Lo que digan los periodistas (afines)

Llama la atención que cada vez que se reactiva el caso Gürtel, el PP saque inmediatamente a colación un caso que pretende semejante del PSOE con la intención, sin duda, de restarle importancia al efecto de la viga sobre el ojo propio. Esta vez ha ocurrido con la devolución al Tribunal Supremo de Justicia de Valencia de la investigación de los trajes (y lo que los trajes tapan) de Francisco Camps. De inmediato, los conservadores volvieron al ataque contra José Bono y enviaron a la Fiscalía una nueva solicitud de que se investigue el incremento de su fortuna, cifrada en 6 millones de euros.

Lo del PP es de Catón en la lógica política moderna. La novedad, en este caso, es que la argumentación jurídica se basa exclusivamente en lo que opinan los periodistas sobre las noticias que ellos mismos han publicado.

Obviamente, el hecho de que se haga caso de la opinión de los periodistas (aunque sean lo afines) es de loar. Lo raro es que un ilustre abogado fundamente su escrito ante la fiscalía en lo que dicen los periodistas, sin atreverse a justificar por sí mismo los motivos por los que reclama la investigación.

Es el caso del ilustre abogado del Colegio de Madrid, Guillermo Regalado Mores, que es quien lleva las actuaciones del PP contra Bono. El abogado, en la ampliación de las anteriores alegaciones de 29 de abril, 5 y 11 de mayo que el PP ha presentado ante la Fiscalía General señala que, en las últimas noticias aparecidas, han utilizado por primera vez “contundentes insinuaciones” como la palabra “ocultó”. Insinuaciones que “de manera clara y directa cuestionan la presunta irregularidad de las actuaciones del presidente del Congreso”.

En consecuencia, Regalado precisa que, “en dicha línea, se cuestiona ahora expresamente alguno de los periodistas (en lo que podría considerarse un mero reflejo social), si a las actuaciones del Excmo. Sr. Bono Martínez cabría incluso serle de aplicación la doctrina que sobre el cohecho pasivo impropio estableció o clarificó la semana pasada el Tribunal Supremo (STS de 17.5.2010) puesto que las dádivas han sido aparentemente reiteradas y aparentemente opacas, pero, eso sí, muchísimo más cuantiosas que las examinadas en aquél caso”. La STS de 15.5.2010 es, obviamente la de Camps, pero el abogado hila tan fino que no cita ni el caso ni su nombre.

Y ahí lo tenemos. Ya está montada la comparación utilizando opiniones periodísticas. Las de un bando, claro. Porque si hay comparaciones odiosas, una de ellas es ésta.

Vayas por delante que soy partidario de que se investigue todo patrimonio político y sus posibles irregularidades. Tan partidario que defiendo que todo alto cargo público, nada más ocupar el puesto, declare sus bienes y el de sus familiares más inmediatos (cuando menos padres, mujeres e hijos). Y que lo actualice cada año hasta la última declaración que conlleve el abandono del cargo.

Pero  dicho esto, es que en el caso de Camps quien le regala los trajes es Correa, el capo de la trama corrupta. Un hombre al que se acusa de haber hechos negocios presuntamente ilegales con algunos de los consejeros del Gobierno de Camps. Es que Correa está en la cárcel y su red se paseó por los entresijos del poder del PP en Madrid y Valencia como Pedro por su casa. Es que en el caso del presidente del Congreso no hay detrás presunta financiación del partido. Y es que, en fin, que yo sepa, Bono no ha mentido diciendo que ha pagado ninguno de los regalos con dinero suelto del negocio de su mujer.

De modo, que investíguense las informaciones periodísticas. Pero sin confundir las churras con las merinas. Que no son lo mismo las cosas feas de Bono, sobre las que nadie, salvo el PP, cuestiona su legalidad, y otra, muy distinta, que la presunta delincuencia cante tanto que ya ningún líder nacional del PP quiera acompañar a Camps en los mítines que da para arroparse en la bandera del partido. Otra cosa que, por cierto, tampoco ha hecho Bono.