Los bienes de los diputados y senadores dejarán de ser secretos
El patrimonio de los diputados y senadores dejará de ser materia reservada si antes de que concluya el periodo de sesiones los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo para aprobar una modificación de la ley electoral que permitirá a los ciudadanos conocer sus bienes. La transparencia forma parte de la propuesta que trasladaron el martes las Mesas del Congreso y el Senado a los portavoces. La iniciativa fue bien acogida, de modo que en cuanto adapten la ley, las declaraciones de bienes se harán públicas a través de las web de las Cámaras, como ya ocurrió hace medio año con la publicación de sus actividades privadas.
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Era poco comprensible que los miembros del Gobierno (ministros y secretarios de Estado) publicasen en el BOE su patrimonio mobiliario e inmobiliario y en cambio los diputados y senadores mantuvieran su declaración de bienes en secreto. Si hace año y medio pudimos enteramos de que varios ministros y el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero estaban hipotecados hasta las cejas y nos extrañamos del escaso patrimonio de Manuel Chaves –un pisito valorado en menos de 65.000 euros-- en comparación con los inmuebles y la hípica de José Bono –ambos fueron presidentes autonómicos por 20 años–, ahora podremos establecer las comparaciones pertinentes entre los parlamentarios de derechas y los de izquierdas. En el PP no dudan de que el ex ministro y presidente del comité electoral del partido, Miguel Arias Cañete, figura entre los más adinerados.
Curiosidades aparte, la decisión supone un avance en el derecho de acceso a la información en una sociedad democrática en la que cualquier director general posee autoridad para “clasificar” como “materia reservada” cualquier asunto que considere oportuno. La última negativa a desvelar datos patrimoniales se registró precisamente el martes en el pleno del Congreso, donde socialistas y populares rechazaron la iniciativa de Nuria Buenaventura (IU-ICV) de publicar los datos de los más de seiscientos defraudadores fiscales con cuentas millonarias en Suiza.
El mérito de la medida se debe atribuir a la insistencia del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, en reclamar que los miembros del Gobierno publicasen su patrimonio. Si entonces la vicepresidenta económica Elena Salgado olvidó consignar en el BOE el palacete que posee en Niza (Francia), no hay que descartar que entre el medio millar de parlamentarios cunda el olvido, pues como reconocía en conversación informal la vicepresidenta Teresa Cunillera, siempre habrá quien oculte algo. Del mecanismo corrector y sancionador ni se ha hablado.
Incompatibilidad rigurosa
Las Mesas de las Cámaras también proponen endurecer las incompatibilidades. El mérito corresponde en este caso al Grupo Socialista, que en febrero presentó un documento con esa orientación. No es de recibo que la ley exija dedicación absoluta a sus señorías y en la práctica ese principio general haya pasado a ser la excepción, debido a la generalización de los permisos individuales para realizar actividades lucrativas sin relación con las administraciones para no incurrir en tráfico de influencias. En la práctica ni siquiera esa condición se cumplía.
En el futuro, la Comisión del Estatuto del Diputado sólo podrá autorizar actividades privadas relacionadas con la administración del patrimonio personal o familiar, la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y trabajos docentes y de investigación. El primer aludido por la restricción ha sido el consejero del grupo financiero Cibeles, dependiente de Caja Madrid, y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, quien esta semana ha renunciado a su escaño de diputado por Ávila para dedicarse a su despacho de abogado.
Se suprimirán además los complementos de pensiones y las indemnizaciones por legislatura cuando los diputados y senadores terminen su mandato. En este caso, el mérito de la supresión de “privilegios” debe ser atribuido a la denuncia pública del presidente del PP Mariano Rajoy que motivó una amplia revisión del régimen de cotización y jubilación de sus señorías. En la práctica, los complementos se pagaban a los diputados que no habían cotizado para percibir la pensión máxima. El último caso que el Congreso ha tenido que resolver ha sido el de la ex diputada Cristina Almeida, quien sólo recibía una jubilación de 200 euros al mes del sistema complementario de la abogacía.
