El gobierno tiene ya sobre la mesa todos los desenlaces posibles del conflicto catalán. "Y -afirma un miembro del gabinete de Mariano Rajoy- tenemos una respuesta prevista para cada uno de ellos".
Todos los escenarios parten de un mismo supuesto: la convicción de que el gobierno catalán, con Artur Mas al frente, seguirá con su hoja de ruta hasta el final y convocará la consulta sobre la independencia de Cataluña aunque no se ajuste a la legalidad constitucional y a sabiendas de que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional el referéndum y que la suspensión cautelar del mismo está garantizada. "El gobierno de la Generalitat sabe positivamente - explica un dirigente del PP- que lo vamos a hacer, porque se lo hemos hecho saber por tierra mar y aire. El que avisa no es traidor". A partir de ahí, en los cálculos del gobierno de Rajoy, se abren diferentes escenarios a los que dicen tener preparada una respuesta.
El escenario ideal y por el que suspiran desde Moncloa es el que pasa por que Artur Mas acate la suspensión del Tribunal Constitucional. En los sueños más felices del Ejecutivo, Artur Mas sencillamente acata el dictamen del Tribunal Constitucional y no celebra la consulta. En esa misma línea de las mejores opciones a ojos del gobierno Rajoy, esa renuncia podría dar paso a una actitud de reproche al gobierno de España y poco más, o a una ruptura entre CiU y ERC, opción que no desagrada en absoluto al equipo de gobierno de Rajoy. De hecho, algunos miembros del PP trabajan para abonar una posible colaboración del PP catalán y el PSC para permitir a Mas sacar adelante sus presupuestos e iniciativas más urgentes y seguir al frente del Ejecutivo catalán. No obstante, quienes se autoproclaman "los más realistas", dentro de la dirección del PP, conceden escasísimas probabilidades a cualquiera de estas opciones.
Más predicamento, sin duda, tiene dentro del PP el supuesto de que Artur Mas, al ver abortada la consulta que ha sido objetivo fundamental de su acuerdo de legislatura con ERC, disuelva el Parlamento catalán y convoque elecciones. "Sería -argumenta un ministro muy cercano a Rajoy- una opción factible. Si finalmente fuera ese el desenlace del conflicto catalán, tenemos claro que Mas imprimiría un marcadísimo carácter plebiscitario a los comicios. Pero en ese caso estaríamos frente a un problema político, que, aun siendo un problema, es preferible a un desafío legal. Lo realmente grave sería que un presidente autonómico no acatase la legalidad vigente". Precisamente, éste es el último supuesto que maneja el gobierno de Rajoy. Y es el que menos le gustaría que se produjese. Nadie en el gobierno ni en el PP quiere ver a Artur Mas "en el monte". "Eso- señala el ministro mencionado- no lo hizo ni Juan José Ibarretxe".
Aseguran en el PP que al gobierno "no le temblará el pulso a la hora de gestionar cualquiera de los supuestos, incluida la desobediencia de la legalidad vigente". La fórmula, dicen, consiste en no perder la calma e ir, paso a paso, aplicando y obligando a cumplir la legalidad con las armas del Estado de Derecho en la mano. Pero, cuando se les pregunta por un escenario hipotético en el que el Gobierno de la Generalitat mantuviese la consulta, pese a todo, y mandase a la policía autonómica, los mossos d'Esquadra, a velar por la buena marcha de la misma, descartan que otras Fuerzas de Seguridad del Estado fuesen a los colegios electorales a impedir la consulta y la vulneración de la ley. Dicen tener un plan, pero no quieren ni mencionarlo, quizás por no invocar la mala suerte.