Hacia la tipificación terrorista del 'escrache'

Cuando más necesitábamos una palabra que deslindase las protestas de los desahuciados de aquellos métodos “violentos y coactivos” de “kale borroka” o lucha callejera que empleaban los grupos afines a ETA, nos llegó el “escrache” por vía urgente de allende el océano. El escrache es una prueba de la inagotable vitalidad del castellano. Nació en el Río de la Plata y se empleó, por decirlo de alguna manera, como la otra cara de la amable “serenata”.

Cuentan que en Buenos Aires y en Montevideo se realizaron escraches ante los domicilios de los represores de las respectivas dictaduras y que por eso la Academia Argentina de Letras definió el vocablo en su Diccionario del Habla de los Argentinos como “la denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas frente a su domicilio particular o en lugares públicos”.

Según informan en Wikipedia, el escrache podría derivar del localismo rioplatense “escracho”, que en el siglo XIX ya equivalía a nuestro “timo de la estampita”, o del genovés “scraccé”, que se traduce como “retrato” o “fotografía del rostro”, y fue verbalizado por las bandas porteñas (escrachar) y conjugado como "partir la cara". Esta es la acepción preferida por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y su adjunto operativo, Eugenio Pino, según la interpretación que los agentes pueden dar a su última circular contra quienes participen en pacíficos escraches.

Decía que necesitábamos esa palabra porque, como es sabido, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a la que debemos suponer persona bien informada y de buena crianza, ha atribuido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) conexiones directas con las formaciones independentistas vascas Bildu y Amaiur y equiparado sus concentraciones ante los domicilios de algunos significados legisladores del PP con métodos “cercanos a la kale borroka”. De sus palabras se deduce el inequívoco afán de aplicarles la ley antiterrorista, lo que, de paso, agregaría carga de trabajo a la Audiencia Nacional y contribuiría al retraso de la instrucción sobre gurtélidos y barceniegos hasta el olvido, la podredumbre temática y las próximas elecciones.

Cuando, hace dos meses, la dirigente de los desahuciados, Ada Colau, dijo en la comisión de Fomento que si no aceptaban a trámite la Iniciativa Legislativa Popular -respaldada por más de un millón y medio de firmas- con los preceptos básicos de la dación de la vivienda en pago de las hipotecas y la paralización de los desalojos, perseguirían a sus señorías allí donde estuviesen, los diputados del PP calificaron sus palabras de “amenaza intolerable”. Dos semanas después admitieron a regañadientes la iniciativa popular, pero, finalmente, han anulado la dación en pago con sus enmiendas.

Colau no concretó entonces cómo los más activos entre el medio millón de trabajadores que han perdido sus casas al perder el empleo y no poder pagar la hipoteca, iban a canalizar esa "intolerable amenaza" a los políticos gazmoños que, hoy del PP y ayer del PSOE, han perpetuado un régimen de injusticia e indignidad a favor de la banca y la especulación y en contra de los derechos humanos y constitucionales, comenzando por el derecho a la vida. Pero, puesto que los desalojos seguían y prosiguen a un ritmo imparable, enseguida supimos que la amenaza consistía en concentrarse pacíficamente ante los domicilios de algunos políticos conocidos y en colocar carteles contra los desahucios y en dar la tabarra y en gritar “¡sí se puede!” hasta la afonía.

¿Puede haber alguna duda de que la protesta desesperada de los desahuciados, con sus familias viviendo en caravanas y durmiendo por cientos en el aeropuerto de Barajas -como podrían comprobar bastantes políticos si quisiesen hacer una pausa en sus idas y venidas gratis total-, guarda una estrecha relación con las coacciones y las amenazas de los grupos “proetarras”? ¿Verdad que no? Si Colau hubiese aclarado la intención de los desahuciados de organizar escraches delante de los tranquilos portales de sus pulcras señorías, por lo menos habría colaborado a una reforma urgente y en lectura única del Código Penal para añadir el escrache a las formas de delincuencia terrorista. Pero está claro que la dirigente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no es de fiar. De modo que mientras sus señorías esperan la próxima reforma penal del ministro Alberto Ruiz Gallardón, el hombre fuerte de Interior, Cosidó, sólo ha podido ordenar a la policía que fiche, disuelva y detenga si llega el caso a "los hostigadores". ¿A qué domicilio remitirá Cifuentes las multas a los escrachadores?

Vídeo #DeAfectadoaDiputado realizado por la PAH. / afectadosxlahipoteca (YouTube)