Los sanitarios en huelga delatan a los mercaderes de la salud

Cuando sube al autobús, el paciente Gregorio C tiene la sospecha de que su viaje va a ser inútil, pero recuerda el aforismo de Bergamín: “Cuando te vas a enterar de que vayas a donde vayas no vas a ninguna parte”, y sonríe para sí. Luego, a medida que se acerca al edificio de hormigón rodeado de carreteras en mitad de la nada, ve las pancartas anunciando la huelga de los sanitarios y deletrea los carteles pegados en los ventanales: “Se vende”. Entonces se acuerda del Beni de Cádiz y de su amigo el cojo Peroche. Iban el cantaor y su compadre por la calle cuando vieron a unos albañiles colocando una placa en lo alto de un portal: “Aquí nació y vivió don José María Pemán y Pemartín”. Al leer esto, Peroche pregunta a Beni: “Quiyo, cuándo yo me muera ¿qué pondrán en mi casa?” Y Beni le contesta sin dudar: “¡Se vendeee!” Ya es mala leche, piensa Gregorio C y sonríe para sí. Dicen que es bueno reír, que de niños nos reímos trescientas veces al día y luego nada.

A las 8:30 de la mañana, el paciente baja del autobús frente al Hospital de Arganda (Madrid), oficialmente llamado del Sureste, y se topa con un centenar de médicos, ayudantes y personal de enfermería concentrados ante la puerta principal en señal de protesta contra el plan de privatizaciones decretado por el presidente autonómico madrileño, Ignacio González. “Estamos de servicios mínimos”, le informan. Camina hacia el mostrador de citas y, tras una corta espera, una de las dos señoritas de atención al público mira su tarjeta sanitaria, teclea en un ordenador y con gesto rutinario le entrega el folio impreso que ha salido de estampida de la oscura ranura de la impresora.

“¿Ustedes no hacen huelga?”, pregunta a la señorita. “Los de administración somos de una empresa privada, tenemos contratos temporales y no nos la podemos jugar”, le contesta antes de indicarle que puede firmar para solidarizarse. Gregorio C empuña el bolígrafo, pone nombre, apellidos, número de identidad y firma con pulso enérgico. ¿Cómo no va a firmar si tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, si somos el segundo país con mayor esperanza de vida femenina y el tercero masculina del mundo, si año tras año quedamos campeones en donación de órganos y encabezamos el ranking mundial de trasplantes? Luego pregunta a la señorita cómo se explica que un hospital construido y explotado por la iniciativa privada esté en venta. Ella le aclara: “Ya, pero la asistencia sanitaria es pública y eso es lo que quieren privatizar; se vende nuestra salud”, y le entrega una hoja titulada “Sanidad en huelga”.

El paciente llega al final del pasillo, donde otra señorita le entrega las etiquetas para la extracción de sangre. Mientras aguarda en la larga fila lee la hoja: “¿Por qué estamos en huelga? Porque los profesionales de la sanidad queremos frenar el plan de la Comunidad de Madrid que incluye la privatización de hospitales (seis) y centros de salud (veintisiete) y el despido de miles de trabajadores” La cosa es muy seria, piensa, y sigue leyendo: “Se vende un patrimonio público a una empresa privada que va a gestionar estos hospitales para sacarles el máximo rendimiento económico, obteniendo rentabilidad de la enfermedad de los ciudadanos”.

La fila avanzaba lentamente y el paciente lee otro párrafo: “¿Afecta esto a los pacientes? Por supuesto. Si el dinero que invertimos en sanidad se va a repartir entre la atención a su salud y los beneficios económicos a las empresas privadas, la atención a su salud se va a ver recortada. Los pacientes se dividirían en “rentables”, atendidos por los hospitales privatizados y “no rentables”, atendidos por una sanidad pública mermada”. En ese momento, Gregorio C es más consciente de la importancia de una huelga que proseguirá el 4 y 5 de diciembre y de los encierros y vigilias del personal sanitario, pues no sólo defienden sus puestos de trabajo, sino también una asistencia de calidad para todos los ciudadanos.

Una enfermera le informa de que en los hospitales que quieren entregar a las empresas privadas –caso del de Getafe--, los gerentes (pro PP y del PP) han comenzado a hacer méritos amenazando al personal de enfermería con suprimirles los complementos –tres cuartas partes del sueldo-- si no aceptan la nueva situación. “Se encerraron el sábado, 24 de diciembre y están dispuestos a permanecer indefinidamente hasta que retiren el plan”. La lucha es seria. Les amenazan con dejarles el sueldo en 400 euros mensuales si no firman la rendición, pero se han organizado y han creado cajas de resistencia. ¿Entrarán los antidisturbios? ¿Irrumpirán esas nuevas unidades policiales que ya ha puesto en marcha la delegada del Gobierno, Cristina Cienfuentes?

