PSOE y PP sacrifican el pacto constitucional para satisfacer al BCE

PSOE y PP reformaron ayer en solitario la Constitución para introducir dos nuevos principios sagrados: la “estabilidad presupuestaria” y la “prioridad absoluta” del pago de la deuda sobre los demás gastos de las administraciones públicas. El resultado de la votación fue de 316 diputados a favor del nuevo precepto de la Carta Magna y 5 en contra. Los contrarios fueron Rosa Díez, Antonio Gutiérrez, los dos diputados de Coalición Canaria y un socialista de Baleares que se llama José Manuel Bar Cendón, es profesor de psicología y se equivocó de botón. CiU y PNV no votaron. Hubo 13 ausencias: los que se largaron para manifestar su protesta y los que ni siquiera entraron, como los tres diputados de la corriente crítica del PSOE, Izquierda Socialista, Manuel de la Rocha, José Antonio Pérez Tapia y Juan Antonio Barrios de Penagos. La única enmienda la introdujo el presidente José Bono tras consultar al académico de la lengua José Manuel Blecua y consistió en sustituir la proposición “al” por “con”. En un país donde los políticos hablan “desde la sinceridad” en vez de “con sinceridad” no es de extrañar que se constitucionalicen las patadas al castellano.

El pleno fue extraordinario, eutrapélico y “pirandeliano”. Eso dijeron varios diputados. “Más que histórico, ha sido histérico”, decían otros. La Mesa había realizado su labor de poda de modo que las enmiendas de los nacionalistas, mixtos y la izquierda del PSOE que pedían un referendo, no fueron admitidas a trámite. Las que reclamaban el derecho de autodeterminación aprobado por los parlamentos de Cataluña y el País Vasco, fueron desechadas. Y la de IU-ICV que reivindicaba el derecho a decidir la forma de Estado entre república y monarquía, fue anulada. Todas desbordaban el contenido de la “reforma técnica” de un solo artículo, el 135, que el jefe del Gobierno y el líder de la oposición decidieron modificar para dar respuesta a la exigencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, de garantizar la deuda.

Según fuentes socialistas que dijeron conocer la carta que el presiden del BCE remitió a finales de julio al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, los términos de la misiva eran imperativos e insultantes. No sólo exigía una reducción drástica del déficit público, sino que decía cómo había que hacer los recortes. Estas fuentes, que no descartaron la inspiración del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, quien se ha abstenido de opinar sobre la reforma, aseguraron que la mayoría del PSOE estaba en contra de la modificación constitucional y que algunos dirigentes eran partidarios de que Zapatero respondiese en el mismo tono insolente de Trichet. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo constató que el jefe monetario contaba con el respaldo del eje franco-alemán y optó por pactar la petrificación constitucional de la estabilidad presupuestaria con Mariano Rajoy sin consultar al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero volviendo a lo que ocurrió en pleno, a las 11:50 terminó la defensa de las enmiendas vivas de las minorías y la argumentación en contra de las mayorías, y entonces el presidente Bono anunció que votarían en “cinco minutos”. Pero de inmediato se registró un movimiento frenético para atraer a CiU al consenso. Se formó un corrillo delante de los escaños de Zapatero y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el que Rubalcaba, José Antonio Alonso y otros jefes de filas parlamentarias del PSOE compartieron términos y pareceres con Cristobal Montoro, Luis Ayllón y Fátima Báñez, del PP. La vicepresidenta Salgado llamó a Rajoy, que se levantó de su escaño y departió con ella junto a la mesa de los taquígrafos, en el centro del hemiciclo.

Todos estaban de acuerdo en ofrecer a CiU una enmienda transaccional. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el socialista Francisco Fernández Marugán se ocuparon de redactarla. Se la explicaron a Zapatero, a Rubalcaba y a Rajoy, que dieron su visto bueno. El apartado 6 del artículo 135 iba a quedar así: “Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y en el marco de la autonomía financiera reconocida en esta Constitución, adoptarán las disposiciones que procedan para el desarrollo y aplicación de los mecanismos para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, dentro de los límites a que se refiere este artículo”. Sáenz de Santamaría y Alonso entregaron el producto al portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que no tuvo más remedio que aceptarlo, pues desmentía su denuncia sobre la reforma antiautonómica.

Los cabildeos se dilataron tanto que los “cinco minutos” para votar se convirtieron en media hora. Pero la dilación valía la pena en aras del interés superior de mantener a CiU en el consenso constitucional y en su papel de bisagra de la gobernabilidad. Cierto es que Durán no estaba muy convencido de la formulación y del hecho de que otros preceptos (el déficit cero en 2020 y la ley orgánica con la horquilla de déficit antes del 30 de junio de 2012) pasaran a ser “disposición transitoria” en vez de “adicional” de la Constitución. No obstante, la satisfacción del PP y del PSOE era grande porque el centro-derecha catalán aceptaba las enmiendas.

Entonces Bono llamo a votar. Como las minorías le habían dicho que iban a protagonizar un plante, las invitó a abandonar el hemiciclo. Los tres diputados de ERC, seguidos de los dos del BNG, Uxue Barkos (Nabai) y Nuria Buenaventura (ICV) se dirigieron hacia la puerta y se largaron, Entonces Gaspar Llamazares se percató de la maniobra y se mantuvo clavado en su escaño. Los disidentes habían acordado abandonar el pleno, pero también que uno permaneciera en el hemiciclo para vetar las enmiendas transaccionales que se produjeran. Como ni ERC ni las minorías con implicación en la política autonómica querían contravenir una enmienda que expresamente reconocía la “autonomía financiera” de las comunidades, le tocó a él formular el veto.

La sorpresa de los grupos mayoritarios fue mayúscula. Rajoy se puso a leer el Reglamento. Los socialistas se preguntaban cómo rayos Durán había aceptado las transaccionales sin consultar a los demás grupos. Bono aclaró que el veto de un solo diputado era suficiente para invalidar cualquier enmienda transaccional. Llamazares quiso explicar el sentido de su rechazo al pasteleo con CiU, pero Bono se lo impidió: “Eso dígaselo a Durán después de la votación”. Tras formular sus vetos, Llamazares se levantó de su escaño para abandonar el pleno. Algunos diputados gritaron contra él. Bono dijo: “Tranquilos, que no puede salir”. Las puertas estaban cerradas durante la votación. El veto impidió que la enmienda transaccional tan laboriosamente elaborada se pudiera votar. Los nacionalistas de CiU y PNV vieron rechazadas sus enmiendas y ambas formaciones optaron por no votar el nuevo artículo constitucional.