Seguimos sin saber lo que quiere Podemos en política fiscal

El martes se entregó a la opinión el programa marco de Podemos para las elecciones autonómicas. Aquí sólo voy a referirme a las iniciativas fiscales de la formación de Pablo Iglesias, pero lo voy a hacer con la advertencia de que dicho capítulo no puede analizarse de manera aislada y sin vinculación con las premisas ideológicas que dan una identidad reconocible a toda organización política. En relación con la financiación autonómica, lo primero que debe estar suficientemente claro es el enfoque sobre el reparto territorial del poder que tienen, o deberían tener, los partidos que solicitan el voto de los electores. Y es precisamente esta cuestión primordial la que, a mi juicio, no aparece resuelta con nitidez en el programa marco de Podemos.

La situación actual

En síntesis, la potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado. De dicho esquema se apartan las Haciendas forales del País Vasco y Navarra, dos Comunidades que pueden hablar de tú a tú al Estado por el reconocimiento constitucional de sus supuestos derechos históricos. Esta situación, perpetuada a lo largo de los años, ha consolidado un trato discriminatorio lesivo a los derechos de los demás ciudadanos. Y no sólo eso. La quiebra inicial de los principios de igualdad y solidaridad ha estimulado rivalidades indeseables y agravios comparativos. Ahí está el caso de Cataluña.

El resto de Comunidades, sujetas al régimen común, dependen, como se ha dicho, de la regulación del Estado, que en cualquier momento puede recuperar los tributos cedidos. Ahora bien, como la dinámica del sistema político español (al menos hasta la reforma de la Constitución de 2011) ha discurrido por una pendiente centrífuga, la financiación autonómica tiene dos notas características: la irresponsabilidad del gasto regional que propicia el sistema de transferencias desde la Hacienda Central, y la competencia desleal entre unos territorios que luchan, unos contra otros, para atraer recursos a sus cajas respectivas. ¿El resultado? Obviamente, la pérdida del sentimiento de unidad, las contiendas cainitas, las pillerías tributarias y el aumento de las deficiencias en el sistema fiscal en su conjunto. Todos los perjuicios citados, evidentes desde hace tiempo, llegaron a su cota máxima cuando irrumpió la recesión. En ese momento el sistema tributario (y no sólo él) se agotó y un país que aparentemente prometía empezó a desafinar como sólo saben hacerlo las hordas semisalvajes.

La apuesta de Podemos

Las iniciativas de la formación se reducen, como es lógico tratándose de financiación autonómica, a los tributos cedidos por el Estado y se perfilan en las páginas 16 y 28 de su programa marco. Dejando por el momento al margen la propuesta de Podemos sobre el tramo autonómico del IRPF, personalmente estoy de acuerdo con sus líneas maestras (que deben concretarse más) en relación con la reforma de los tributos patrimoniales (impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones). Esas líneas pasan por recuperar, de forma efectiva, los gravámenes mencionados en todo el territorio nacional. Además (aunque sólo se dan pistas visibles en el Impuesto sobre el Patrimonio, y no en los otros), esa tributación efectiva dejaría a salvo la riqueza (media o baja) de la mayoría de la población. No sé nada de cielos, pero aquí Podemos no asalta la razón.

Acierta también Podemos cuando denuncia la “actual competencia fiscal desleal” entre las Comunidades. Para evitar situaciones de dumping, la organización predica “la mayor uniformidad posible…dentro del propio Estado”.

Los dos vectores mencionados no pueden chirriar a ningún ciudadano inclinado al progreso social. Ambas ideas-fuerza deben ser bien recibidas por los defensores de los principios de justicia e igualdad, actualmente dañados a favor de los patrimonios más altos y/o por la simple residencia del contribuyente en una Comunidad u otra. Sin embargo, no sé cómo alcanzarían efectividad mientras Podemos no despeje una duda, la incógnita ya señalada: ¿cuál es la visión ideológica de Podemos sobre el reparto territorial del poder político?, ¿cuántos, con la descripción suficiente de su contenido, serían los niveles competenciales y cuál sería la distribución de recursos entre el centro y la periferia?, ¿sería necesaria una reforma constitucional?

Omisión y contradicción

Podemos se contenta con exigir “la mayor uniformidad posible” (ya citada) pero “respetando siempre” las competencias autonómicas, incluidas las de los sistemas forales del País Vasco y Navarra, Si lo que se pretende es restaurar (o mejor, crear) una verdadera equidad fiscal y una auténtica solidaridad interregional, los postulados instrumentales de Podemos significan la cuadratura del círculo. No se puede avanzar hacia la igualdad tributaria conservando la inercia institucional vigente. Hay que romper la dispersión orgánica actual hacia uno u otro lado (yo me inclino por una versión más jacobina que la que hoy tenemos), sin ninguna evasión argumental o ambigüedad táctica. La omisión de Podemos resulta contradictoria con sus objetivos explícitos, y dicha contradicción no se salva con fórmulas blandas, como proponer una “actuación coordinada” entre las diversas Administraciones tributarias o dar participación a las Comunidades Autónomas en las decisiones de la Agencia Tributaria. Si todo se queda en dichas fórmulas, el rescate ciudadano de Podemos será un brindis al sol.

Podemos también incurre en una abstracción al denunciar, sin más explicaciones, las dañinas políticas de dumping fiscal entre Comunidades. En este problema conviene mojarse un poco, ya que esas políticas sólo benefician a los territorios más ricos (y, por tanto, a sus residentes en contra de los demás), dada su mayor capacidad de oferta económica: infraestructuras físicas, vertebración del territorio y salida de sus productos gracias a la red de transportes, capital humano…Para finalizar, hace bien Podemos en exigir una mayor transparencia a la hora de recaudar y gastar, porque de esa forma los ciudadanos percibirían con nitidez la responsabilidad política de la Administración General del Estado y de las instancias autonómicas. Pero tampoco esa finalidad se materializará con parches del tipo “actuación coordinada” entre hermanos del alma y amigos de toda la vida.