Los aviones de Zapatero

El pleno del Congreso celebra el  martes un “debate episódico” sobre “el uso y abuso”, según el PP, de los aviones del Grupo-45 del Ejército del Aire por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de los ministros y altos cargos. Los antecedentes son conocidos. El 26 de mayo de 2009, Zapatero se trasladó en un avión oficial a Sevilla para dar un mitin del PSOE en Dos Hermanas. Dos días después viajó a Asturias en el mismo medio para dar otro mitin. Las informaciones de un viaje de fin de semana a Londres con la familia no pasaron desapercibidas; en las primeras medidas de austeridad contra la crisis, el profesor Cristobal Montoro propuso reducir a “cuatro personas como máximo” las delegaciones oficiales en los viajes al extranjero. Zapatero  ironizó al respecto, pues el coste del flete no varía entre cuatro y veinte personas y, además, hacen falta escoltas.

Pero a raíz de la utilización de los aviones del Grupo-45 para ir a los mítines del partido, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó una proposición no de ley, que es la que ahora se debate, pidiendo al Gobierno que elabore y presente al Parlamento “un régimen jurídico completo sobre el uso de aviones militares para fines privados y partidistas”. Además reclama “un mecanismo de reembolso” del coste de los viajes cuando se acrediten razones de “interés objetivo” para utilizar estos medios de transporte.

La propuesta se asienta en uno de los documentos más consultados por los expertos del PP en infotácticas o tácticas de información e infopolución desde que estalló el caso Gürtel: el Código de Buen Gobierno que elaboró en 2005 el ex ministro Jordi Sevilla cuando estaba al frente de la Administración General del Estado. Un mandamiento decía: “No harás uso impropio de los bienes y servicios que la  Administración pone a tu disposición por razón del cargo”. Se comprende que a Sevilla no le profesaran mucho cariño.

La proposición del PP se asienta además en un informe del Tribunal de Cuentas que ordena al PSOE “reintegrar el gasto” al Ministerio de Defensa por los desplazamientos electorales de Zapatero. El celo del Tribunal que preside el ex ministro y ex senador del PP Manuel Núñez es encomiable. Revela lo mucho que se ha avanzado en la fiscalización electoral desde las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 hasta las europeas de junio de 2009. Si en las primeras el PP tiró la casa por la ventana sin conseguir que Mariano Rajoy entrara por la puerta de la Moncloa y rebasó en 15.866 euros el límite de gasto electoral –invirtió 17,8 millones de euros en su campaña frente a 15,8 del PSOE-- y el Tribunal no molestó al administrador del partido, Luis Barcenas, con petición de aclaraciones, ahora, en los gastos aéreos de Zapatero ha hilado más fino.

Los socialistas saben que el jefe del Gobierno es un hombre austero, mencionan de pasada algún viaje de Rajoy a Baleares en avión oficial para arengar a los suyos cuando era vicepresidente con José María Aznar --que gastó 45.000 millones de pesetas en dos flamantes Airbús--, y no tienen inconveniente en aceptar la proposición no de ley del PP y que el Gobierno regule incluso la posibilidad de que los presidentes autonómicos utilicen los aviones oficiales en casos especiales y previa petición y pago.

Les molesta, sin embargo, que la derecha les saque los colores con un asunto “episódico” cuando el debate serio es otro: la reforma laboral que después de tantas prórrogas en la mesa del diálogo social el Gobierno va a aprobar por decreto el mismo día y a la misma hora en que la roja juega su primer partido (en Durban contra Suiza) del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Si no fuera porque desde los tiempos de los romanos, cuando Julio Cesar implantó el juliano y su sobrino Octavio Augusto dio su título a un mes, sabemos que el que gobierna decide el calendario, esa coincidencia entre la criba de derechos sociales y la distracción futbolística también resultaría casual y tan altamente “episódica” como los aviones de Zapatero.