Alberto Ruiz-Gallardón, en su truculenta etapa como ministro de Justicia, no sólo amagó, sino que dio. Amagó con la reforma de la ley del aborto, que ha terminado por arrancarle la cabeza -política-, pero dio en otros graves y delicados asuntos relativos a las libertades de expresión, de huelga, de manifestación... Las instrucciones de su ministerio a la Fiscalía para apretar las conciencias y los monederos de los que se echan a la calle a protestar o a parar el tráfico durante una huelga general han llevado a miles de manifestantes, de piquetes, de ciudadanos, ante los tribunales de Justicia. No está mal como legado.
"Son varios miles las personas que están siendo identificadas, reprimidas, represaliadas, castigadas, procesadas, encausadas, multadas, vejadas, encarceladas, extorsionadas, maltratadas... desde que comenzó la respuesta sindical y social a la crisis. Son varios miles de personas las que se encuentran en esta situación desde que se convocó la huelga general del 29 de septiembre de 2010 hasta las recientes Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo de 2014".
Con estos y otros argumentos justifica CGT la convocatoria de una campaña en defensa de las libertades y derechos de las personas, que arranca el próximo martes 30 de septiembre con la convocatoria de concentraciones frente a las sedes de las delegaciones del Gobierno en distintas capitales del país.
"En 2014", denuncia el manifiesto de la convocatoria, "las peticiones de penas que pide la fiscalía suponen más de ciento cuarenta años de cárcel en los más de cuarenta procesos penales abiertos contra manifestantes y huelguistas, sin comprobar su implicación y culpabilidad".
Desde la CGT citan casos como el de Carmen y Carlos de Granada, condenados a tres años y un día y a entrar de forma inminente en la cárcel por participar en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29 de Marzo de 2012, con la acusación de atentar contra los derechos de las y los trabajadores, o el de Miguel e Isma, que han permanecido varios meses en prisión preventiva tras su participación en las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de Marzo de 2014.
El sindicato anarquista relata también la petición de 8 años de prisión, por hacer huelga el 29M de 2012, para Roger y Mercader, dos vecinos, activistas, participantes en el piquete informativo del comité de huelga de la asamblea de Sant Andreu, imputados y acusados de impedir el derecho al trabajo y por resistencia a la autoridad. O el de un militante de CGT-Cataluña acusado de vulnerar el derecho al trabajo y de atentado contra la autoridad que tuvo una petición de cárcel de 3 años y 6 meses a 4 años y 6 meses con las respectivas multas de más de 3000 €.
En total, y solo entre sus afiliados, la CGT ha certificado hasta 49 denuncias (tanto por acciones sindicales como por protestas sociales) desde 2010.
La campaña de CGT se suma a la emprendida por CCOO y UGT el pasado mes de julio con el eslogan "No nos van a callar" para denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga (#derechoAhuelga), que se suscitó, entre otras cosas, a raiz de la petición de la Fiscalía de 66 años de prisión para ocho sindicalistas de CASA por un piquete a las puertas de la empresa durante la huelga general de 2010.
El informe de CCOO y UGT se realizó a partir del examen de datos de 81 expedientes abiertos por los servicios jurídicos de ambas centrales y que afectan, de forma directa, al menos a 260 sindicalistas, objeto de procedimientos sancionadores penales o administrativos. "En algunos casos", se precisaba, "no se detalla el número de afectados, por lo que su cifra puede ser mayor".
Al ministro Gallardón seguramente se le recordará como el padre frustrado de una ley del aborto pensada para restringir los derechos de las mujeres, pero durante su mandato le ha dado tiempo, tal y como hemos visto, de arremeter, además, contra otras cosas. Como diría un juez a un manifestante detenido durante una protesta o a un piquete identificado y denunciado en el transcurso de una hulega: hasta la vista.