CCOO y UGT plantearán a Rajoy una cobertura de 420 euros para 500.000 parados sin subsidio

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han sido citados este jueves a las 12.30 horas, junto a los representantes de la patronal, a una reunión en el Palacio de la Moncloa, convocada a iniciativa del presidente Mariano Rajoy, para hablar de cuánto costaría y a quién afectaría la puesta en marcha de "mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social". Esta es la frase textual del Acuerdo para el crecimiento y el empleo firmado -con foto, ver arriba- por Gobierno y agentes sociales el pasado 29 de julio.

Entonces, el Ejecutivo se comprometió a presentar una propuesta en octubre, pero se ha hecho esperar. El hecho de que haya sido Rajoy el que ha levantado el teléfono y engrasado el dispositivo mediático para dar lustre a la cita de este jueves hace sospechar a los sindicatos que "algo hay".

¿Y qué podría poner Rajoy sobre la mesa? A estas horas de la noche del miércoles los portavoces sindicales consultados por cuartopodoer.es no lo tienen muy claro porque, de hecho, y aunque se han venido manteniendo encuentros entre las partes para abordar este asunto, las diferencias entre unos y otros, a día de hoy, "siguen siendo importantes".

Esas diferencias apuntan a tres cuestiones fundamentales. La primera es que, según la propuesta del Gobierno, solo podrían acceder a estas medidas las personas que lleven un año en el paro. Los sindicatos han contestado durante las negociaciones que es muy difícil "aguantar un año sin nada".

La segunda hace referencia a la cuantía de la cobertura. La propuesta del Gobierno es de unos 400 euros para los parados sin cargas familiares y de 450 para los que sí las tuvieran, mientras que los sindicatos han planteado la cifra de 420 para los primeros y 480 para los segundos.

Las negociaciones, por último, tampoco han avanzado en la forma de enganchar esta medida con los programas que ya se aplican en distintas comunidades autónomas respecto a las rentas mínimas o básicas de inserción ligadas a los programas de empleo y formación.

Según las fuentes sindicales consultadas, la propuesta inicial del Ejecutivo podría afectar a 300.000 parados, pero si el requisito de los doce meses en el paro se corrige a la baja se podría llegar al medio millón. La dotación presupuestaria de la medida, siempre según las citadas fuentes, rondaría los 800 millones de euros.

Lo cierto es que un acuerdo de estas características podría satisfacer a casi todos. Primero, por su supuesto, a los que resulten incluídos por una medida que, en muchos casos, marca la diferencia entre comer o no comer, entre vivir bajo techo o hacerlo al raso. En segundo lugar, al Gobierno, acosado por la corrupción y por un paro insostenible en el marco de una recuperación económica que ni está ni se le espera y que naufraga a la deriva en cada encuesta de intención de voto. Y en tercer lugar, a los sindicatos, que, desde hace meses, solo reciben el foco mediático cuando se ven envueltos en casos como el de los ERE o el de las "tarjetas negras de Caja Madrid". Los que no resultarán beneficiados serán los que sigan quedando fuera, y según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo ayer martes, estamos hablando de muchos cientos de miles de personas.