Protesta masiva contra el recorte de Aguirre en Educación pública para beneficio privado

Los recortes educativos de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, han provocado la primera protesta masiva en las calles de Madrid. El mismo día que empezaban las clases en la Enseñanza Secundaria, varios miles de alumnos, profesores y padres se manifestaron desde la plaza de Neptuno hasta la calle de Sevilla, junto a la consejería de Educación, para hacer saber a Aguirre y a su consejera, Lucía Figar, que “la educación no es gasto, es inversión”, según se leía en la pancarta que encabezaba la marcha.

La de ayer fue la primera gran manifestación de una convocatoria de “lucha por la escuela pública”, la llamada #mareaverde, que continuará los próximos día 20, 21 y 22 con diversos actos dentro y fuera de los centros escolares. El primer objetivo de las organizaciones de profesores de CC.OO, FETE-UGT, ANPE y CSIF consiste en lograr que el gobierno regional reconsidere su instrucción del 29 de agosto, porque no se trata sólo de incrementar dos horas lectivas semanales a los profesores, pasando de 18 a 20, sino, sobre todo y consiguientemente, de una reducción de 3.000 profesores, en su mayoría interinos, a los que el gobierno madrileño no ha renovado el contrato. Esta cifra, sumada a los 2.500 que dejaron fuera el curso pasado, afecta directamente a la calidad de la enseñanza.

Algunas pancartas de los manifestantes eran bien expresivas: “No son dos horas más, son 3.000 profesores menos”, “Instituto Gabriel García Márquez: menos ocho profesores. No a los recortes”, “Aguirre, estudia Matemáticas. No queremos que repitas” o “- profesores x + horas = - calidad". También se referían a la carta con faltas de ortografía que la presidenta envió a los profesores pidiéndoles mayor esfuerzo: “Nosotros sí ponemos tíldes”, decían en tono irónico. Otras aludían a la afición al lujo de la presidenta: “Ahorra en tu salón y no en Educación” y a su política descaradamente favorable a la enseñanza privada, con gritos de “Espe, espe, espe, especulación”.

Al comienzo de la manifestación, que se inició a las 18:30, duró algo más de una hora y ocupó varios carriles del paseo del Prado hasta Cibeles y toda la calle de Alcalá, con una afluencia de más de 20.000 personas –6.000, según la consejería de Educación–, los dirigentes de las organizaciones convocantes pidieron a Aguirre que reconsidere su política, no trate de engañar a la gente y se siente a negociar.

Francisco García, portavoz de CCOO, le envió el mensaje de que el rechazo no es sólo de los profesores, sino también de los ciudadanos, que le van a decir que “con la educación no se juega”. Francisco Melcón, de ANPE dijo que la manifestación es un “aldabonazo” para que “rectifique y se siente a negociar”. Antonio Martín, del CSIF solicitó “diálogo, negociación y respeto” para el profesorado. El portavoz de FETE-UGT, Eduardo Sabina, refutó el “carácter político” que Aguirre ha querido dar a las protestas para descalificarlas. “Los representantes sindicales son profesores y no extraños ni profesionales del sindicalismo”, dijo antes de recordar que su objetivo es que “todo el mundo pueda recibir una educación de calidad”.

La presidenta madrileña, que fechas atrás presentó a los profesores como unos vagos redomados que se negaban a trabajar 20 horas semanales y tuvo que rectificar, se descolgó ayer pidiendo “la dimisión” del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al que acusó de “alentar huelgas políticas contra las comunidades del PP” en el inicio del curso escolar. El ministro no tiene competencias educativas y se ha limitado a escuchar a los profesores. Aguirre aseguró que “no hay recorte alguno en la enseñanza” y sí “en las medidas que tomó el Gobierno de España encabezado por Zapatero. Ni los de la ceja ni los sindicatos dijeron nada cuando Zapatero bajó los sueldos a los profesores”, añadió en una emisora. Como se recordará, la reducción salarial de mayo de 2010 fue contestada con una huelga general de todos los empleados públicos.

