El Poder Judicial no traga a Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se enfrenta a la hostilidad prácticamente unánime de la carrera judicial. Si en algo ha logrado unanimidad el titular de Justicia ha sido en el rechazo que despierta a buena parte de los principales representantes de todas las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados. Si bien es cierto que el nombramiento de Gallardón jamás fue visto con buenos ojos por las asociaciones de jueces y magistrados, porque, pese a ser fiscal de profesión, nunca le consideraron "uno de los nuestros" ni siquiera próximo a ellos, sus acciones, anuncios y declaraciones realizadas en el poco más de medio año que lleva al frente del Ministerio le han granjeado las críticas de todas ellas, ya sean de tendencia conservadora o progresista.

Sus múltiples detractores reprochan a Gallardón su "nula interlocución con el Poder Judicial", así como su "profundo desconocimiento de la realidad del colectivo judicial español", además de otras lindezas como la "soberbia", la "altivez" o "la torpeza a la hora de presentar sus decisiones, o de deslizar comentarios contra el colectivo judicial". Los diferentes miembros del Poder Judicial consultados por cuartopoder.es han ido desgranando, explicando  y suscribiendo, si no todas, buena parte de estas críticas. Y no cabe duda de que Gallardón ha batido récords de impopularidad entre el colectivo al que le toca gobernar, administrar y reformar.

Varios de los magistrados consultados admiten que Gallardón no fue bien recibido entre el colectivo judicial e incluso un magistrado del Tribunal Supremo recuerda que "si bien, con el nombramiento de Gallardón tragamos a regañadientes, fueron muchos los que consideraron absolutamente inaceptable el primer nombramiento que pretendió hacer, el de Manuel Cobo, como secretario de Estado de Justicia". Esto, según la versión de este mismo magistrado, se le hizo llegar de inmediato a Gallardón y el flamante ministro paralizó el nombramiento horas antes de producirse y después, según confiesa un funcionario del  Ministerio de Justicia, de que Cobo, convencido de su inmediato nombramiento, hubiera empezado a llevar algunos efectos personales al que iba a ser su futuro despacho. Los mismos efectos que tuvo que desalojar a toda velocidad, tras el fulgurante cambio de planes. Gallardón tomó nota y decidió ofrecer el puesto a alguien que conociese bien el Poder Judicial y gozase de cierto reconocimiento en el mismo. El elegido fue el vocal del CGPJ, Manuel Almenar. Pero éste declinó la oferta de Gallardón por dos veces: ante el propio ministro, la primera, y ante la insistencia de otro emisario que decía hablar en nombre de Mariano Rajoy, la segunda. Al final, ante la urgencia del nombramiento, fue el ya ex presidente del CGPJ, Carlos Dívar, quien le solucionó la papeleta, sirviéndole en bandeja el nombramiento del que hasta entonces había sido su jefe de gabinete, Fernando Román.

Precisamente, varios de los jueces consultados atribuyen al secretario de Estado de Justicia el empecinamiento inicial del Ministerio en mantener a Dívar al frente del CGPJ, pese al escándalo desatado a raíz de sus gastos ni justificados ni explicados ante la opinión pública. Y todos ellos consideran la actuación del Ministerio torpe e innecesaria, puesto que intentó, en palabras de uno de los vocales del llamado sector conservador del CGPJ, "defender lo indefendible y, lo que es peor, obligarnos a nosotros a dar la cara por Dívar, cuando nosotros, por nuestra parte, ya le habíamos pedido la dimisión".

Probablemente, la retirada del nombramiento de Cobo fue la primera y única concesión que hizo a jueces y magistrados Gallardón. Desde entonces, no ha vuelto a escuchar a ninguno de sus miembros y no ha dudado en dejarles clara su intención de no tener ninguna interlocución con ellos. Así, miembros del CGPJ, recuerdan  cómo, durante la reunión que Gallardón mantuvo con el Pleno del CGPJ, uno de los vocales perteneciente a la conservadora APM le preguntó qué tipo de interlocución y con qué frecuencia deseaba mantener con el órgano de gobierno de los jueces y Gallardón apenas vaciló en responder que sólo mantendría algún contacto con su presidente, Carlos Dívar, cuando lo considerase necesario.

Desde entonces, el ministro Gallardón y su departamento han dejado claro que no quieren saber nada de las asociaciones profesionales y que tampoco escuchan al CGPJ. "Preparan la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -asegura un vocal del CGPJ, representante de una asociación profesional-  con absoluto secretismo, desde el Ministerio y sin recabar una sola opinión del colectivo de los 4.500 jueces y magistrados españoles".

"Tiene a todo el Poder Judicial cabreado", sintetiza un magistrado del Tribunal Supremo, quien recuerda que sus recientes declaraciones, al anunciar que todos los juzgados tendría que estar abiertos en agosto y añadir que "España no está para siestas, sino para trabajar 365 días" dejaba en el aire una crítica implícita al colectivo judicial que "ha tocado mucho las narices a todo el mundo". Asimismo, la retirada de escoltas y parque móvil en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha provocado un profundo malestar, "no tanto por el hecho en sí - afirma uno de los afectados- sino por la forma en que lo ha hecho"

En medio de esta serie de afrentas, Gallardón presentó el pasado viernes su reforma del CGPJ, desde su elección a su composición. Y durante la presentación expresó su voluntad de pactarla con el PSOE y el resto de grupos políticos con representación parlamentaria. Pero, una vez más, ni una palabra de la opinión del colectivo judicial, que ha visto cómo el ministro se desdecía del compromiso electoral del PP, de dejar en manos de las asociaciones profesionales los nombramientos de los miembros del CGPJ. Gallardón no les ha pedido su opinión, porque no cuenta con ellos, pero ellos ya le han dado un sonoro "no". La conservadora APM ya ha dicho que el modelo Gallardón conduce a una mayor politización de la Justicia, mientras que los progresistas también se oponen, porque, según el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, "pretende subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo". Definitivamente, la relación de Gallardon con el Poder Judicial empezó con mal pie, pero va de mal en peor día a día.