Catalunya: ¿Cómo defienden los sindicatos las libertades democráticas?

Litus Alonso

Con motivo del inicio del juicio contra los líderes sociales y políticos independentistas, CCOO y UGT de Catalunya emitieron una declaración conjunta, en la que, entre otras cosas, afirmaban que “las acusaciones que plantea la Fiscalía se asocian a un uso de la violencia que no hemos visto ni se ha podido acreditar”, “la prisión preventiva contra los dirigentes políticos y líderes de las entitades no está justificada”, “reclamamos justicia imparcial, con todas las letras y todos los requisitos éticos”, “consideramos que actualmente, y por determinadas actuaciones judiciales contrarias a la libertad de expresión y organización, se ha puesto en cuestión la confianza pública en el sistema judicial”, “para encontrar soluciones políticas hay que dar una oportunidad al diálogo y la negociación” y “la pluralidad es uno de los pilares de CCOO y UGT, por éso ponemos en valor que nuestra afiliación participe en movilizaciones políticas de acuerdo con sus convicciones”.

Esta última afirmación, aplicada a la realidad concreta y no como simple enunciado genérico, es muy útil para entender el imposible equilibrio que las direcciones de ambos sindicatos pretenden mantener ante la tensa situación política en Catalunya y en el conjunto del Reino.

La realidad concreta es la siguiente: la declaración es del 6 de febrero. En esa fecha, ya estaba convocada una manifestación en Barcelona para el día 16 que, bajo el lema “La autodeterminación no es delito”, constituye una expresión de rechazo a un juicio innegablemente político. El 10 de febrero, en Madrid, el bloque reaccionario de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox realizaba una manifestación contra el “traidor y felón” Pedro Sánchez, rechazando cualquier diálogo con la gran mayoría social y política catalana, no sólo independentista, que reclama un referéndum de autodeterminación (por cierto, a esa manifestación asistieron 45.000 personas: un 5% de las que asistieron a la última Diada Nacional de Catalunya, el pasado 11 de septiembre). A continuación, Cs anuncia que se suma a la convocatoria, hecha por un conglomerado de grupos ultraderechistas, de una mani similar en Catalunya para el 17 de febrero (desconvocada por el anuncio de elecciones generales para el 28 de abril).

Sin que fuera su intención, porque no se conocía la prevista mani reaccionaria para el 17 de febrero, la lectura textual de la citada declaración de CCOO y UGT de Catalunya  parecería “poner en valor”, de forma equitativa, que su afiliación participe en una manifestación por la libertad de los presos políticos y la autodeterminación, la del 16 de febrero, o en una contra el diálogo y contra el “traidor y felón” Sánchez, la (des)convocada para el día siguiente. Es el resultado, no deseado por sus autores, del imposible equilibrismo. Porque los motivos y el lema de la mani del 16 no corresponden sólo a “convicciones políticas de afiliados”, sino a motivos y lema que los propios sindicatos, como organización, dicen defender.

Ésa es otra realidad concreta, que CCOO y UGT de Catalunya defienden el derecho de autodeterminación, un referéndum vinculante, consideran injusto el encarcelamiento y las acusaciones contra las y los presos y participaron (particularmente CCOO) en las movilizaciones del 20 de septiembre de 2017, tildadas de “rebelión” por la cúpula judicial (en entrañable camaradería con Vox, la acusación particular). Todo ello, por cierto, con notorias diferencias respecto a lo que plantean ambas confederaciones estatales, incapaces de escapar del marco mental impuesto por el conjunto del bloque monárquico.

El origen de ese equilibrismo es muy evidente: marcar distancias con el independentismo. Bien, nadie reclama que CCOO y UGT se posicionen a favor de la independencia. Lo que sí es de esperar es que los sindicatos sean consecuentes con su defensa de las libertades democráticas, del derecho de autodeterminación, con su constatación del recorte de la “libertad de expresión y organización”. Que sean consecuentes en las declaraciones y, sobre todo, en los hechos.

Porque el hecho es que en Catalunya están en marcha un conjunto de movilizaciones ante el juicio político. Por descontado, mucha de la gente que participa y participará en ellas defiende la independencia, pero no es ése su eje central, sino la defensa de las libertades y el rechazo al inventado relato de la violenta rebelión y sedición que ha construido la cúpula judicial, con la imprescindible complicidad de PP, Cs, Vox y buena parte del PSOE y, muy notoriamente, con el monocorde discurso de todos los grandes medios de comunicación, con una uniformidad digna de los mejores momentos de la prensa del Movimiento.

Y el hecho es que CCOO y UGT no convocan a ninguna de estas movilizaciones. Ante el juicio, han decidido realizar actividades con “perfil propio”. Pero, sin dar apoyo explícito a movilizaciones de claro carácter democrático y antirepresivo, cuesta mucho ver la diferencia entre tener “perfil propio” y “ponerse de perfil”. Datos: el 12 de febrero, día de inicio del juicio, CCOO y UGT se limitaron a convocar concentraciones ante sus sedes, no en los centros de trabajo (como se ha hecho en numerosas ocasiones, por ejemplo contra la guerra de Irak, aunque tampoco éste fuera un tema central del conflicto capital-trabajo), y no asistieron a las numerosas concentraciones de esa tarde (en las que incluso intervinieron dirigentes de Catalunya en Comú). La manifestación del 16 de febrero ha reunido a más de 200.000 personas, contando en su cabecera con representación tanto de las grandes entidades cívicas (Òmnium Cultural i ANC) como de todos los partidos autodeterministas (Catalunya en Comú, ERC, JxC y la CUP). Un acto masivo al que ni CCOO ni UGT han convocado, aunque haya asistido una parte de su dirección (en el caso de UGT, con su secretario general; en el de CCOO sin él, quizás para “rebajar el perfil” de la presencia del sindicato).

