Zapatero sale incólume de la crisis de los controladores

No recibió elogios por la solución de la crisis de los controladores aéreos, que le llevó a apuntalar el decreto de medidas económicas descontandoles de las 1.670 horas de la “jornada aeronáutica anual” las imaginarias, las horas sindicales, las bajas y los permisos y le obligó a dictar el viernes por la noche, tras el “abandono súbito y masivo” de sus puestos de trabajo, el traspaso de las competencias de tráfico aéreo al Ministerio de Defensa y, finalmente, a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Pero tampoco la oposición se lanzó a degüello contra él. Por una vez el presidente José Luis Rodríguez Zapatero salió incólume y con el apoyo del PP y los nacionalistas del debate sobre un conflicto social que perjudicó directamente a 900.000 españoles.

Sobre “los saboteadores” que han hecho del manejo de los aviones y de los aeropuertos un instrumento para aumentar sus privilegios cayó la lluvia de descalificaciones y condenas. Los portavoces parlamentarios agotaron los sinónimos del diccionario a la hora de condenar su acción. Los tacharon de “miserables, impresentables, intolerables” y demás lindezas. Les reprocharon la “desobediencia a la ley y al Parlamento” que la aprobó en marzo pasado. Les achacaron las pérdidas y los daños. Y todos coincidieron en que han de pagar por lo que han hecho. De momento, según informó el presidente, la Fiscalía ha abierto más 430 expedientes contra ellos. Las penas por desobediencia y sedición van de tres meses a ocho años de prisión, según los casos. Josep Antoni Durán i Lleida pidió que no se cargue la mano contra todos “porque hay pocos”.

Zapatero reconoció que el Gobierno estaba avisado del plante, que habían iniciado en los aeropuertos de Canarias y de Santiago de Compostela, y dijo que por eso incluyó en el decreto de medidas económicas la precisión sobre la “jornada aeronáutica”. El Gobierno no se plegó al chantaje, como hicieron otros, añadió. Y esgrimió la sentencia de mayo pasado en la que la Audiencia Nacional califica de “fraude de ley” y de “situación excepcional” las prerrogativas que les otorgó el convenio de 1999, anulado en febrero por un decreto que se tramitó como proyecto de ley y que tuvo el apoyo del PP.

El presidente justificó también el “estado de alarma” porque los controladores se declararon “en abierta rebeldía” contra el Estado de Derecho, tomando como “rehenes” a los ciudadanos. Y consideró la alarma una medida “ponderada” que sólo suspende derechos a los saboteadores y permite someterlos a la jurisdicción militar. “La alarma es para los controladores, no para los ciudadanos, a los que proporciona tranquilidad”, añadió antes de anunciar que pedirá al Congreso que la prorrogue por el tiempo necesario, “ni un día más ni uno menos”.

Sólo el vasco Josu Erkoreka y el canario Francisco Perestelo se abstuvieron de lanzar sus puyas. El primero elogió la gestión de Zapatero, que ha resuelto el conflicto “sin atropellos ni excesos de poder” y el segundo se quejó de que los isleños fueran “rehenes” durante 24 horas. Mariano Rajoy proclamó su apoyo al Gobierno ysubrayó que si los controladores tenían alguna razón la han perdido. Luego cargó contra el Ejecutivo, del que dijo que “no ha hecho nada en seis años, desde que expiró el convenio en 2004; sólo ha creado 150 plazas y no ha homologado a los militares. Y eso ocurre porque tiene un ministro a tiempo parcial, que no se dedica a lo que se tiene que dedicar y se dedica a lo que no se tiene que dedicar, que es lanzar insidias. El ministro de Fomento es un inútil total con una dosis importantes de cara dura”.

Estas palabras soliviantaron a los socialistas. Y Rajoy tuvo que precisar que los epítetos no eran suyos. “Son los que dedicó el señor Rubalcaba al ministro de Fomento en 1999 por un retraso en Barajas”. El ministro era entonces Francisco Álvarez Cascos, el mismo que, según le recordó el socialista José Antonio Alonso, incrementó los privilegios y el poder de los controladores en el convenio de aquel año. De aquellos barros vienen estos lodos, añadió.

Zapatero apenas miró el retrovisor. Defendió a Blanco diciendo que a los pocos días de nombrarle le llevó un informe sobre la situación y le dijo: “Esto es intolerable”. Y defendió la valentía del ministro por abordar el problema y acabar con los privilegios, un charco que los ministros de los gobiernos anteriores habían vadeado. Gaspar Llamazares deploró que el Gobierno haya tenido que llegar a la militarización de un colectivo para resolver un conflicto laboral y tildó de “príncipe moderno” de Maquiavelo al presidente por creer que el fin justifica los medios. En la contrarréplica aprovechó el tema de los privilegios de los controladores para afirmar que Zapatero no es Robin Hood; “si lo fuera ya habría hecho la reforma fiscal y señor Botín estaría temblando en estos momentos”, ironizó.

Los nacionalistas catalanes Durán y Joan Ridao dijeron que el “modelo centralizado” de gestión del tráfico aéreo ha contribuido a la situación. Zapatero les replicó que de sobra saben que el modelo está siendo modificado. Rosa Díez, la más crítica con el Ejecutivo, le acusó de “incompetencia, improvisación y desmesura”. Incompetencia por la incapacidad para formar a más controladores, improvisación por el real decreto del viernes en el que, a pesar de estar avisados de “la salvajada”, “no les tembló el pulso para perjudicar a los ciudadanos”, y desmesura por la declaración del estado de alarma, “que está prevista ante una catástrofe natural y que ustedes han convertido en una chapuza”.

Sobre los daños del sabotaje el presidente dijo que “es pronto” para evaluarlos, Durán habló de 500 millones de pérdidas en Cataluña, Perestelo afirmó que entre 50.000 y 60.000 turistas no pudieron ir a Canarias y el ayuntamiento de Madrid los ha cifrado en 140 millones para el turismo y el comercio capitalino. Blanco aportará más detalles en la comparecencia que ha pedido la próxima semana y en la que pedirá la prolongación de la alarma “para tranquilidad” de los ciudadanos, aunque otros trabajadores de AENA ya han comenzado a temer por el futuro de sus puestos de trabajo con la privatización decretada.