El peligroso oportunismo antietarra de Rosa Diez

Este martes, el pleno del Congreso se verá obligado a votar una moción de UPyD sobre la ilegalización de Bildu y Amaiur que va a conseguir exactamente lo contrario de lo que presuntamente pretende: romper el acuerdo conseguido por la casi totalidad de la Cámara (315 de los 350 diputados) cuando votó favorablemente el 13 de septiembre del año pasado (Rosa Díez también) una iniciativa conjunta de PP, PSOE y Grupo Mixto en la que se proclamaba la unidad de los demócratas y se postulaba el apoyo a la política antiterrorista del Gobierno hasta que ETA desaparezca. Habrá que ver si la diputada vasca consensua un texto mayoritariamente aceptable o tira para adelante, pensando más en los votos que arrastra el populismo que en el fin de ETA (también ella tiene intereses electorales en Andalucía, y jugosos, si su partido resulta decisivo para que gobierne un PP sin mayoría absoluta).

El duelo dialéctico que sostuvo la semana pasada con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hace pensar, sin embargo, en que no dará su brazo a torcer. Sabe que hay un caladero de votos enorme en una ciudadanía mayoritariamente instalada en criterios de venganza y no de redención. Esa ciudadanía que reflejó el barómetro del CIS de noviembre, en el que la inmensa mayoría (el 92% de los encuestados) no acepta indultos individuales a presos de ETA con delitos de sangre y en el que un 70% se muestra contrario a dar indultos a presos aunque no se hayan manchado las manos de rojo. Aquella encuesta fue reveladora porque el 60% de los entrevistados estaba poco o nada de acuerdo con aproximar los presos de ETA al País Vasco y en ella un 49% consideraba que no deben aplicarse medidas generosas a los militantes de ETA que se entreguen voluntariamente a las autoridades.

De nada parece haber servido que el ministro le pidiera que la moción del próximo martes “no nos lleve a actuar sin unidad y sin discreción, sin prudencia y, sobre todo, sin inteligencia”. Lo que dijo Díez entonces, parece seguir valiendo: “A lo que usted llama prudencia, yo le podría llamar cobardía”. Cobardía, quiso decir, del Gobierno por no aplicar la ilegalización sobrevenida que permite la LOREG desde la reforma de enero de 2011.

Que Fernández Díaz recordase que la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por nueve votos a seis, declaró que Bildu era ilegal, pero después, en sentencia de 5 de mayo, el Tribunal Constitucional revocó el fallo y que, después, Amaiur compareció a las elecciones generales y ahí están es lo de menos. Como lo es que explicase que cuando él habla de inteligencia y de prudencia quiere decir que “si no se tenemos elementos probatorios suficientes, bajo el principio de rebus sic stantibus, como para de manera razonable esperar que se hayan modificado sustancialmente las circunstancias de hecho fácticas y jurídicas que llevaron a ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional, haríamos un mal favor a la democracia”.

A Díez tampoco le vale de mucho que el ministro reclamase que los demócratas esperen a ver qué dice el Constitucional sobre Sortu, que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y está pendiente del recurso de amparo que interpuso. Porque si el Tribunal modifica su doctrina, añadió, sobre la base de los elementos probatorios y de hecho que la Policía y la Guardia Civil van acumulando, el Gobierno iniciará la ilegalización sobrevenida.

El mismo enfado que tuvo la semana pasada el ministro de Interior volverá a experimentarlo este martes si, como todo apunta, lo que UPyD pretende es provocar la división interna del Grupo Parlamentario del PP en la votación de la moción en que exige que el Gobierno ilegalice a Bildu y Amaiur. Porque desde el resto de los grupos, sin duda, lo único que va a conseguir es que la llamen de todo.

Cosa que le da igual porque, de ese modo, sumará el victimismo a lo que ya le llamó Fernández Díaz, provocando un aplauso que fue más allá de las filas del PP, cuando le espetó: “Usted viene aquí diciéndome que, en lugar de prudencia, estamos actuando con cobardía; le recomiendo que lea el tratado de Gracián sobre la prudencia, para no confundirla ni con cobardía ni con pusilanimidad, porque es una virtud muy aconsejable en la vida en general y de manera muy especial en la vida política”. “En todo caso –añadió- a lo mejor usted es la que confunde el oportunismo político con la salvaguarda del Estado de derecho”.

Díez sabe, además, sin que parezca importarle mucho, lo que históricamente se está jugando España en estos momentos. Y las dificultades que entraña el final de una banda terrorista.
Fuentes más que solventes de la Audiencia Nacional comentaban hace unos días que se vive una situación muy difícil. Todo el mundo anda buscando soluciones para los presos etarras (327 en primer grado, 92 en el segundo, 8 con medidas de rehabilitación, ninguno en libertad condicional y el resto, hasta 431, en el tercer grado). Soluciones siempre individualizadas, de perdón personal, porque la amnistía no tiene recorrido. Constitucionalmente hablando, no hay salida colectiva.

Pero ahora, comentan esas fuentes, no hay ningún tipo de contactos ni judiciales ni políticos y la situación está enquistada. Según todos los expertos -y en ese sentido es en el que se mueve el Gobierno frente a ETA-, la mejor y única salida es la disolución de la banda, porque puede producir efectos jurídicos singulares. Al desaparecer como organización, podría eliminarse el primer grado y aplicarse el régimen común, lo que permitiría encontrar soluciones individuales.

Que en estos momentos tan complicados, un partido político que se dice demócrata eche leña al fuego en el Congreso pone los pelos de punta y da mucho que pensar sobre los intereses de quien enciende las mechas. Si a Díez le queda algo de lucidez, debería ser la primera en reflexionar sobre su actitud política.