El hecho es que CCOO y UGT podrían, y deberían, acordar, entre sí y con otras muchas organizaciones sociales dispuestas a ello, un programa de movilizaciones contra la regresión de las libertades en el Reino de España (regresión que, de producirse una victoria del bloque reaccionario el 28 de abril, puede convertirse en asfixiante).

El hecho, muy fácil de entender, es que manifestarse por la libertad de los Jordis, por ejemplo, no implica asumir su opción por la independencia. Ni significa olvidar que una minoría de los encausados (los pertenecientes a la antigua Convergència) eran partidarios de encarcelar a quienes rodearon el Parlament durante el mivimiento del 15-M.

El hecho es que la preocupación porque una actitud consecuente en defensa de las libertades y derechos sea proyectada, por el bloque reaccionario y sus voceros, en una imagen distorsionada de apoyo a la independencia, se está convirtiendo en dejación del papel que corresponde al sindicalismo de clase y democrático.

Tanto en Catalunya como, mucho más, en el resto de España, hay sectores de la izquierda política y social que parecen haber olvidado principios elementales. Por ejemplo, que Lenin, al que nadie en su sano juicio acusaría de nacionalista, defendía el derecho de autodeterminación; no sólo de las lejanas colonias de los imperios europeos, sino especialmente de las naciones sometidas al nacionalismo ruso del zarismo. Por ejemplo, que el PSOE surgido del Congreso de Suresnes de 1974, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, defendía el derecho de autodeterminación de las naciones del Estado español (aunque, como recuerda un artículo de Gerardo Tecé “De ir en el programa pasó a no ir. De no ir pasaron a oponerse. Y de oponerse a no permitirse hablar de ello”).

Pero para participar en dichas movilizaciones ni siquiera es necesario defender la autodeterminación. Basta con entender que su defensa no es un delito (el lema de la manifestación en Barcelona). Basta con repudiar a una cúpula judicial que lo mismo mantiene en prisión preventiva a gente falsamente acusada de rebelión que deja en libertad a gente, La Manada, condenada por agresión sexual (aunque no por violación, que es lo que realmente ocurrió en Pamplona). Basta con repudiar la comparación que Irene Lozano, el nuevo fichaje del PSOE para defender la imagen de España con el artefacto “España Global”, hizo entre el referéndum del 1 de octubre y una violación (los violadores no eran los policías y guardias civiles que agredieron a la población, sino la ciudadanía que votaba “sin permiso”). Basta con ser demócrata.

Entre las movilizaciones planteadas en Catalunya hay una huelga general el 21 de febrero. La convocatoria, cuyos objetivos formales son la derogación de la reforma laboral, una salario mínimo de 1.200 euros y otros, la hace en solitario un sindicato minúsculo, Intersindical-CSC, aunque cuenta con el apoyo de partidos y asociaciones independentistas con mucho más peso. No es probable que el seguimiento de la huelga sea muy significativo entre la población asalariada, lo que la convertirá en una jornada general de movilizaciones diversas. Más allá de no haber consensuado con ningún otro sindicato los objetivos y formato de la huelga, lo que esta convocatoria pone de relieve, por contraste, es la ausencia de iniciativas propias de CCOO y UGT que han de trasladarse también al ámbito laboral. Porque la defensa de las libertades no es un asunto ajeno al conflicto capital-trabajo (como podría desprenderse de una entrevista a Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Catalunya), sino un elemento esencial para actuar en ese conflicto en las mejores condiciones para la clase trabajadora.

Ante esta situación, grupos tanto de CCOO como de UGT (singularmente a través de un comunicado de Sindicalistes de CCOO per la independència i la República catalana) han decidido apoyar el conjunto de movilizaciones planteadas, aunque sean conscientes de que, por lo que hace a la huelga general del 21 de febrero, no se haya recurrido a la búsqueda del máximo acuerdo posible, imprescindible para el éxito de una movilización de tal magnitud.

En todo caso, y cambiando de tema, que haya una movilización por la derogación de la reforma laboral será una novedad. Porque, tras las promesas incumplidas de Pedro Sánchez, no hubo el anunciado otoño caliente sindical, el invierno está siendo moderadamente frío, la primavera se prevé fresca y en verano hará calor, pero no por la contribución que aporte el movimiento sindical. Porque, como decíamos en otro artículo  de Sin Permiso, el dilema de los sindicatos está entre la movilización o la irrelevancia.

Atendiendo a los hechos, la decisión de facto es instalarse en la irrelevancia. Como mucho, “asambleas” de delegad@s sindicales, no para preparar movilizaciones, sino como sucedáneo de una movilización de verdad. El 8 de marzo constituirá una excepción, aunque es obvio que éste no es un movimiento con protagonismo sindical, por mucho que sea bienvenida, y necesaria, su participación. Quizás, que esta actitud también afecte a su falta de compromiso en otro tipo de movilizaciones sea un caso de triste coherencia.