“¿Ustedes no hacen huelga?”, pregunta el paciente a la enfermera que le va a pinchar el brazo para sacarle cuatro frasquitos de sangre. “Ya nos gustaría, pero estamos de servicios mínimos. A la manifestación de esta tarde sí iremos; hay que impedir que esos desalmados se apoderen de lo público”. El paciente pregunta quienes son “esos” y la veterana enfermera le mira sorprendida: “¿Sabía usted que la mujer de ese Ignacio González (presidente de la Comunidad de Madrid) es la adjunta del presidente de la patronal madrileña, Arturo González, que tiene decenas de concesiones oficiales de bares y cafeterías, incluidas las del Congreso de los Diputados?”

Se ha agotado la fila de personas para extracciones, el hospital está bajo mínimos, sólo funcionan las urgencias, y en la sala se monta una pequeña asamblea. Un médico asegura que la cuñada del presidente González, el elegido de Aguirre e introductor del capital privado en el Canal de Isabel II, Isabel Cavero, cobró 173.000 euros el año pasado como vocal del consejo de la corporación Cibeles de Caja Madrid. Ahora sitúan al expresidente de la entidad y del nacionalizado grupo Bankia, Rodrigo Rato, detrás de la sociedad Capio junto con Ignacio López del Hierro, marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores. Pero no hay evidencia documental ni se conoce el consejo de administración de tal sociedad. López del Hierro asegura a cuartopoder.es que no tiene nada que ver con esa entidad, que ya ha conseguido la concesión de los hospitales de Móstoles y Collado Villalba, aunque éste no ha sido inaugurado por falta de presupuesto para material.

En realidad, Capio es la cabeza de puente de supuestos inversores extranjeros para hacer negocio a partir de la concesión de hospitales públicos. Ellos se quedan con la gestión y rentabilizan los centros ajustando las nóminas y el personal vía expedientes de regulación de empleo por un lado, cobran la intervención sanitaria a la Administración y ponen precio a las habitaciones y los servicios de hostelería que pueden acabar pagando los pacientes en función de su nivel de renta. Ya lo dijo el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que por algo ha sido director general de la FAES de Aznar y secretario ejecutivo de Estudios y Programas del PP de Madrid de 2004 a 2011: “¿Por qué tenemos que ayudar a todos los ciudadanos con independencia de su renta y darles gratis o casi gratis los servicios públicos?”

Con ese planteamiento se comprende que el ultraliberal Lasquetty, siempre cerca de Aznar y de Aguirre, haya aceptado y elevado al superior González el plan de su director general de hospitales, Antonio Burgueño Carbonell, exdirector médico de la aseguradora privada Adeslas en los años noventa. Burgueño, de 70 años, llegó a la Administración de Aguirre en 2008, después de trabajar para empresas sanitarias como Ribera Salud –que se hizo cargo del ruinoso hospital de Alzira en la Comunidad Valenciana-- y la mencionada Capio. Desde su puesto ha adjudicado a Ribera Salud el hospital de Torrejón y a Capio los ya mencionados de Móstoles y Collado Villalba. Pero el salto definitivo y la eventual fusión de las dos sociedades mencionadas, pasa por el plan privatizador que además de querer liquidar el Hospital de la Princesa como centro de referencia –la lucha de los sanitarios ha frenado la intentona-- pretende convertir otros seis hospitales en centros de negocio. Y para que todo quede en casa, los sanitarios en huelga no olvidan que un hijo del autor del plan privatizador, Antonio Burgueño Jerez, es el jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud.

Decía el consejero Lasquetty en la entrega de un galardón a su homólogo de Castilla y León que “los directivos sanitarios deben ejercer su liderazgo en diálogo con los profesionales del sector”. ¿Y el señor consejero y su superior González no necesitan dialogar? Mientras espera el autobús, el paciente Gregorio C lee el último párrafo del folio de los sanitarios en huelga: “Los profesionales sabemos que se puede ahorrar mucho con una buena gestión de la sanidad y queremos aportar soluciones que además ahorren a largo plazo”. Cuando  sube al autobús sospecha que ni les quieren escuchar porque eso estropearía el negocio. “Se vende”. Y debajo: “Tu salud”.