El Gobierno progresista de Andalucía echa a andar con suspicacias y menos dinero

El primer Gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía echó a andar la víspera de María Medianera con un reto insoslayable: el ajuste presupuestario; un test parlamentario: la comisión de investigación de los fraudes en los expedientes de regulación de empleo (EREs), y ciertos recelos soterrados entre los socios, derivados de la personalidad y las funciones de varios consejeros: los socialistas Susana Díaz y Luis Planas y la joven dirigente de IU Elena Cortés.

Ya en la manifestación del 29 de marzo en Sevilla, que sirvió de colofón a la jornada de huelga general, un destacado dirigente socialista andaluz se acercó a los de IU y les advirtió: “Tened cuidado con Susana Díaz porque esa mujer come carne cruda cada mañana”. Advertidos estaban cuando José Antonio Griñán decidió nombrarla consejera de Presidencia con la función de coordinar al nuevo Ejecutivo, designar a los delegados de la Junta en cada provincia y dirigir las políticas de igualdad y juventud.

Lo que el líder de IU y vicepresidente Diego Valderas no esperaba es que apareciese sobre él en el organigrama. El propio Griñán tuvo que aclarar que Valderas se sienta a su derecha y hacer circular la información de que la promoción de Díaz facilitará su relevo como secretaria de organización del PSOE-A en el próximo congreso regional. Desde el aparato del partido en Andalucía, Díaz escoró la mayoría a favor de Carme Chacón en el último congreso federal del PSOE que, sin embargo, ganó Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los recelos de algunos dirigentes de IU hacia una mujer que se ha colocado en la línea de sucesión del propio Griñán y que ha desplazado a Mar Moreno de la Presidencia y la función de portavoz de la Junta para devolverla a la Consejería de Educación, son políticos y técnicos, pues consideran que su cometido principal será controlar la gestión de sus consejerías y asfixiarlas si llega el caso.

Los socios de la izquierda del PSOE tampoco han acogido con agrado el nombramiento del hasta hace pocas fechas embajador en Marruecos, Luis Planas, al que consideran un “eurocrata”, más liberal que socialista, exjefe de gabinete de Pedro Solbes y producto de la influencia de Felipe González sobre Griñán. Planas administrará la parte del león del presupuesto de la Junta como consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con las competencias añadidas de Urbanismo y Ordenación Territorial.

En sentido contrario, sectores del PSOE y personas próximas a la exalcaldesa de Córdoba y exministra Rosa Aguilar habrían presionado para que Elena Cortés no fuera nombrada consejera de Fomento y Vivienda. Pero Valderas rechazó el veto y mantuvo a Cortés, quien ayer, al tomar posesión, prometió lealtad al Rey “por imperativo legal”. Junto a Cortés y al propio vicepresidente Valderas, que asume las competencias de relaciones institucionales, administración local, cooperación al desarrollo, voluntariado, participación y memoria histórica, IU dirige Turismo y Comercio con Rafael Rodríguez de consejero.

Más allá de la composición del nuevo Ejecutivo (8 consejeros del PSOE y 3 de IU) y de las suspicacias iniciales, para uso y disfrute de la oposición de derechas, los responsables del PSOE y de IU consultados coinciden en que el principal reto será el ajuste presupuestario, cifrado en unos 4.400 millones. La mayor parte (2.700 millones) son “ingresos inflados” y 1.700 millones son transferencias que el Gobierno de Mariano Rajoy no va a realizar. “Habrá que buscar fórmulas imaginativas para evitar despidos, y, pese a todo, habrá despidos, aunque intentaremos no aplicar la nueva reforma laboral”, explica una persona próxima a Valderas que ha renunciado a un puesto importante “para no arriesgarme a tener éxito”, dice irónicamente. Entre los viceconsejeros pendientes de nombrar se encuentra el de Cultura, cargo para el que se cita al periodista Juan José Téllez.

Aunque el nuevo Gobierno progresista abrirá una nueva época y una nueva forma de gobernar, con 250 medidas y 28 leyes comprometidas en la legislatura, la carga del pasado seguirá presente y es probable que tanto el presidente Griñán como su antecesor Manuel Chaves tengan que comparecer en la comisión de investigación de los EREs. La juez Mercedes Alaya, que instruye el sumario, apunta hacia arriba y, como es sabido, ni el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en la cárcel desde el pasado 24 de abril, ni su antecesor, el congresista José Antonio Viera, enfrentado políticamente a Griñán, se muestran dispuestos a asumir toda la responsabilidad.