La mayoría absoluta del PP en el Parlamento se ha comportado bastante mal con los mineros y sus familias. Cuando sus dirigentes sindicales fueron al Congreso, en vez de escucharles, les desalojaron. Cuando sus mujeres llevaron al Senado la reivindicación vital, el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, dio orden de expulsarlas. Cuando el senador socialista Ibán García quiso entregar a Mariano Rajoy un casco de parte de los mineros encerrados en el pozo Santa Cruz del Sil, una policía de la escolta del presidente se apresuró a impedirlo, le tiró de la manga y quería echarle del hemiciclo del Senado. Cuando el veterano parlamentario y exalcalde de León, Juan Morano, se negó a refrendar con su voto un Presupuesto que no respeta el pacto del carbón y aboca al cierre de las explotaciones, la dirección del PP se aprestó a anunciar su expulsión, aunque, para ahorrarle el trabajo, el propio Morano se largó al Grupo Mixto.
Estos y otros episodios parlamentarios de los tres últimos meses –vale incluir la oferta de la lámpara minera del diputado Trevín al ministro Soria López o la llamada al orden del presidente del Congreso, Jesús Posada, al socialista palentino Julio Villarrubia– se han registrado mientras los mineros emprendían una huelga indefinida que ya cumple cuarenta días. Para evitar la represión armada contra su protesta –barricadas, cortes de vías y autovías, y lanzamiento de cohetes voladores– y no trastornar más a viajeros y transportistas, abrieron esa válvula de la marcha a pie hasta Madrid que, tras el lunes de descanso, termina esta noche en Sol.
Es probable que la mayoría absoluta del PP siga sin querer entender el mensaje, cuyo lema más gráfico es: “Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”. Y no hay que descartar que el Gobierno acuse a los sindicatos de alterar el orden público y les impute cualquier desgracia. Ya es paradójico que el pleno del Congreso se reúna el miércoles mientras los mineros se manifiestan y la mayoría absoluta del PP rechace abordar el problema. Aunque está pendiente de debate y votación una moción de la socialista asturiana Marisa Carcedo que contribuiría a resolver el conflicto, el pleno está tasado a la información de Rajoy sobre los acuerdos de la cumbre europea de hace 15 días, o sea, el “rescate bancario”, y, si lo tiene a bien, a la explicación de las nuevas cargas que anuncia contra los consumidores, los asalariados y los desempleados.
¿De qué estamos hablando? “De apenas 200 millones de euros”, explica el diputado asturiano de IU, Gaspar Llamazares, el primero en denunciar el incumplimiento del pacto del carbón y en presentar enmiendas para evitar el brutal ajuste presupuestario que adelanta a 2012 la rebaja de la ayuda prevista en 2018. En el último pleno del Congreso, el 27 de junio, Cayo Lara preguntó al titular de Industria si considera “comprensible” que no haya 190 millones para la minería mientras se piden 100.000 para tapar el agujero de la banca, se dan amnistías a los grandes defraudadores, se avalan 290 millones a las concesionarias de las ruinosas autopistas que trazó en Madrid la presidenta Esperanza Aguirre.
En su argumentación Lara invocó la promesa que hizo Rajoy el 12 de marzo de 2011 en Gijón de incluir el carbón en la política energética y pidió a Soria López que renuncie a pasar a la historia como “el ministro que ayudó a liquidar las comarcas mineras y atacó las energías renovables”. Pero para Soria y el propio Rajoy, turris burris lo que diga Cayo Lara, pues sólo con citar el déficit que dejó el anterior Gobierno (sin mencionar a las autonomías gobernadas por el PP y sus afines), se justifica la quita a las comarcas mineras en 2012, y con sólo leer los párrafos que interesan sobre el plan de reducción de ayudas a la minería entre 2013 y 2018 que el anterior Gobierno remitió a Bruselas, se demuestra que la liquidación de la minería es obra de Zapatero y su ministro Sebastián.
Según Soria López, si 2011 había un presupuesto de 1.078 millones, que el acuerdo de no disponibilidad adoptado por el nuevo Gobierno el 30 de diciembre, dejó en 755 millones, y para 2012 se han presupuestado 655 millones, eso quiere decir que la bajada es del 39,2% y no del 63% como argumenta la oposición. En su respuesta a Lara, el ministro añadió una frase para la historia: “No hay ni un solo sector en toda la economía española, desde luego no lo hay en el sector industrial, que tenga un mayor aporte de recursos públicos que el sector de la minería”.
¿Eso quiere decir que los mineros son unos privilegiados y protestan sin fundamento? No. Según la socialista Carcedo, el ministro “estaba mintiendo”. Y así se lo dijo en una interpelación. “No engañe, no nos diga que la reducción de las ayudas a la explotación es del 40%, por favor, que sabemos leer los presupuestos. Esa es la disminución global del Instituto del Carbón, pero no es la disminución de las ayudas a la explotación, que es del 63%”, le espetó antes de pedirle que “no mienta”, que no es la minería el sector más socorrido precisamente y que deje de demonizar a los mineros.
Las ayudas a la producción se fijaron en 301 millones y han sido reducidas a 111 millones. Esa es la verdad. Luego ya, para infraestructuras eran 167 millones y los han reducido a 101,6, las ayuda a las empresas era de 167 millones y la han bajado a 39, para formación y becas eran 56 millones y las han bajado a 2, y para seguridad minera se firmaron 12 millones y los han reducido a 0 euros.
Y algo más le dijo Carcedo a Soria López: “Cumpla el plan que el Gobierno socialista tramitó en Bruselas, con el que consiguió afianzar el sector hasta el año 2018. Y en 2018 ya hablaremos. Merkel está tomando decisiones y la investigación sobre la combustión limpia del carbón está avanzando. Póngase como quiera, pero el carbón va a ser un recurso energético cuyo consumo en el planeta va a ir en aumento, aunque la prueba del nueve de lo que ustedes quieren hacer con el carbón ya la tenemos en la reducción presupuestaria del centro de investigación. Fukushima, energía nuclear, carbón de importación… ¿A qué intereses responde todo esto?”
¡Viva la lucha de los mineros y de la clase obrera! ¡Dinamita a los felones cañallas!
Estamos otras vez en el franquismo. ¿Es constitucional esta PPecracia, instalada por el marrullero Rajoy? (Cfr. art.1º de la Constitucion). La PPecracia ni es social ni democrática.
Juntémonos y escupamos