De coger la AP-6 a renovarse el DNI: cuando un servicio rutinario se convierte en un caos

Años de recortes en las plantillas, de poca inversión en mantenimiento y derivaciones a empresas privadas dan como resultado unos servicios públicos que funcionan mal "con excesiva frecuencia". Así lo ha advertido el Defensor del Pueblo, que alerta de que en los últimos meses se está detectando "un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias”. Lo ha hecho en un comunicado lanzado tras el caos provocado en la AP-6 por la nevada del pasado fin de semana. Pero hay otros ejemplos que han acumulado las quejas dirigidas a este organismo en los últimos meses: la obtención del permiso de conducir, la expedición del DNI y pasaporte y los servicios de seguridad en aeropuertos. 

Diez años de crisis han hecho que se supriman recursos y puestos de trabajo, pero también inversión en mantenimiento, lo que provoca que a la larga queden estructuras deficitarias a las que solo se le pone parches, tal y como describen fuentes sindicales. Es lo que ha ocurrido con la red de Cercanías. Ocho municipios tuvieron que crear la asociación 'Recuperar Cercanías C2' para pedir más inversión y acabar con las incidencias. Los hospitales madrileños también piden soluciones ante la falta de mantenimiento de los edificios y las saturaciones de algunos servicios. Incluso, los trabajadores de emergencias del teléfono 112 en Madrid han comenzado una huelga este miércoles por sobrecarga de trabajo, falta de personal u "ocultación de accidentes de trabajo".

"Otro de los fenómenos que ha traído la crisis es la privatización de los servicios públicos, que son un derecho constitucional. Han hecho de ellos un nuevo nicho de negocio. Pero el objetivo del empresario es ganar dinero y lo hace a base de recortes de derechos o sueldos", explica la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, María Jesús Díaz García.

La seguridad privada y el paradigma de la mala gestión privada

“Lo de las autopistas no es nuevo. Cíclicamente las rescatamos, las pagamos entre todos y las volvemos a privatizar”, ironiza Raúl Olmos, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras. La AP-6 es el ejemplo de cómo, cuando hay problemas, una administración pública intenta echar balones fuera y cargar las culpas en la concesionaria. El sindicalista es tajante sobre la poca labor de vigilancia que a veces hacen las administraciones, desde el propio Estado hasta las Comunidades Autónomas: "Se quitan de en medio los problemas diciendo que ellos han contratado el servicio, cosa que es falsa porque el servicio en sí sigue siendo de titularidad pública, otra cosa es que la gestión sea privada". Se le ocurren un buen puñado de ejemplos donde la privatización no ha sido sinónimo de mejor gestión: desde la concesión de algunos servicios en residencias de mayores hasta la seguridad privada de los aeropuertos, que fructificó en una huelga de trabajadores de Eulen el pasado verano, que se resolvió con un laudo.

Quien haya pasado en los últimos meses por la estación de metro de Sol en Madrid se habrá cruzado con algunos de sus vigilantes  portando carteles de protesta. Se quejaban de que han estado semanas sin cobrar su sueldo. Metro de Madrid contrató con Seguridad Integral Canaria, una de las empresas que rompió el mercado aprovechando las reformas laborales, este servicio que ahora le trae quebraderos de cabeza. Incluso, ha sopesado retener el aval dado por la empresa para poder satisfacer estas nóminas, tal y como cuenta Europa Press.

“La mayor consumidora de seguridad privada es la administración pública. En torno al 70% vienen de ahí”, calcula Alberto García, de Alternativa Sindical. En los últimos años, incluso se han contratado a vigilantes privados para áreas de especial sensibilidad como el perímetro de las cárceles. El portavoz describe un panorama donde el principal criterio de adjudicación ha sido la oferta económica, lo abrió la puerta a la seguridad ‘low cost’, que luego ha provocado trastornos como las concentraciones de los vigilantes del Metro de Madrid.