Excelente negocio

Los recortes en la enseñanza --que también están provocado protestas en Galicia y Castilla-La Mancha, donde gobierna el PP– coinciden en Madrid con la decisión de Aguirre de implantar una desgravación en el tramo autonómico IRPF a los contribuyentes que lleven a sus hijos a colegios privados, lo que supondrá una transferencia de 90 millones de euros a la enseñanza privada y a las familias con rentas más altas. Las organizaciones defensoras de la escuela pública de calidad no dudan de que la apuesta de Aguirre es estratégica. De hecho, Madrid, ha pasado a ser la segunda autonomía, tras el País Vasco, con más enseñanza privada y concertada. El Ejecutivo regional defiende la primacía de la privada como una forma de garantizar la libertad de elección de los padres.

Más allá del hecho de que la consejera Figar –una economista que formó parte de la secretaría de José María Aznar y del que luego sería su yerno, Alejandro Agag–, aprobase en 2007 la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el número de aulas concertadas creció un 6% (750) el curso pasado, mientras la inversión en infraestructuras en la pública se redujo un 21,6%. El gasto anual medio en la enseñanza pública es de 658 euros por alumno, frente a 1.433 en la privada concertada, según los últimos datos publicados por el INE. Ambos modelos son gratuitos por ley y los dos se sostienen con fondos públicos.

Otra prueba de la opción estratégica de Aguirre se halla en las denuncias de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de la UGT, según las cuales, está favoreciendo la entrada de empresas privadas en el sector educativo subvencionado. Una de las beneficiarias del modelo especulativo es GECESA, una firma constructora relacionada con el grupo hostelero de Arturo Fernández, presidente de la CEIM, que ya ha abierto cinco grandes centros en la región. Otra es ALFEDEL SL, promotora de cooperativas, con sede en Valdemoro y registrada legalmente para desarrollar una actividad “de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial”, que ya tiene proyectada la construcción de 18 centros educativos en la región.

El Ejecutivo de Aguirre está realizando concesiones de terrenos a estas empresas por periodos de 50 a 75 años con un canon que oscila entre 5.000  y 6.000 euros anuales, según denunció en marzo pasado Sabina, responsable de Acción Social de FETE-UGT Madrid. Un informe de este sindicato explica que entre ambas firmas superan 400 millones de euros de inversión. Y añaden que “esta situación es crítica en la educación infantil de 0 a 3 años, donde la gestión pública apenas llega al 18%”.

Este modelo, que debería suponer un ahorro para la Administración, al no asumir los gastos de la construcción ni del mantenimiento de los edificios, se está convirtiendo en un negocio redondo para empresarios cercanos a la presidenta. Según estimaciones realizadas por el sindicato, los nuevos centros se están construyendo sobre parcelas cedidas casi gratuitamente por la Comunidad de Madrid. “Ceden el suelo, te ponen el cliente gracias a las viviendas que han sido construidas en los alrededores y les pagan a los profesores mediante la regulación del concierto educativo. Las concesionarias gestionan el centro y exigen cuotas al alumnado para que el negocio sea rentable. Es un modelo perverso”, explica Sabina.

Hasta ahora, el Gobierno autonómico ha transferido 180.000 metros cuadrados de suelo para la construcción y ha renunciado a la gestión administrativa de los nuevos centros. “Tiene que haber oferta para todos”, justificó en la Asamblea de Madrid la consejera Figar. Sin embargo, los sindicatos, la oposición progresista, las asociaciones de padres y algunos colegios concertados denuncian que “se favorece el negocio de unos pocos con el dinero de todos”. Y lo que resulta más lacerante, que los recortes para garantizar la rentabilidad de los colegios privados acaban convirtiendo a la enseñanza pública en “un reducto de marginados” con altas tasas de abandono y fracaso escolar.