El Gobierno defiende en el Congreso la 'ley Adelson' que libra al magnate de impuestos

El Gobierno de Mariano Rajoy madruga este martes, antevíspera de difuntos, para aprobar en el pleno del Congreso la ley Adelson de supresión de impuestos al magnate de Eurovegas. Será una sesión muy cargada, en la que los estrategas parlamentarios del PP esperan que la excepcionalidad fiscal al magnate del vicio quede solapada por la reprobación del “españolizador” de los alumnos catalanes y ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, promovida por el Grupo Socialista.

La ley Adelson recibe el nombre de “proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica”. Y el “¡Manda huevos!” que exclamaría el inefable Federico Trillo, ahora embajador en Londres, no vendría provocado por el opaco enunciado, sino por el hecho de que millones de ciudadanos protestando en las calles contra las decisiones antisociales e injustas del Gobierno hayan tenido menos influjo que el imputado magnate estadounidense de la ludopatía.

En efecto, al tiempo que suprime la desgravación por la compra de la vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013, así como por las cuentas-vivienda y las obras de rehabilitación pagaderas hasta 2017, el Gobierno decide dejar exentos de la tasa de juego todos los premios hasta 2.500 euros. Es el primer favor a los casinos y máquinas tragaperras de Adelson. Los premios de cuantía superior serán gravados con el 20% por el establecimiento, lo que objetivamente facilita el blanqueo de capitales de origen criminal y constituye un escupitajo largamente elaborado a todos los trabajadores, que pagan un promedio del 23% de sus salarios en el impuesto sobre la renta.

La norma añade dos nuevos apartados al artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos –todavía el derechista Sheldon Adelson no ha dicho si el de Alcarcón u otros gobernados por el PP en la región de Madrid-- establezcan “una bonificación (del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI) de hasta el 95% por la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración”. El precepto añade que la declaración se acordará por el Pleno Municipal y “por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

Antes del debate del jurásico monumento a la arbitrariedad fiscal para una causa tan productiva y noble como la promoción del vicio y la desintegración del ser humano, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, realizará su penúltimo llamamiento a los evasores para que se acojan a su “amnistía fiscal” antes de que el 30 de noviembre se les acabe el plazo. Para ello les mostrará “el reverso penal” con una reforma del Código Penal que eleva el castigo por fraude fiscal de especial gravedad hasta 6 años de cárcel, prolonga hasta 10 el plazo de prescripción de la deuda y permite cobrarla, pues el proceso penal no interrumpirá el administrativo.

Según algún miembro del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón deseaba aparecer como protagonista del endurecimiento de las penas contra los delincuentes de cuello duro y cara de feldespato, pues necesita popularidad como candidato a suceder a Mariano. Pero Montoro posee argumentos de peso para no cederle el protagonismo y explicar una reforma que sitúa el delito fiscal en 50.000 euros cuando se trata de impuestos europeos y lo mantiene en 120.000 al sistema fiscal propio y de Seguridad Social, lo que no beneficia un ápice a Iñaki Urdangarín y asociados.

El principal argumento de Montoro radica en el fracaso por ahora de su amnistía fiscal. Ni con unos tipos ridículos del 8 y el 10% para las regularizaciones de fondos en el extranjero o en España, respectivamente –Alemania impuso el 40% en 2002--, ha conseguido recaudar los 2.500 millones de euros que presupuestó. A finales de julio sólo habían aflorado capitales con una recaudación fiscal de 50,4 millones, un 2% de lo previsto, según datos oficiales. Aunque el ministro confía en la típica idiosincrasia española de dejarlo todo para última hora, necesita defender su propio fiasco y acusar a los socialistas del fracaso de su “regularización” por haberla recurrido ante el Tribunal Constitucional, con la consiguiente “inseguridad” para los defraudadores.

En realidad, el recurso de inconstitucionalidad del PSOE no atacaba la decisión, sólo detectaba “un perjuicio de 6.500 millones de euros” para las arcas públicas por no aplicar a los defraudadores los tipos o gravámenes que pagamos los ciudadanos honrados o, como le gusta decir a Rajoy, “la gente decente”. Esa cantidad equivale a los recortes en Educación y Sanidad –repago farmacéutico incluido-- decretados a por el Ejecutivo al mismo tiempo, en marzo pasado, para reducir el déficit público.