Según asegura García, los bajos precios de las contrataciones públicas acaban cargándose sobre los hombros de los trabajadores: “Si por convenio se cobraba unos 1100 euros en este tipo de contratos se podía bajar hasta los 700 euros mensuales”, asegura el portavoz. La Ley de Contratos del Sector Público, que pasó su último trámite el pasado octubre en el Congreso, pone coto a estas rebajas que provocan que se bajen los salarios y, además, que el servicio contratado no se preste correctamente.

Renovarse el pasaporte en verano, otra aventura

El Defensor del Pueblo ha recibido cientos de quejas de la prestación de algunos servicios. A veces son por la mala gestión de alguna concesionaria, pero otras tienen su origen en la gestión pública directa y en una plantilla de funcionarios menguada y con recursos insuficientes. Tras los recortes en áreas claves como la Educación o la Sanidad, los ciudadanos ya se han acostumbrado a esperar horas en los servicios de urgencias de los hospitales o varias semanas para obtener con una cita con el especialista, pero también se producen trastornos en otras prestaciones más rutinarias y cotidianas, como acudir a renovarse el pasaporte o el DNI antes de irse de vacaciones

Tras recibir varios avisos, el pasado agosto, el Defensor del Pueblo recomendó a la Policía que reforzase las oficinas de expedición de estos documentos. Detectó que la saturación y la falta de citas  había obligado a muchos "ciudadanos que necesitan renovar su documentación personal con urgencia a pernoctar a las puertas de estos centros para conseguir alguno de los escasos números que se entregan personalmente a los que no disponen de cita previa".

Otro de los asuntos que ha llenado el buzón de esta institución ha sido los problemas para sacarse el carnet de conducir. Y no por la dificultad de las pruebas. Los examinadores de la DGT iniciaron una huelga que duró casi seis meses y cuyas consecuencias provocaron 1.700 quejas. Se cancelaron unos 219.000 exámenes prácticos de conducir, según el organismo  Ahora el organismo asegura que está volviendo a la normalidad e incorporando nuevos trabajadores de una convocatoria que hizo el Ministerio de Defensa.

Recuperar lo perdido

Con la supuesta recuperación económica, los sindicatos han trabajado para que se devuelva lo perdido durante estos 10 años, una tarea ardua. Años de desinversión y despidos son difíciles de revertir a corto plazo: "Se han perdido hasta 400.000 puestos de trabajo en el sector público", contabiliza Díaz. Además, la sindicalista advierte de que es mucho más fácil privatizar que remunicipalizar: "Ahora las ciudades que quieran remunicipalizar sus servicios tienen que demostrar que la gestión pública es más rentable".

CCOO ya habían advertido en junio de que había que reforzar las plantillas de ciertos organismos para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos. En junio, aseguró que la actividad de la Agencia Tributaria estaba “en riesgo” tras prescindir de 4.000 empleados en los últimos años. 

Este deterioro afecta también al cuerpo de la Administración General del Estado. Aunque en los últimos meses se ha frenado la tendencia de destrucción de empleo público, CCOO y UGT creen que aún es motivo de reivindicación, por lo que el pasado noviembre salieron a la calle. Según sus cifras, desde 2010 se ha perdido un 14%, pasando de 231.157 a 198.594 empleados en este área. Además, alegan que la mitad de los trabajadores tienen más de 50 años, solo 1.200 son menores de 30 y la previsión de jubilaciones en los próximos 5 años supera los 25.000 efectivos. Aún así, esperan que este año sea un punto de inflexión gracias a la Oferta de Empleo Público que han negociado con el Gobierno. 

La preocupación por los trabajadores españoles se extiende también fuera de nuestras fronteras. Embajadas, consulados o centros culturales tuvieron paros el pasado 16 de octubre, cuando los sindicatos llamaron a la huelga a los 7.000 empleados públicos laborales de la Administración General del Estado en el Exterior. Se quejaban de que llevaban nueve años de congelación salarial mientras la inflación mundial subió una media de 25%.