Estado policial

Algunas personas pusieron el grito en el cielo cuando Francisco Alvárez Cascos denunció ante la Justicia la existencia de algunos policías encargados de elabor falsos documentos para involucrar en la comisión de delitos a personas del PP que luego resultan absueltas. Recordó el asunto de Canarias donde el TSJ archivó la denuncia contra el y presidente Soria, después de años de acusaciones falsas; o el famoso “caso del lino” en Castilla-La Mancha en el que tras 6 años de acusaciones infundadas contra Loyola de Palacio que, casualmente comenzaron antes de las elecciones, la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados. Existen otras situaciones similares en la Comunidad Valenciana como los casos de Ribar-roja, o Játiva en los que tras sendas campañas de desprestigio los presuntos delincuentes fueron exculpados porque no existía delito.  También causaron escándalo las manifestaciones de María Dolores de  Cospedal en las que ésta acusaba al Ministerio del Interior de utilizar a la Policía contra su partido.

Pues bien, ahora, puede ser que la historia se repita en el caso Ripoll. El presidente de la diputación, del PP,  ha sufrido una nueva actuación policial, que no judicial, instigada desde el Ministerio del Interior, en la que se han conculcado los derechos de un ciudadano que ni estaba delinquiendo en ese momento ni pensaba huir del país, las dos causas que justificarían una acción policial de esas características en un Estado democrático. No prejuzgo si Ripoll es culpable o inocente, simplemente digo que en un Estado de Derecho las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden llevar a cabo un registro sin una orden judicial. No tiene sentido que para requisar documentos se monte tal despliegue sin que previamente haya habido requerimiento, algo común  y diario en cualquier institución. Claro que con la fórmula habitual hubieran perdido el impacto mediático que perseguían.

Todo hace pensar que se están utilizando los aparatos del Estado para menoscabar la reputación del partido que representa la alternativa real al PSOE y que, casualmente, sucede una semana antes del debate del Estado de la Nación más difícil para Zapatero. Ya nos gustaría a muchos ciudadanos que Interior se ocupara con la misma diligencia de otros asuntos que afectan a su partido en lugar de mirar para otro lado. Y lo mismo sucede con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado dependientes jerárquicamente del Gobierno, que inexplicablemente no actúan en Castilla-La Mancha o Sevilla; por poner sólo dos ejemplos.

Las explicaciones dadas por  Interior tras el revuelo causado aumentan, más si cabe, las dudas de la operación y de sus oscuros objetivos. En primer lugar defendió la legalidad de las detenciones, pero no pudo explicar la incapacidad de la Policía para “imputar”, una acción que sólo puede llevar a cabo la Justicia. Para salir del paso lo atribuyó a un error de redacción  Es decir por un verbo mal escrito, los españoles fueron informados de que Ripoll y el resto de los detenidos son unos presuntos delincuentes cuando en realidad debía decir que están siendo investigados. Error involuntario difícil de creer, porque son demasiados los que acumula este Ministerio; y siempre en la misma dirección.

La forma de actuar de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía no es imputable a ellos sino a los mandos políticos designados a dedo, transformadores de un Estado de Derecho en un estado policial que recuerda demasiado al argumento de La vida de los otros donde un funcionario de policial puede sustituir a un agente judicial al no existir  división de poderes. Y en el caso que nos ocupa, mientras 80 “polis” detenían al presidente de la Diputación de Alicante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió un comunicado en el que asegura que ningún juez ordenó los arrestos. En democracia no puede ser que los miembros de un partido tengan miedo a actuar políticamente por temor a ser detenidos, dado que el Gobierno ha hecho de este asunto una forma de actuar en política.