El Parlamento Europeo denuncia que 700.000 españoles han sido víctimas de fraude con las preferentes
BRUSELAS.– La Eurocámara denuncia ante la Comisión Europea que en España más de 700.000 personas han sido víctimas de fraude financiero por la venta masiva de preferentes, una práctica que reconoce el propio órgano ejecutivo de la Unión, atenta contra la legislación comunitaria.
El texto aprobado por el Parlamento Europeo con 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones, denuncia que la banca española actúa “de forma desleal”. Además, subraya las numerosas cláusulas abusivas de los contratos, la falta de información a los consumidores y la total desatención al código de buenas prácticas por parte de los bancos.
La motivación del texto radica en las numerosas denuncias presentadas por ciudadanos españoles que han denunciado la violación de derechos fundamentales así como de la legislación vigente en materia de protección del consumidor. En definitiva, la mala praxis de los bancos.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recogido estas demandas y ha lanzado una pregunta oral a la Comisión Europea. Cecilia Wikström, eurodiputada sueca y presidenta de la comisión parlamentaria, destacó en su intervención ante la Eurocámara que los cientos de miles de españoles que han sido víctimas de fraude financiero, muchos de ellos personas de avanzada edad, no fueron correctamente informados al venderles sus cajas de ahorros instrumentos financieros de riesgo. “La información es fundamental para que los ciudadanos puedan tomar decisiones económicas”, explica Wikström e insiste también en que los bancos no comprobaron que los clientes tuvieran los conocimientos suficientes para entender los riesgos que asumían. Al Parlamento le preocupan especialmente los pequeños ahorradores ya que, “como consecuencia de esto, algunos ciudadanos han perdido sus hogares e incluso sus ahorros de toda la vida”, explica la parlamentaria sueca. En el caso de las preferentes, recalca, se ha actuado fuera de la normativa comunitaria.
Además de la estafa financiera, la Eurocámara subraya la mala praxis en el sector hipotecario español y considera intolerable que más de 400.000 personas hayan sido desahuciadas en los últimos años. “Hay muchas prácticas y cláusulas abusivas en el sector hipotecario español”, declara Wikström. Cláusulas que han sido detectadas por los tribunales nacionales y también por el europeo. Es por eso que en el texto adoptado, el Parlamento pide a la Comisión que vigile de cerca la aplicación de la nueva regulación aprobada por el gobierno para que esta situación no vuelva a producirse.
La Comisión, satisfecha con la acción del gobierno
La comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad, Věra Jourová, reconoce que en su momento la legislación española no garantizaba los derechos de los consumidores. Sin embargo, desde entonces, explica Jourová, el derecho español se ha modificado en dos ocasiones brindando al consumidor la posibilidad de oponerse a estas cláusulas abusivas. “Me parecen muy bien los cambios que se han hecho”, apunta la comisaria que asume sin embargo que habrá que vigilar su aplicación y su adecuación a la norma comunitaria. La Comisión está en contacto con las autoridades españolas precisamente para evaluar la implementación de la legislación y tomará medidas de no ser ésta adecuada. Es precisamente con el objetivo de promover esta vigilancia que el Parlamento Europeo ha aprobado la resolución.
En el contexto de la reestructuración bancaria, explica la comisaria Jourová, se pidió a los bancos que pusieran en marcha mecanismos de arbitraje para corregir la venta de acciones preferentes a clientes minoristas en 2012. Según las autoridades españolas, desde entonces, estos mecanismos han emitido más de 298.000 resoluciones a favor de los peticionarios. Además, subraya la comisaria, gran parte de los problemas generados se han corregido acudiendo al Fondo Español de Garantía de Depósitos. Jourová ha destacado además la nueva legislación que obliga a los emisores de este tipo de productos a informar a los consumidores de los riesgos que estos implican. “España ha aumentado mucho el umbral de inversión en productos financieros complejos, con lo cual, prohíbe que los clientes particulares puedan adquirirlos”, insiste la Comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad que reconoce sin embargo que es pronto para evaluar las nuevas medidas adoptadas por el gobierno español para hacer frente a esta compleja situación.
Intenso debate entre los eurodiputados españoles
La discusión previa al voto de la resolución sobre las prácticas de la banca en el seno del Parlamento Europeo estuvo en gran parte monopolizada por las intervenciones de los eurodiputados españoles de los distintos grupos.
Rosa Estaràs, eurodiputada del PP, aprovechó su intervención para señalar al Partido Socialista como responsable de la estafa de las preferentes por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger al consumidor en su momento. Estaràs ha destacado además que ha sido durante los gobiernos del Partido Popular cuando se ha modificado la legislación existen para prevenir “que se vuelvan a comercializar estos productos masivamente entre los pequeños inversores”. Por su parte, el también eurodiputado del PP Gabriel Mato acusó a la izquierda de estar haciendo “un uso electoralista” del drama de las preferentes.
“La crisis nos ha dado muchas lecciones y una es la protección desigual que tienen los pequeños usuarios de la banca en la Unión Europea”, destacó por su parte Soledad Cabezón (PSOE). Cabezón, en un acto de autocrítica, reconoció que los socialistas no fueron capaces de dar respuesta a esta situación desde el gobierno. Aun así, la eurodiputada atacó duramente las variaciones de la ley promovidas por el PP y acusó al gobierno de hacer modificaciones “parciales y con una clara voluntad de que parezca que algo cambia para que en realidad no cambie nada” al tratase en su mayoría de códigos de conducta voluntarios para la banca.
Ángela Vallina (IU) denunció durante su intervención que son los mismos ciudadanos estafados y desahuciados por los bancos los que “pagaban a la banca su rescate con los recortes y la austeridad, con sus salarios, con la sanidad y la educación”. Vallina aprovechó para pedir una legislación europea contra los fraudes financieros. Su compañera y portavoz de Izquierda Unida, Marina Albiol, atacó duramente a los dirigentes de las entidades bancarias a los que acusó de no tener escrúpulos. Albiol culpó a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy de ser “cómplices de los desahuciadores y los estafadores” aun cuando “se supone que deberían estar al servicio de la mayoría”. Para la eurodiputada castellonense, “han actuado como siervos del poder económico”.
El Parlamento dejó clara su preocupación ante la falta de seguridad jurídica en este ámbito; instó a la Comisión a vigilar de cerca la aplicación de la legislación comunitaria particularmente en el caso español y destacó la necesidad de denunciar las prácticas abusivas de la banca no solo en España sino en toda Europa.
