La auditoría interna del PP está llena de agujeros

La auditoría interna de las cuentas del PP ha quedado reducida a un sucinto informe de ocho folios en el que no figura pesquisa alguna sobre la contabilidad paralela de dinero negro que aparece en los papeles atribuidos al tesorero Luis Bárcenas. Frente a la contundencia de los datos del imputado en la trama Gurtel, la investigación interna ha excluido de la declaración jurada de honorabilidad a los dirigentes de “designación directa” del presidente del partido, es decir, José María Aznar y Mariano Rajoy, sucesivamente. Uno de los excluidos es Federico Trillo Figueroa, actual embajador en Londres y responsable de derechos y libertades públicas del PP. Trillo fue nombrado “vocal” por Rajoy y figura en los papeles de Bárcenas como receptor de once entregas que totalizaron la cantidad de 185.256 euros.

Es sólo un dato, aunque no el único, sobre la fragilidad o falta de rigor y fiabilidad de la famosa auditoría interna. La “declaración jurada” de los altos cargos del PP desde 1995 hasta el día de hoy --uno de los argumentos más exhibidos frente a las “insinuaciones” de financiación paralela y entregas de dinero negro-- debe ser interpretada como una cortina de humo o, si se quiere, como un gesto de buena voluntad de los dirigentes, ya que carece de valor jurídico. Según algunos expertos del propio partido, en el que no faltan fiduciarios públicos, para que esas declaraciones, firmadas en primer lugar por María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Esteban González Pons, tuviesen el mínimo valor legal, deberían de haberse formulado ante un notario y no ha sido así. Es el segundo agujero de la credibilidad del ejercicio de supuesta transparencia.

Aun así y todo, la nueva tesorera, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, señala en el informe que presentó el sábado ante el Comité Ejecutivo Nacional que del listado de dirigentes a los que se ha pedido la declaración han quedado también excluidos los presidentes autonómicos que no forman parte “estricto sensu” de la estructura orgánica de la dirección nacional del partido. Se comprende el duro papel de la tesorera encargada por Rajoy y Cospedal de la revisión interna si hubiese tenido que pedir declaración de probidad a su antiguo superior en el Ministerio de Sanidad, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, quien junto al exministro del ramo, sucesor de Bárcenas en las finanzas y actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, fue su valedor en el difícil cargo que ocupa.

Del informe se excluyen asimismo “los vocales electos”. Con ello, algunos dirigentes concernidos por los supuestos regalos y obsequios de los cabecillas de la trama Gurtel  –viajes de placer, fiestas de primera comunión de los hijos, etcérera--, caso de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y de la alcaldesa de Cádiz y diputada nacional Teófila Martínez, receptora de 30.000 euros en la contabilidad barceniega, han quedado exonerados de la declaración de honradez. A estos agujeros se añade el hecho de que algunos no han podido todavía presentar la declaración “por motivos de agenda”, aunque se espera que “este trámite pueda estar terminado en los próximos días”, según el texto del informe de Navarro.

El informe sostiene que las cuentas del PP están saneadas y dice que de la revisión de la contabilidad de la sede central a lo largo del periodo 1995-2012 “con el objetivo de ratificar la inexistencia de irregularidades” no se desprende fallo o irregularidad alguna y que los informes del Tribunal de Cuentas siempre han sido favorables. El equilibrio presupuestario ha sido la tónica. El PP nunca ha tenido problemas de financiación a lo largo de esos años. Bien al contrario, salvo en los años electorales 2000 y 2004, “siempre ha terminado el ejercicio con resultado positivo”, lo que ha permitido ayudar a la organización territorial y hacer frente a la amortización del préstamo hipotecario sobre la sede central.

El informe afirma que el 95% de los ingresos totales procede de las subvenciones del Estado y cifra los donativos en 11,8 millones de euros, lo que supone el 2,30% de la financiación total del PP en esos años. De esas donaciones, 8,4 millones fueron anónimos hasta 2007, año en el que en la ley de financiación de partidos exigió que fueran nominales. Aunque las cifras contrastan con la contabilidad B de Bárcenas, que alcanzó 33 millones de euros, se aproximan a los ingresos que el anterior tesorero realizó en una cuenta del partido en antiguo Banco de Vitoria (después Banesto) para donativos al partido.

El informe de Navarro asegura que todos los dirigentes y empleados con nómina del partido estaban sometidos a los correspondientes descuentos fiscales. Los proveedores y colaboradores, también. Y los dirigentes que cobraban sueldos del Parlamento y de otras instituciones públicas y recibían además remuneraciones mensuales del partido en concepto de “gastos de representación” –casos de Rajoy, Arenas, Trillo, el propio Fraga que en paz descanse, Cospedal y muchos otros-- experimentaban los descuentos del IRPF correspondientes a esas cantidades. Ahora, los que cobran del Gobierno y de las instituciones pueden recibir adelantos del partido para gastos, pero han de justificarlos.

El documento subraya que la contabilidad desde 2004 -año en que Rajoy sustituyó a Aznar en la presidencia del PP- hasta el día de hoy se puede consultar al detalle y que la anterior también puede ser revisada por una de las tres “auditoras del máximo nivel” con las que la dirección del partido se ha puesto en contacto para recibir sus ofertas. Como se sabe, un grupo de agentes e inspectores de la Agencia Tributaria se ha ofrecido voluntariamente y sin contraprestación empresarial a realizar la auditoría externa, pero los dirigentes del PP han dado su oferta por no oída. Prefieren pagar a una empresa especializada. También en lo ateniente a la transparencia, el que paga los violines elige la música.

Por otra parte, el anuncio del presidente Rajoy de que colgará esta semana en la web de La Moncloa su declaración de renta y patrimonio no constituye una gran novedad si tenemos en cuenta que la ley obliga a todos los miembros del Gobierno, incluidos secretarios de Estado y subsecretarios, a publicarlo anualmente en el BOE. Rajoy cobró legalmente 95.000 euros del PP por sus funciones de "representación" como presidente del partido y, según su declaración de renta y patrimonio, publicada por el Congreso de los Diputados en 2011, obtuvo unos 25.000 euros en bolsa, intereses y arrendamientos, y  posee cinco inmuebles entre Madrid, Pontevedra y Canarias.