El 15-M acumula un cuarto de millón de euros en multas

Aníbal Malvar *

Desde su nacimiento en la primavera de 2011, el movimiento 15-M acumula casi un cuarto de millón de euros en multas. Al menos esa es la cifra que manejan desde Comisión Legal Sol, un grupo de abogados que asesora a los indignados en su constante pulso con la policía y la justicia. Esta cifra es una aproximación, ya que dicha comisión legal desconoce si otras sanciones se han recurrido por otras vías, como, por ejemplo, ha sucedido con el convocante legal del Rodea el Congreso del 25-S. Un particular que, al margen de los organizadores, tramitó el papeleo ante la Delegación del Gobierno para que ésta legalizara la manifestación, y que se enfrenta ahora a una sanción administrativa que podría alcanzar los 6.000 euros.

La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, señala en el artículo 4.2 que “del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas”. La Comisión Legal Sol se puso en contacto con este individuo, que rechazó ser asesorado legalmente por la misma. Al menos de momento.

Se desconoce cuántos expedientados más habrán optado por pagar o por recurrir las multas por otras vías. Los asesores legales de los indignados manejan en este momento 700 expedientes que podrían alcanzar los 225.600 euros en multas, según sus propias estimaciones.

“Esta práctica, que se está convirtiendo en sistemática, es una represión de baja intensidad, con características propias pero tan indeseables como la de cualquier otra técnica represiva de la disidencia”, señalan en un comunicado difundido esta semana.

Además, califican de “particularmente ruin” esta persecución a través de sanciones pecuniarias “en un contexto de crisis económica”, ya que “se reprime la movilización ciudadana precarizando aún más a quienes protestan por las consecuencias de la precariedad”.

Los asesores legales del 15-M advierten de que “la mera participación en una concentración en ningún caso es sancionable, haya sido o no la concentración previamente comunicada”. Sin embargo, la policía se ampara en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que obliga a los ciudadanos a identificarse si un agente se lo solicita. Tras estos controles rutinarios, de manera indiscriminada, según la Comisión Legal Sol, se elaboran “informes policiales que vinculan el carácter no comunicado de la concentración con la imposición de una multa”.

En conversación telefónica con cuartopoder.es, apuntan que el modus operandi de la policía ha cambiado en las últimas manifestaciones: “Antes hacían identificaciones masivas y decían a la gente que abandonara la manifestación, pues no estaba autorizada. Las sanciones se tramitaron, precisamente, contra la gente que se negó a abandonar. Ahora es distinto. Parece que pretenden sancionar a los identificados como organizadores. Y para eso tienen que aportar pruebas. La gente identificada no sabe qué hacer. Estamos desbordados de llamadas”, concluyen.

Juan Moreno Yagüe, abogado de 15MPaRato, coincide con este diagnóstico: “Es una aberración tratar a los asistentes a las manifestaciones como convocantes sin más indicios. Hay que aportar pruebas. En el otro caso, si la policía le comunica a un manifestante que la concentración no está autorizada, eso no es problema del manifestante, que podría ser cualquier persona que paseara por allí. ¿Por qué sabe usted que yo soy manifestante? No tiene ni pies ni cabeza”.

Por su parte, los organizadores reales de las concentraciones llevan meses utilizando claves, en sus comunicaciones en la red o telefónicas, para no ser identificados como tales y multados. No se trata de elaboradas encriptaciones ni de juegos de espía. “Basta con decir: me he enterado de que tal día en tal sitio van a hacer tal. Y ya estás convocando sin aportar ninguna prueba”, señala el portavoz de Democracia Real Ya.

De momento, ahí están las multas. Casi un cuarto de millón de euros de los que la Comisión Legal Sol tenga constancia. “Pero puede ser mucho más dinero”, reconocen. Algunos abogados del 15-M ya están empezando a desviar los ojos hacia Estrasburgo: allí tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(*) Aníbal Malvar es escritor y periodista.