca y que no le embarguen a uno el sueldo, si lo tuviere, después de haber perdido la vivienda.

El PP no admitió enmienda alguna, aunque hizo una corrección a petición de sus aliados navarros de la UPN. El texto pasa ahora al Senado, donde recibirá el visto bueno de la mayoría conservadora antes de que acabe junio. No obstante, la nueva norma no resolverá el problema de los desahucios y desalojos propios del sistema draconiano de esclavitud hipotecaria y domesticidad laboral, de modo que las formaciones de izquierda, incluido el PSOE, anunciaron ayer mismo que presentarán nuevas iniciativas para modificar la ley hipotecaria y garantizar el derecho humano a la vivienda. Tras las vallas, de rabia e impotencia, alguna gente lloraba.