De los algoritmos a los ‘clickworkers’: la economía de plataforma más allá de los ‘riders’

Ha costado varias sanciones en Inspección de Trabajo y sentencias de los tribunales españoles, pero parece que, por fin, habrá una Ley rider en España que ordene el sector y reconozca como trabajadores asalariados a los repartidores autónomos de algunas de las más famosas aplicaciones. A la espera de conocer los detalles y saber si los sindicatos darán el visto bueno al texto, fuentes sindicales recuerdan que estos repartidores son solo "la punta del iceberg" de todos los "falsos autónomos" de los que se nutre la economía de plataformas.

El pasado septiembre, el Tribunal Supremo dedujo que ni los riders entraban en la definición de autónomos ni Glovo es "una empresa intermediaria", sino que había entre ellos relación de laboralidad. La nueva legislación que prepara el Ministerio de Trabajo pretende clarificarlo, una intención que el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, valora como una buena noticia: "Es importante que se ancle a la legislación porque el Supremo puede cambiar de criterio, como ocurrió con el contrato de obra y servicio".

Isabel Chacón, investigadora de economía de plataforma y colaboradora de Riders X Derechos  y Taxi Project, cree que el Ministerio de Trabajo no debería "limitar la legislación a los riders", sino apostar por una "ley anti falsos autónomos", que blinde la "laboralidad". Rechazan, por tanto, que se cree una nueva figura digital que "flexibilice la relación laboral" de los repartidores y piden que, simplemente, se reconozca que son trabajadores y que se rijan por el Estatuto de los Trabajadores y por sus convenios sectoriales. De hecho, la frase "no hay inseguridad jurídica, solo empresas que se saltan la ley" es uno de los lemas de las acciones que prepara la alianza Unidos Word Action para el día 24 de febrero.

En la misma línea opina José Jurado, de CGT, que recuerda que los falsos autónomos hoy son ilegales y los afectados pueden denunciar: "La ley es clara en esto".

De arquitectos a 'clickworkers'

Cualquier ciudadano ha podido ver cómo su ciudad se poblaba de repartidores con mochilas amarillas o verdes. Sin embargo, hay otras profesiones donde también han proliferado los falsos autónomos, como arquitectos, traductores, diseñadores gráficos o periodistas, tal y como apunta el sindicalista de CCOO. También los llamados clickworkers, aquellos a los que les llega el "trabajo bajo demanda" a través de internet. Pueden ser desde servicios de traducción de textos, transcripciones u otras tareas de gestión de la información.

Desde CCOO sospechan que también podría haber conflicto en algunas apps de cuidados o de limpieza y recuerdan que en el sector de los seguros la Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones contra Mapfre, ASNOR o Adeslas.

Todos ellos forman un crisol de lo que se ha llamado la "uberización del trabajo".  Lo que tienen en común es algo nada novedoso: la "huida de la laboralidad", que en este caso Gutiérrez define como "el uso de la tecnología para huir de los derechos de los trabajadores". Aunque ahora medien aplicaciones, es una tensión histórica entre empresarios y trabajadores.

Gutiérrez apunta a  que una de las mayores dificultades que tienen a la hora de denunciar la existencia de falsos autónomos es, precisamente, su falta de visibilidad, ya que muchos trabajan, por ejemplo, desde sus casas. "Faltan datos y estadísticas sobre este tipo de trabajos que se desarrollan en el ámbito tecnológico", explica. Por eso cree que reforzar la Inspección de Trabajo es fundamental. No solo hace falta una buena legislación, sino también herramientas para llegar a las bolsas de fraude.

Los algoritmos, en el punto de mira

La economía de plataformas sí ha traído aspectos nuevos en el reparto de las tareas. Gutiérrez resalta la importancia de que los representantes de los trabajadores tengan acceso a las fórmulas de los algoritmos, ya que organizan el trabajo, e incluso, que se pongan sobre la mesa del diálogo social, algo que podría contemplar ya la nueva legislación rider.

Chacón coincide: "Los algoritmos deben ser inteligibles, controlables, transparentes y objeto de convenio colectivo. Tiene que haber control público y sindical, aunque también haya una parte de innovación privada". Aplicando la ingeniería inversa, apuesta por la transparencia en todo lo que tiene que ver con el trabajo para que los sindicatos sepan, por ejemplo, cómo el algoritmo penaliza a un trabajador cuando no puede hacer su jornada.