El control del gasto de la Monarquía, en el BOE

Las palabras son una maravilla. Sirven para que los precandidatos socialistas en Madrid hagan su agosto, valen para resolver el conflicto de los controladores aéreos, contribuyen a aclarar malentendidos con el vecino del sur, revelan las contradicciones de los dirigentes del PP sobre el papel del Jefe del Estado cuando ha de hablar con otro monarca y facilitan incluso el griterío de la izquierda abertzale como parte de la celebración de la Aste Nagusia (Semana Grande) en la capital donostiarra. Una vez, un ministro me preguntó de qué vivía y le contesté que de las palabras. “¡Anda, como yo!”, exclamó. Añadí que era periodista y el tío repitió: “¡Anda, como yo!” Le pregunté en que periódico escribía y me contestó: “Yo firmo mucho en el BOE”.

Desde entonces adquirí la costumbre de echar una vistazo al periódico oficial y descubrí que algunos ministros practicaban la agosticidad para que determinadas disposiciones pasasen desapercibidas, ya se tratara de conceder a la esposa de Pedro J. Ramirez, Ágatha Ruiz de la Prada, el título de marquesa de Castelldosrius y de otorgarle la real carta de sucesión del título de Baronesa de Santa Pau (BOE del 11 de agosto pasado), de sustituir al general de división Ignacio Laguna por su homólogo Rogelio Martínez Masegosa como administrador de la Asociación pro Huérfanos o de promulgar la normativa para la elección de los Consejos de Residentes en el Exterior.

A primeros de agosto apareció plasmada en el BOE “la incapacidad” del Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) de resolver la concesión de 25 becas del programa de cooperación internacional, debido al “el importante volumen de solicitudes y a la falta de medios”. Aunque la convocatoria databa del 17 de febrero, la orden firmada por Laura Seara aplazaba el asunto hasta septiembre. Nada que ver con la diligencia del Instituto de la Juventud, también dependiente del departamento de la ministra Bibiana Aído para conceder ayudas al asociacionismo juvenil: 50.000 euros a la UGT, 50.000 a CC.OO, 40.000 a la Unión Romaní  –en contraste con la persecución de Sarkozy a los ciudadanos de raza gitana--, 45.000 a la Oje –una creación del delegado franquista del Frente de Juventudes, López Cáncio--, 160.000 al Movimiento Scout Católico y 82.000 a la Juventud Obrera Cristiana, por consignar las más generosas.

Luego, cuando la Familia Real ya disfrutaba sus vacaciones en Mallorca, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, consideró oportuno afinar la normativa de la Casa del Rey y aplicar los criterios de la Administración del Estado a las tareas de control económico que desde 2007 viene realizando el interventor de la Casa, que depende del jefe de la Casa, Alberto Aza. El nuevo soporte normativo ordena al interventor que realice “un informe-resumen del grado de eficacia lograda en su actividad de control” tras la liquidación de cada ejercicio. También, una vez aprobada la asignación anual en los Presupuestos del Estado (8,9 millones de euros este año), ha de confeccionar el proyecto de presupuesto propio de la Casa “con arreglo a los principios de rigor, economía y eficiencia” y elevarlo al jefe de la Casa para su aprobación por el Rey, que tiene la última palabra.

La disposición abunda en lo obvio: el pago de los impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social y recuerda el organigrama de la Casa: por debajo del Rey y de Aza se sitúa la Secretaría General, de la que depende el Gabinete de Planificación y Coordinación, la Secretaría de la Reina, la Secretaría del Príncipe, el Servicio de Seguridad, las Relaciones con los medios de comunicación, el Protocolo y la Administración, Infraestructuras y Servicios. De este modo, cuando los diputados de ERC y de IU-ICV reclamen el control del gasto de la realeza, De la Vega les podrá contestar que en agosto ya realizó su trabajo. Luego, aunque el diputado Albendea (PP) nos venda que “tenemos la monarquía más barata de Europa”, la publicación de los gastos dependerá de la real voluntad de Juan Carlos de Borbón.