Los pensionistas desconfían del Pacto de Toledo: “Va en contra de las pensiones públicas”

Distintos grupos de pensionistas creen que el acuerdo alcanzado por la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso no solo no resolverá los problemas del sistema de pensiones, sino que además, creen que le pone la alfombra roja a la entrada de modelos como la famosa 'mochila austriaca', la 'vasca' o la 'británica'. "Estamos en contra del Pacto de Toledo. Significa ir en contra de las pensiones públicas", afirma Conchita Ribera, una de las portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones desde su último congreso.

Desde distintos frentes, los pensionistas están analizando el acuerdo que alumbró el pacto de Toledo a finales de octubre. El grupo Unidad COESPE tiene su propio documento de análisis, firmado por los pensionistas Domiciano Sandoval, y Manuel Colinas, que además organizan charlas estos días. Su análisis también queda muy lejos del triunfalismo de los partidos políticos. De la Comisión del Congreso tampoco esperan ya nada: "Ni se creó con el objetivo de salvaguardar el Sistema Público de Pensiones, ni trabaja para ello, más bien se ha convertido una firme aliada de todos esos intereses económicos que compiten por privatizar ese sistema público". En cualquier caso, ahora esas recomendaciones tienen que pasar al Pleno del Congreso y después dependerá de la acción de Gobierno.

La mochila vasca

En el documento del acuerdo del Pacto de Toledo hay hasta 20 recomendaciones, pero la que más preocupa a los pensionistas de Unidad COESPE es la número 16. Los diputados, amparándose en el artículo 41 de la Constitución, recuerdan que la Carta Magna "ampara el desarrollo de sistemas complementarios de carácter voluntario", aunque sin ser sustitutivos de las pensiones públicas. De hecho, en el punto 0 se rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización.

A pesar de que considera que hasta el momento, estas fórmulas han tenido un recorrido "insuficiente" e " insatisfactorio", la Comisión "reafirma su apuesta" por la "implantación efectiva". Además, detalla que las entidades que lo gestionen deben ser "prioritariamente" sin ánimo de lucro y deben contener fórmulas específicas de apoyo a los salarios "más bajos o a las carreras profesionales más vulnerables".

Tampoco hay datos demasiado específicos, pero los pensionistas consultados interpretan este punto como un intento de introducir a nivel estatal un modelo parecido al vasco de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) o al británico (el NEST) con planes de empresa, donde el trabajador va 'ahorrando' para su pensión.

Pero estos pensionistas, en su documento, señalan muchos peligros, entre los que están el hecho de que la existencia de este complemento suponga a medio o largo plazo una merma de las pensiones públicas o que se creen "dos o más clases diferenciadas de trabajadores: los que tienen empleo fijo y bien remunerado que tendrán una buena pensión pública y un buen complemento de la empresa y los que "tengan solo una pensión pública asistencial", una diferencia importante en su calidad de vida.

Conchita Ribera recuerda, además, que el sistema vasco está generando algunos problemas no resueltos, como en el caso de los 1.500 pensionistas vascos que llevarán su sistema a los tribunales, tal y como informó el 2 de noviembre el diario La Información. "Son un desastre", concluye sobre esta experiencia.

El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha dicho que es partidario de un "fondo de pensiones de empleo de carácter abierto", que se desarrollará en "el marco de la negociación colectiva". Aún así, el Ejecutivo ha dado pocos datos para analizar cuál será el modelo concreto.

Ribera reconoce que las presiones son muchas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, incluso ha llegado a plantear que se usen los fondos europeos para financiar la transición hacia la mochila austriaca, tal y como publica El Español. Es un debate que vuelve periódicamente a la política, desde que Zapatero la estudiara en 2010, sin llegar a plantearla por ser su implantación demasiado cara. También sobrevoló la legislatura anterior, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez era monocolor.

Un acuerdo insuficiente

La veterana pensionista pide que se haga una "auditoría" pública sobre el sistema de pensiones, ya que cree que "en la Seguridad Social hay dinero" y quieren ver exactamente cómo se distribuye para acabar con el mantra de que el sistema público está en peligro: "Lo que está en crisis son los planes de pensiones privados", argumenta.

Sí ha habido algunos avances en el documento del Pacto de Toledo, pero no han sido un regalo, sino fruto de las movilizaciones de los últimos años, como la subida con el IPC. "Nos lo hemos ganado a pulso, que no nos vengan con que es un logro del Pacto de Toledo. Ya habían dicho que iban a derogar la subida del 0,25 de Rajoy y que el factor de sostenibilidad pasaba al 2023 gracias a los pensionistas", sostiene.

A pesar de que la Comisión del Pacto de Toledo defiende "el mantenimiento del poder adquisitivo
de los pensionistas" a través de la revalorización anual del IPC y "su garantía por Ley", no es suficiente para los consultados que creen que tiene que haber un mayor compromiso con ese blindaje, incluso por legislación o introduciéndolo en la Constitución. Desde Unidad COESPE creen que "la revalorización de nuestras pensiones, sigue quedando al libre albedrío del partido gobernante y de las mayorías del Congreso".