Amaiur y ERC logran el 'sí' inicial para revisar las prebendas de los políticos

He aquí una de esas buenas noticias que el príncipe heredero, Felipe Borbón, recomienda publicar, aunque desconocemos si le va a gustar. Resulta que la Mesa del Congreso ha admitido a trámite la petición de Alfred Bosch (ERC) y Mikel Errekondo (Amaiur) de crear una subcomisión en el seno de la Constitucional para examinar las canonjías y privilegios de los cargos públicos y emitir el correspondiente veredicto sobre su supresión.

Si la probidad de los representantes y servidores públicos es exigible en todo momento, con mayor motivo ha de serlo en este país con las finanzas intervenidas, cinco millones de desempleados y un erario público que después de coser a impuestos a los trabajadores no tiene para pagar los servicios públicos esenciales como la Sanidad y la Educación, rebaja el sueldo a los funcionarios y manda al paro a los interinos y contratados.

En la exposición de motivos para revisar las prebendas aluden Bosch y Errekondo a los privilegios y gastos suntuarios más evidentes. “Existe una gran cantidad de cargos –dicen-- con coche oficial y conductor que no se justifican por razones de seguridad sino de comodidad”. Refieren la utilización de otros medios de transporte que también ha sido objeto de polémica, como el avión Falcon-900 por parte del expresidente Rodríguez Zapatero para acudir a actos electorales de su partido. Omiten que también iba de asueto con la familia a Londres y que Mariano Rajoy hizo lo propio el domingo de intervención para ir a Gdansk (Polonia) a ver jugar a La Roja. Mencionan a continuación los transportes y alojamientos de “alta gama” por parte de sus señorías, que viajan en clase preferente en trenes y aviones, o de una ministra que cambió el hotel asignado por otro que costaba 1.200 euros la noche.

Sacan después a colación el “uso exclusivo de bienes públicos” para esas minorías privilegiadas, tales como instalaciones reservadas para las vacaciones. Y aquí incluyen a los miembros del Ejército, especialmente, los altos mandos, y citan la residencia militar de Pollença (Mallorca), en un sitio privilegiado con playa privada y reservada a miembros del Ejército del Aire y sus familias, aunque también la usó la hermana de la princesa Letizia. Y refieren asimismo la existencia de un complejo en la isla de Llatzeret (Menorca) para dirigentes y burócratas del Ministerio de Sanidad.

Mencionan a continuación las pensiones vitalicias de los expresidentes del Gobierno, del Congreso, el Senado y otras instituciones de la cúpula constitucional. Citan el abuso y falta de control de las tarjetas de crédito asignadas a cargos públicos, incluidos algunos consejeros de RTVE. Aluden a los regalos oficiales y protocolarios, en la frontera entre la cortesía y el obsequio interesado que aprovecha personalmente al que detenta el cargo. Y en este punto recuerdan que la Junta de Castilla-La Mancha derrochó en regalos y posee obsequios almacenados por valor de un millón de euros.

Nombran asimismo los proponentes los “convites, actos y festejos” con cócteles, catering y barra libre. Y citan como ejemplo un ayuntamiento madrileño que se gastó más de 600.000 euros en ágapes, almuerzos y agasajos. Se refieren además a las dietas, que en el caso de muchos cargos públicos suponen un sobresueldo encubierto. Y señalan que “incluso se da la paradoja de que cobran dieta de desplazamiento los parlamentarios que viven en Madrid”.

Ya ven que si no faltan motivos para examinar las prebendas y privilegios, tampoco falta terreno que examinar. La subcomisión estaría compuesta por cinco diputados de cada grupo mayoritario (PP y PSOE), dos por IU, CiU y Mixto, respectivamente; uno de UPyD y otro del PNV. Trabajaría durante cuatro meses recabando información y analizando los privilegios de los cargos públicos, los gastos suntuarios de las Administraciones Públicas y proponiendo medidas de supresión, reducción, control, fiscalización y transparencia.

Sin embargo, y con ser buena la noticia, es deber del cronista advertir que tras el filtro de la Mesa, la iniciativa ha de obtener el visto bueno de la dirección de la Comisión Constitucional, en la que también manda el PP, y nos podemos encontrar con un rechazo frontal, pues nadie es hipócrita en sus placeres y el “caso Dívar”, que en cualquier país civilizado de nuestro entorno significaría la dimisión por el bien de la justicia, no parece aquí piedra de toque siquiera hasta que lluevan pedradas.